El dueño de la empresa no había formalizado el contrato de los denunciantes y les instaba a ocultar información a los servicios médicos cuando ocurría algún accidente laboral
Una patrulla de Policía Nacional //
La Policía Nacional detuvo la semana pasada al dueño de una empresa de la localidad de Zamudio (Bizkaia) por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Agentes del Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao, junto con funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, realizaron una investigación conjunta en la empresa, ubicada en el Polígono Industrial Ugaldeguren, después de que días antes varios empleados acudieran voluntariamente a la Comisaría de la Policía Nacional de Bilbao para denunciar su situación y las condiciones de trabajo en la nave.
Según el testimonio recogido por la Policía y que ha adelantado ‘El Correo’, los denunciantes explicaron que trabajaban sin contrato porque, al no tener el permiso de residencia, «su jefe no les había formalizado contrato alguno», y que recibían un sueldo de cinco euros por hora «efectiva» de trabajo. Además, relataron que si sufrían algún accidente laboral y precisaban servicio médico, el dueño de la empresa «les aleccionaba para que no mencionara ni a la empresa ni el lugar donde habían sufrido las lesiones».
En la denuncia, también consta que «ocasionalmente» el jefe les sometía a lo que él mismo denominaba «maratón»: trabajar de 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la mañana del día siguiente con una sola hora libre para comer y con la obligación de permanecer encerrados durante toda la noche en las instalaciones de la empresa, dedicada a la manipulación y envase de alimentos.
Ante la gravedad de las declaraciones y tras comprobar la veracidad de lo narrado por las víctimas, los investigadores de la Policía optaron por concederles el carácter de testigos protegidos, a fin de evitar posibles represalias, y el pasado martes se efectuó una inspección de trabajo en la empresa objeto de la investigación. En ella, se identificó a un total de ocho trabajadores, cuatro de ellos sin permiso de residencia y sin contrato de trabajo, por lo que se detuvo al dueño del negocio, quien, además del delito contra los derechos de sus empleados, se enfrenta a una posible sanción económica superior a los 70.000 euros por haber infringido la legislación en materia laboral y de seguridad social. Tras declarar en dependencias policiales, el acusado ha quedado en libertad y está obligado a presentarse ante la autoridad judicial que instruye la causa.
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