La capacidad de marcar agenda es vital para los partidos políticos que aspiran a colocar su mensaje ante la ciudadanía. El PP trata de evitar que el debate público se sitúe en torno a un tema que les perjudica electoralmente: la corrupción.
El líder del PP, Pablo Casado, y el exministro Jorge Fernández Díaz, durante un acto de campaña electoral en el año 2015 // EFE
Al Partido Popular le preocupa la ‘okupación’, pese a que no hay datos que avalen que este fenómeno haya crecido durante este último año en España. Tanto es así que el pasado jueves el líder de los populares, Pablo Casado, acudió a Badalona a hacer campaña en contra de las ‘okupaciones’ ilegales de pisos. El día anterior el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, interpelaba al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre esta cuestión, asegurando que era una de las «mayores preocupaciones» de los españoles.
También le preocupa ‘el caso Dina’ —en el que se investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham— y las denuncias del exabogado de Podemos, Jose Manuel Calvente, por lo que han tratado de impulsar una comisión de investigación sobre la financiación de formación morada en el Congreso, sin éxito. Los populares siguen insistiendo en esta cuestión la misma semana en la que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de devolver a Iglesias la condición he perjudicado en la causa y días después de que la Fiscalía calificara de «rumores» la mayoría de acusaciones de Calvente.
Durante el último mes, Casado también ha defendido insistentemente a la monarquía y la figura de Felipe VI, tras la salida de Juan Carlos I de España rumbo a Emiratos Árabes Unidos, en un intento de aplacar la polémica generada por su fortuna oculta en el extranjero. En sus últimas intervenciones públicas, el líder del PP siempre ha sacado a relucir esta cuestión y ha acusado al Gobierno de querer «debilitar» a la monarquía, pese a que el PSOE ha vetado la investigación sobre el emérito y también ha votado en contra de una proposición de ley para delimitar la inviolabilidad del rey.
El líder popular también ha tratado de quitar responsabilidad a su formación tras la caótica gestión de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se ha visto sobrepasada por el aumento de casos de covid-19 en la región, situándose a la cabeza de Europa. «Las pandemias y epidemias son responsabilidad exclusiva de los Gobiernos estatales, por mucho que la coalición del PSOE y Podemos pretenda derivar su negligencia a las comunidades autónomas y por mucho que aliente que la opinión pública solo ponga el foco en las que gobierna la centroderecha». Una afirmación falsa, puesto que actualmente las competencias en materia de sanidad son de las autonomías y sus dirigentes son los que deciden qué medidas tomar para frenar el avance del virus.
La corrupción vuelve a acechar al PP
La capacidad de marcar agenda es vital para los partidos políticos que aspiran a colocar su mensaje ante la ciudadanía. Las leyes que se aprueban en el Consejo de ministros, las Proposiciones que se debaten en el Congreso o las declaraciones y entrevistas de dirigentes ante los medios de comunicación persiguen ese objetivo. En muchas ocasiones, la misión de los equipos de comunicación de los partidos es evitar que el debate público se sitúe en torno a un tema que les perjudica electoralmente: es lo que le ocurre al PP con la corrupción.
El Partido Popular lleva semanas tratando de desviar el foco informativo -y por ello alude a las cuestiones citadas anteriormente- tras un incesante goteo de informaciones que vinculan a su formación con presuntas tramas delictivas como el caso Kitchen, que se ha saldado con la imputación por parte de la Audiencia Nacional del exministro del interior Jorge Fernández Díaz por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. En un primer momento Casado trató de desvincularse del asunto alegando que eran «investigaciones judiciales que vienen de tiempos pasados» cuando él solo era un «diputado por Ávila» que «no tenía responsabilidad en el partido».
Si, finalmente, el expresidente Mariano Rajoy es llamado a declarar en calidad de imputado, la dirección nacional planea romper todos sus vínculos con él. Una estrategia que el secretario general del PP ya llevó a la práctica en la elaboración de las listas electorales. Es más, el hecho de haber dejado fuera de ellas al exnúmero dos del ministro Fernández Díaz, Francisco Martínez, perdiendo así su condición de aforado ante el Supremo, ha provocado que éste este dispuesto a tirar de la manta. «Voy a contarle al juez todo lo que sé», dijo.
«Promover cortinas de humo para que se hable de otras cosas»
«El PSOE, con tal de no asumir sus responsabilidades como Gobierno en estos momentos, está promoviendo cortinas de humo constantemente para que se hable de otras cosas», ha asegurado este martes la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. Curiosamente se trata de la misma estrategia que los populares han adoptado como propia durante estas últimas semanas.
«Sale adelante la persecución al PP», ha proseguido Gamarra tras el acuerdo que ha adoptado la Junta de Portavoces este martes sobre la comisión de investigación sobre la Kitchen presentada por PSOE y Unidas Podemos, que se ha reunido este martes. Para la portavoz conservadora, «la responsabilidad del Congreso es controlar al Gobierno que gobierna, no a la oposición» porque «eso solo ocurre en las dictaduras».
Gamarra ha negado el sentido de la comisión y ha recordado que la Mesa del Congreso no calificó hechos que afectaban al expresidente del Gobierno, Felipe González, en referencia a que en junio se rechazó investigar al expresidente por los GAL ni «tampoco» sucedió con la comisión de investigación sobre el proyecto Castor, y siempre con el mismo argumento, que los asuntos en cuestión no eran relativos a esta legislatura.
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