La declaración de la exdiputada de las CUP Mireia Boya inicia la última tanda de comparecencias ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de políticos y políticas acusados de rebelión por su papel en el proceso independentista
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Mireia Boya, la segunda por la derecha, el pasado 9 de junio, día en que se anunció el referéndum // Víctor Serri
La última tanda de comparecencias de la larga lista de imputados del procés se inicia hoy con la declaración de Mireia Boya, exdiputada de las Candidatures d’Unitat Popular (CUP). Boya, al igual que el resto de imputados, comparece en el Tribunal Supremo ante el juez Pablo Llarena acusada de rebelión, sedición y malversación por su participación en el proceso independentista catalán y por su supuesta responsabilidad en la organización del referéndum del 1-O. La diputada, cuya comparecencia está prevista a las 11h, está siendo arropada por miembros de su formación y personas solidarias a la entrada del tribunal.
“La CUP no renunciará ni a una coma de su programa electoral. Si entro, solo saldré con la República”, afirmó Boya en una rueda de prensa el 12 de febrero, dando a entender que no acatará el 155 para no entrar en prisión. Boya, que puede enfrentarse hasta a 30 años de prisión tan solo por los cargos de rebelión, contempla “el peor de los escenarios” y plantea que “la causa ha sido construida sobre un atestado de la Guardia Civil poco fundamentado objetivamente, parcial e interesado».
Tras Boya, en los próximos días declararán, acusados de los mismos cargos, el expresidente de la Generalitat Artur Mas; Marta Pascal Capdevila, coordinadora general del PDeCat; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, y la diputada de las CUP Anna Gabriel, que cerrará esta última tanda el día 21 de febrero. Esta última ha enviado varios mensajes de apoyo a Boya en la mañana en que comparece.
En las pasadas semanas, el juez Llarena ha mostrado su voluntad de mantener, pase lo que pase, al vicepresidente de la Generalitat cesado, Oriol Junqueras; al exconseller de Interior, Joaquim Forn, y a los dirigentes de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, todos ellos en prisión provisional desde hace más de tres meses.
En su auto del pasado 2 de febrero, Llarena rechazaba la petición de libertad realizada por los abogados de Joaquim Forn a pesar de que este hubiera acatado el marco constitucional y renunciado a ser diputado. En su auto, Llarena acudía a elementos claramente ideológicos para rechazar la puesta en libertad, una postura denunciada por numerosos juristas, que subrayan su ilegalidad. En el auto, Llarena afirmaba, entre otras cosas: “El investigado, en expresión de su legítima libertad ideológica, mantiene lógicamente su ideario soberanista, lo que, aún siendo constitucionalmente válido, no supone que deba renunciarse a evaluar que el convencimiento que mantiene posibilita una reiteración del delito que resultaría absurda en quien profese la ideología contraria”.
