La Marea Verde se manifiesta en Murcia y Cartagena contra la entrada de Vox en la Consejería de Educación y Cultura

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La Marea Verde se manifiesta contra la entrada de Vox en la Consejería de Educación y Cultura

La Marea Verde de la Región ha reunido a más de medio millar de personas el jueves a las 18h en la puerta del Palacio de San Esteban en Murcia y alrededor de un centenar en la Asamblea Regional en Cartagena para denunciar la oferta del Gobierno regional de convertirse en la próxima titular de Educación y Cultura a la diputada expulsada de Vox Mabel Campuzano tras fracasar hace una semana la moción de censura de PSOE y Ciudadanos.

El ‘no’ a la moción de censura de los diputados ‘díscolos’ de Vox junto con el de los tres tránsfugas de Ciudadanos fue determinante para que la moción contra el Gobierno regional no saliera adelante, a diferencia de lo ocurrido el jueves a mediodía en el Ayuntamiento de Murcia, donde sí ha prosperado una segunda moción de censura planteada por PSOE, Cs y Podemos.

La comunidad educativa ha manifestado de este modo su rechazo a las negociaciones entre el PP y los diputados exVox, al igual que lo hicieron previamente profesionales de la cultura en una carta dirigida al presidente de la Región, Fernando López Miras. “La educación pública está en peligro. Con este panorama político se está generando mucha incertidumbre para nuestros hijos”, ha dicho Fátima, una de las manifestantes, madre y docente.

“Para poder mantenerse en el poder el PP vende el derecho a la educación de nuestros hijos”, ha denunciado Paqui Pérez, presidenta de la FAPA mayoritaria Juan González, al tiempo que portaba una tela en forma de lápida con el lema R.I.P. “El PP también habla del pin parental, cosa que nunca hemos pedido las familias, y del cheque escolar que supone una profundización de la privatización de la educación pública. En los últimos diez años se ha invertido mucho en los conciertos, mientras que se ha recortado en la educación pública, donde van la mayoría de alumnos”, ha añadido.

Jesús Costa, del colectivo LGTBI No te prives, ha manifestado que “el veto parental nos afecta en primera línea”. “Es una censura de los valores humanos y los derechos LGTBI. Campuzano ya ha dicho de derogar la Ley de Igualdad de que se aprobó por unanimidad en la Asamblea en 2016”, ha añadido portando en sus manos una bandera del arcoíris.

“Se produzca o no el nombramiento de la diputada Mabel Campuzano como consejera de Educación y Cultura, lo que queda clara es que el presidente López Miras ha comprado los postulados de Vox como prebenda para permanecer en el sillón”, ha señalado Antonio José Espín, diputado socialista que ha asistido a la concentración ataviado con la camiseta de la Marea Verde, como otros tantos manifestantes.

“Es una total aberración, una vuelta al pasado y una pérdida de derechos”

Frente a la Asamblea regional de Cartagena, unas 150 personas de todas las edades estaban congregadas para reivindicar su lucha por la educación pública de la Región, y han comenzado a gritar al unísono, entre el rumor de las conversaciones, “¡Educación pública y de calidad!”, mientras sostenían carteles y pancartas con consignas como “Escuela pública de todos, para todos” y “La educación pública no se vende, se defiende”.

José, envuelto en una bandera LGTBI, ha terminado de aplaudir tras la lectura del manifiesto bajo las columnas del parlamento, y ha denunciado a este medio “la deriva derechista de la Región”. Para él, que Vox pueda hacerse cargo de Educación supone “una total aberración, una vuelta al pasado y una pérdida de derechos”. “Si no lo paramos a tiempo, nos vamos a arrepentir”, ha sentenciado.

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Un centenar de personas se manifiestan en la Asamblea Regional en contra de la entrada de Vox en el Gobierno regional

Otras pancartas arrojaban en un tono irónico su más profunda crítica a el papel de López Miras en la controversia: “¿Qué te queda por vender para agarrarte al trono, López Miras?”, sostenía un joven en un cartel que Esperanza miraba con atención, prácticamente vestida por un mural hecho por ella que vindicaba que “gobierne quien gobierne, lo público se defiende”. Esperanza, que tiene 76 años, ha trabajado durante gran parte de su vida como educadora pública, y ha salido a la calle porque “no puede aguantar más”. Tras ver el mensaje contra el presidente, no ha dudado en dedicarle unas palabras: “Es una sinvergonzonería lo que nos ha hecho”. “La educación es el pilar de la sociedad, y no puede estar gestionada una persona de Vox que no tiene cultura, ni decencia, ni nada”, ha añadido con un tono de enfado en su voz.

Raquel, una de las protestantes que ha leído el manifiesto junto a dos de sus compañeras, es docente, y no ha tenido reparo en afirmar que “se ha comprado la voluntad de unos diputados que además quieren instalar el pin parental”. Raquel ha evidenciado que la educación de Murcia ya tiene varios problemas que resolver, de modo que no necesita que se venda a manos de la extrema derecha, porque ya carece “de profesorado para atender a una escuela más diversa y de recursos”.

El sector sindical de la Región también se ha hecho notar en la protesta. El docente Nacho Tornel es Secretario General de Enseñanza de CCOO, y para él sería “un disparate que la educación pública quede en manos de alguien que solo cree en la educación privada”. “Una vez más, el presupuesto que sale del bolsillo de los trabajadores sigue favoreciendo a los que quieren hacer de la educación un negocio privado”, ha concluido el sindicalista, que ha tachado la decisión de López Miras como “una traición”.

Veto parental, educación concertada y ‘cheque escolar’

Campuzano defiende del veto parental, el crecimiento de los centros de educación concertada y el llamado ‘cheque escolar’ que consiste en dar a las familias un talón para que lo gasten en la matrícula del centro que elijan.

El Ministerio de Educación recurrió en febrero ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia la implantación del veto parental en los centros educativos del territorio. Su titular, Isabel Celaá, declaró que esta medida suponía una “ilegalidad” que vulneraba “los derechos de los alumnos y alumnas”, además de exceder las competencias que tienen los centros educativo. El recurso salió adelante un mes después, y el TSJ suspendió cautelarmente su aplicación en las aulas. Ya en julio de 2020, con el fin del curso académico, el órgano judicial archivó la causa por “pérdida sobrevenida de objeto”.


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