- Los procesos de Murcia, Castilla y León y Madrid están en los tribunales ante las sospechas de que pudo haber irregularidades para favorecer a aspirantes oficialistas
- La Plataforma ‘Compromiso Ciudadano’ exige la dimisión de Hervías y Espejo Saavedra por considerar que son los principales responsables del presunto fraude
- La presión de la militancia ha conseguido que la Gestora acceda a poder elegir entre voto en urna o telemático y que este cuente con mayores garantías de seguridad
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Arrimadas asegura que en Ciudadanos están «muy ilusionados» con la nueva etapa, que permitirá «cambiar cosas»
La futura Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, que previsiblemente presidirá Inés Arrimadas tras la celebración de la V Asamblea General extraordinaria prevista para el 14 y 15 de marzo, va a tener que enfrentarse a uno de los capítulos más turbios de los últimos años, que ha ensuciado la imagen del partido: los presuntos pucherazos de las primarias telemáticas celebradas para elegir a algunos de los candidatos electorales. Al menos tres de estos procesos –los de Murcia, Castilla y León y Madrid– están en los tribunales ante las sospechas de que pudo haber irregularidades para favorecer a los aspirantes oficialistas.
El caso de Murcia tiene todos los visos de prosperar a pesar de que la dirección del partido y la propia Inés Arrimadas han estado negando la mayor hasta hace escasos días. «Desde luego, sospechas pocas», llegó a decir. Al final, ante las evidencias, el partido se ha personado como acusación particular reconociendo con ello que hay motivos para dar la razón al demandante, Leonardo Pérez, que quedó en segundo lugar frente a la candidata oficialista a la presidencia de la Región, Isabel Franco, que saltó a la arena a última hora apoyada con entusiasmo y sin disimulo por el secretario de organización del partido, Fran Hervías.
La Plataforma ‘Compromiso Ciudadano’, en la que figuran un nutrido grupo de afiliados de varias comunidades, entre ellas de Murcia, exige ahora la dimisión de Hervías y la de José María Espejo Saavedra, por considerar que son los principales responsables del presunto fraude.
Franco fue proclamada ganadora por 599 votos frente a los 237 que obtuvo su rival. Los otros dos aspirantes, Óscar Pozzati, y Ana Guillén, lograron 76 y 46 votos, respectivamente. Tras sospechar que no hubo juego limpio, Pérez denunció el caso en el juzgado número 5 de Cartagena una vez que la Comisión de Garantías del partido le envió el informe que había pedido de las votaciones telemáticas con las direcciones IP junto con los caracteres de cada código de los justificantes de votos para comprobar que no hubieran sido emitidos desde otras regiones. El rival de Franco exigió también que le aclararan el motivo del retraso de tres horas y media en conocerse los resultados de esas primarias.
El pasado mes de abril eldiario.es publicó en exclusiva el resultado de un segundo informe pericial pedido por Pérez en el que se revelaba que de esos 599 votos que consiguió Franco al menos 233 fueron emitidos desde fuera de la Región de Murcia.
Con todo, el caso más sonado de pucherazo fue sin duda el de Castilla y León en donde la dirección de Ciudadanos tuvo que reconocer la victoria a Francisco Igea frente a la candidata ‘oficialista’ Silvia Clemente, tras demostrarse las trampas cometidas durante el recuento. Días después, la Fiscalía de Valladolid recibió una denuncia anónima para que investigara el presunto pucherazo.
A raíz de ello, la fiscal jefe Soledad Martín Nájera abrió diligencias iniciando una ronda de citaciones que empezó por el propio Igea, hoy vicepresidente de la Junta de Castilla y León, con el fin de «recabar información» de lo ocurrido. Tras su comparecencia aseguró que había acudido voluntariamente a entregar todas la documentación sobre el proceso que tenía su equipo con el fin de que se esclarecieran los hechos.
El ministerio público tenía un plazo de seis meses para decidir si trasladaba los hechos al juez en el caso de que viera indicios de delito penal. Pero desde entonces nada más se ha sabido de esta investigación.
El juicio en Madrid, pendiente para febrero
En Madrid, el que fuera rival de Ignacio Aguado en las primarias a presidente de la Comunidad, el economista y tertuliano Juan Carlos Bermejo, sigue pendiente de la celebración del juicio después de varios aplazamientos «de mutuo acuerdo». Bermejo presentó el pasado mes de abril una querella en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid contra el partido acusándole de vulnerar los «principios democráticos» durante las elecciones internas.
Aunque el afiliado madrileño no discute la victoria de Aguado, que fue contundente, cree que no hubo en el proceso igualdad de trato ni de condiciones. Una de las razones que esgrime Bermejo en su denuncia es que el candidato a la CAM «vulneró la jornada de reflexión de la campaña interna aceptando ir a a un desayuno informativo y realizando otra entrevista en un medio de comunicación, como denunció ante la Comisión de Garantías del partido. Este órgano le contestó que fue en calidad de portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y rechazó su protesta.
La vista oral está ahora fijada para finales de febrero en el Juzgado 61 de Madrid, justo poco antes de la celebración de la Asamblea de marzo donde saldrá la nueva cúpula.
Otro de los afiliados que cuestionó internamente los resultados de las primarias para la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha fue José Ramón de Lorza, de Guadalajara, que se enfrentó a la candidata oficialista Carmen Picazo, concejal portavoz del Ayuntamiento de Albacete. De Lorza, que perdió por goleada -26 votos frente a 440 de su rival- protestaba por una serie de «incidencias» que hubo durante el proceso, como el hecho de que se ‘cayera’ el sistema informático al menos durante más de dos horas el primer día de las votaciones, el viernes 8 de marzo, de forma que le fue imposible votar en el ‘espacio naranja de afiliados’ que tiene habilitado la web del partido para estos menesteres. Finalmente no llegó a ir a los tribunales. Hoy De Lorza asegura que desde entonces está «muy desvinculado» del partido en el que «todavía» sigue militando.
Todos estos antecedentes han puesto en alerta a un amplio sector de la militancia que sigue rechazando el sistema de voto telemático para escoger al nuevo presidente o presidenta del partido y a los compromisarios que les representarán en el congreso extraordinario de marzo. La nueva Gestora ha terminado cediendo y ha aceptado la posibilidad de que los afiliados puedan elegir entre las dos opciones: voto telemático o en urna. Para que se acepte hacerlo en urna deberán pedirlo al menos el 5% de los militantes inscritos en el censo electoral correspondiente y que los solicitantes sean más de 25. Si eso se cumple, el partido habilitará una urna en la sede más cercana.
Pero la Plataforma ‘Compromiso Ciudadano’ insiste en que se suprima el voto telemático y, en su defecto, dejar también que se vote por correo. En un Manifiesto que acaban de hacer público solicitan a la dirección interina que convoque «de urgencia» un Consejo General de Ciudadanos –máximo órgano entre Asambleas– «para revertir los acuerdos del 21 de diciembre de 2019 eliminando la opción de voto telemático» y opten únicamente por el «voto en urna física, o en su defecto, el voto por correo certificado por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.».
En las asambleas que están celebrando el secretario de Organización y el presidente de la Gestora, Manuel García Bofill, con la militancia de diferentes agrupaciones, están informando de que habrá mayores garantías para el voto telemático. De esta manera, los afiliados recibirán en sus teléfocnos móviles un código previo con el que podrán ejercer su derecho al voto, pero con un tiempo limitado de quince minutos desde la recepción. Una solución que tampoco acaban de ver clara los críticos.
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