La Plataforma de Afectados por la Hipoteca reclama una ampliación de supuestos en la moratoria de desahucios que el Gobierno aprobó en septiembre ante la constatación de que se siguen produciendo desalojos en pleno estado de alarma.
Desahucio parado en julio de 2020 en el distrito de Vallecas (Madrid) // Álvaro Minguito
Por lo que sea, algunos desahucios concretos consiguen romper la coraza de hielo que se ha formado en torno a un día a día que, solo en 2019, provocó 50.000 desalojos de vivienda habitual. El lunes 9 de noviembre se cumplieron ocho años del suicidio de Amaia Egaña. Fue, quizá, uno de los desahucios que introdujo el tema de la vivienda en la agenda de los medios convencionales. Fue también una llamada de atención sobre la relación entre los problemas generados por el paro, la vivienda y la salud mental.
En febrero de 2019, el desahucio simultáneo de tres viviendas del mismo edificio en la calle Argumosa, de Lavapiés, mostró que las recomendaciones del observatorio DESC de la ONU podían convertirse en papel mojado cuando el interés de un fondo buitre aterriza en un enclave del centro de la ciudad. También cayó el mantra de la “ciudad libre de desahucios” que había defendido el anterior equipo municipal.
El último de esos desahucios ha sido el de Adoración y su familia. La foto de los cinco sentados en su sofá, rodeados de sus cosas, esperando en medio de la calle tras perder su hogar desmontó el argumento de que durante la pandemia del covid-19 no se permiten los desahucios. Cuando la foto de esta familia de Carabanchel rompió la coraza que se forma día a día en torno a cientos de desalojos, el ministro de Vivienda, José Luis Ábalos, se declaró “sorprendido” de que no se cumpla la consigna de que se han prohibido los desahucios desde marzo. Al contrario, en las últimas semanas, según reconocen fuentes de la propia vicepresidencia de Derechos Sociales, se han visto “decenas de desahucios, algunos de ellos muy graves, con niños y niñas”.
La certeza de que, tras la suspensión de lanzamientos de los meses de marzo, abril y mayo, los desahucios siguen estando a la orden del día, ha llevado al socio “beta” del Gobierno, Unidas Podemos, a pedir una revisión del decreto del 29 de septiembre con el que el Gobierno reactivó la moratoria hipotecaria. Un decreto en el que, sin embargo, no se prorrogó la prohibición de corte de suministros básicos (agua, luz, gas).
Entre mediados de septiembre y finales de octubre, la Unidad Antidesahucios de Barcelona contabilizó 443 órdenes judiciales de desalojo solo en la capital catalana, la más afectada por la reapertura de la actividad. Solo en los días hábiles comprendidos entre el 4 y el 30 de junio (únicos con actividad judicial normal) se ejecutaron en España 1.383 desahucios, según refleja la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
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Desde la oficina que dirige Pablo Iglesias se filtró, la pasada semana, un plan de trabajo que consiste en presionar para que se prohíban de forma efectiva los desahucios y los cortes de suministro “mientras dure el estado de alarma”. Se trataría de ampliar supuestos para que, al menos hasta mayo, se paralicen los lanzamientos y desalojos, entre otras cosas porque, según valoran “no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios”.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca mantiene como hoja de ruta presionar a la vicepresidencia y al conjunto del Gobierno tanto en el caso de los desahucios por impago de hipotecas como de aquellos por impago de alquiler —que, desde hace años, son la mayoría—, las situaciones de fin del contrato de alquiler y los casos de hogares en situación de usurpación. Coinciden con Unidas Podemos en las líneas generales del contenido, no así en el ámbito temporal, en cuanto el fin del estado de alarma no está necesariamente asociado a una mejora de la situación económica para los hogares más vulnerables. Por eso, desde la PAH buscan reactivar un decreto “Stop Desahucios” que forma parte desde hace años de sus reivindicaciones y que consideran más necesario en cuanto la crisis económica de 2020 amenaza con aumentar el paro, las situaciones de vulnerabilidad y de pobreza.
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El contenido
Uno de los portavoces de la PAH del distrito de Vallecas encuadra en esa falta de visión a largo plazo la propuesta de suspensión temporal de los desahucios. Así, PAH Vallekas valora que el contenido cumple varias de las casuísticas que han quedado fuera hasta ahora de la suspensión de desahucios “entrarían casos de no renovación de alquiler y, cuando hablan de vivienda en precario, entendemos que se refieren a situaciones de usurpación y vivienda con contratos irregulares”. Este portavoz refiere que hay situaciones en las que es “difícil de intervenir” pero que tienen que ser abordadas igualmente como son los subarriendos, los desahucios en pisos compartidos y los pisos no remitidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Además, desde la PAH vallecana recelan de una de las fórmulas habitualmente adheridas a la literatura sobre desahucios, que es la necesidad de que haya una “alternativa habitacional” para ejecutar los lanzamientos. Bajo esta fórmula, explica este portavoz, se forma un auténtico “coladero” de interpretaciones. Es cierto que el protocolo DESC sí define lo que significa una vivienda digna —un espacio con condiciones habitables en el que los hogares pueden preservar su autonomía y su arraigo — pero la interpretación de las “alternativas habitacionales” por parte de juzgados, legisladores, servicios sociales o policías, dista de ser homogénea y, sobre todo, a menudo carece de garantías. “¿Un piso compartido por dos o tres meses, es una alternativa para los juzgados? ¿Lo es para Unidas Podemos?”, se pregunta este miembro de la PAH.
El último aspecto del que se duda en la propuesta que ha divulgado Unidas Podemos es la autorización del desahucio cuando “el dueño del piso sea una persona en situación vulnerable”. Algo extremadamente complejo, como reconocen desde la PAH Vallekas, que se tiene que abordar, sin embargo, desde la lógica de las ayudas a hogares que, efectivamente, queden en esta situación, y no desde el desalojo preventivo.
Es en el ámbito temporal de aplicación donde aparecen las mayores dudas. “Todo indica que la situación económica y social provocada por la pandemia se va a prolongar más allá de mayo”, explican desde la PAH. De este modo, si no se vincula a un indicador social y se sigue funcionando a base de moratorias, el problema estará esperando en cuanto la situación del virus escampe. “Entendemos que esto, enfocado de esta forma, son ‘tiritas’; hay que abordar, de manera integral y compleja, el problema de la vivienda. Tocando elementos clave, como son los pisos de los bancos, la situación de Sareb o el rescate de Bankia”, explican desde la PAH.
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“La Moratoria deberá durar hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, que deberá regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios sin alternativa habitacional”, defienden desde la PAH en un comunicado con el que, esta semana, pretenden vincular a distintos partidos políticos. Hoy, miércoles 11 de noviembre, la plataforma ha convocado a las 10h una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados “con la intención de mover al PSOE de su postura más cercana a las políticas de PP, Ciudadanos y Vox”.
De este modo, la PAH mantiene su presión sobre el PSOE, que la semana pasada ya se plasmó en una concentración para reclamar pasos rápidos por parte del Gobierno. “Cuando el ministro Ábalos asegura en sede parlamentaria que han prohibido los desahucios, miente. Es lamentable que no conozca la situación actual de la vivienda”, exigía entonces Fernando Bardera, del sindicato de Inquilinas de Madrid.
La PAH también exigirá que se ponga de nuevo en vigor la moratoria de pago de suministros, que no se ha incluido en el decreto de estado del “escudo social” de finales de septiembre. La semana pasada, 3.000 organizaciones pidieron una prórroga indefinida de la prohibición de cortes de suministro de luz, agua y gas, en el ámbito doméstico.
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