- El director de la Policía, Francisco Pardo, del círculo estrecho de José Bono, ha evitado erradicar los vestigios de la brigada política y los síntomas de extremismo
- La secretaria de Estado, Ana Botella, protagoniza un habitual desencuentro con el ministro, que apenas decidió sobre un par de colaboradores cuando llegó en 2018
- La agitación que anticipa la oposición de derechas amenaza a un Ministerio del Interior tradicional objetivo de bulos y teorías conspirativas
- Los ministros del nuevo Gobierno progresista que ya conocemos
El ministro Grande-Marlaska saluda al director de la Policía en presencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella
La figura de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior en 2018 pasaba satisfactoriamente el corte de popularidad exigido a una parte de los miembros del primer gabinete Sánchez. Al tiempo, su elección podía defenderse desde el punto de vista curricular por su pasado como juez antiterrorista de la Audiencia Nacional. En el tránsito del autoproclamado perfil de “independiente” con el que aterrizó en el Ministerio al papel de azote de la oposición de derechas, Grande-Marlaska ha pisado un par de charcos que han estado lejos de ponerle en el disparadero, caso de las críticas a Ciudadanos antes del Orgullo Gay y las insinuaciones sobre Vox sin conocerse aún la autoría del ataque al centro de menores de Hortaleza.
Esta habilidad y la brevedad de la legislatura han obrado que Pedro Sánchez vuelva a confiar en Grande-Marlaska para la cartera de Interior, pese a que cuesta encontrar un logro destacado durante su mandato, más allá de la significativa reducción de muertes en la carretera, atribuible por otra parte al regreso de Pere Navarro a la dirección de Tráfico.
La lesiva valla de Ceuta y Melilla sigue sin reformarse pese a ser el primer gran anuncio del ministro. Pero sobre todo, y después de dieciocho meses de Gobierno progresista, la Policía conserva los síntomas de partidismo y extremismo que la devastan desde la primera legislatura de Mariano Rajoy.
El carácter de transitoriedad que bañó toda la pasada legislatura acaba aquí. La previsión de una oposición descarnada lo que dure el Gobierno de coalición avivan la preocupación sobre la utilización de las Fuerzas de Seguridad del Estado que haga la derecha en un periodo que se prevé propicio para la difusión de bulos y teorías conspirativas, analizan mandos policiales que vivieron los intentos de deslegitimación del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Todavía no había sido investido Sánchez cuando el actual Gobierno presenció un adelanto: la difusión de una falsa operación de evacuación de ministros de Evo Morales de la Embajada mexicana en La Paz con la supuesta participación de cuatro agentes del GEO.
Para enfrentar todo ello, Grande-Marlaska cuenta con un equipo confeccionado de urgencia en el verano de 2018 a base de recomendaciones que el ministro tuvo que asumir al no pertenecer al PSOE, ni tener experiencia en política, y que ha sido incapaz de presentar y abanderar un proyecto definido en el Ministerio del Interior, amén de protagonizar descoordinaciones y desconfianzas entre sus miembros. Especial relevancia cobra en este contexto el desencuentro personal entre el ministro del Interior y su número dos, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez.
La socialista valenciana no fue la primera opción para tan delicado puesto. Alfredo Pérez Rubalcaba señaló a Pilar Gallego, subsecretaria en su época, como la persona idónea. Pero Gallego, que también fue directora general de Protección Civil y Emergencias, prefirió seguir en su actual ocupación como miembro del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración del Estado. El entorno de Rubalcaba habló entonces de Ana Botella Gómez, antigua delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, y así llegó a la secretaria de Estado de Seguridad, el auténtico motor del Ministerio. En el departamento se la critica por la falta de decisión que atribuyen a un carácter extremadamente desconfiado, que exhibió nada más llegar al Ministerio y solicitar un barrido a conciencia de su despacho.
En medio de este clima, el director del Gabinete del ministro, Rafael Pérez Ruiz, aparece recurrentemente en las fotos de reuniones de coordinación que difunde en los últimos meses el Ministerio, lo que asegura al titular de la cartera tener de primera mano información de alguien de su absoluta confianza. No en vano, Pérez Ruiz, juez al que el ministro conoció en el Consejo General del Poder Judicial, es el único cargo del Ministerio que propuso el propio Grande-Marlaska, junto a la directora de Comunicación, Mar Hedo.
Los colaboradores ajenos a Grande-Marlaska y la premura por confeccionar un Gobierno tras la moción de censura han tenido una incidencia directa en la pasividad con que se han afrontado los problemas de la Policía. El director general es miembro de un grupo de influencia con origen en Castilla-La Mancha y cuya figura preeminente es José Bono, abanderado del sector más conservador del PSOE. Pardo Piqueras fue número dos de Bono en Defensa entre 2004 y 2007 y no tuvo problema en convertirse en vicepresidente de una empresa habitual contratista de ese Ministerio antes de regresar a la política como director de la Policía.
Justo debajo de Pardo Piqueras hay un comisario, José Ángel González, director adjunto operativo. González procede de la rama “militar” del Cuerpo, su especialidad es el orden público y sus destinos más destacados se produjeron durante el Gobierno del PP. Es conocida su buena relación con el comisario que ocupó su puesto entre 2012 y 2016, Eugenio Pino, el artífice de la brigada política imputado en la Audiencia Nacional.
La improvisación del nombramiento de González queda de manifiesto en que la elección de la secretaria de Estado tuvo como único aval a una directora general del Gobierno de Aragón, donde el comisario González fue jefe superior.
Con estos mimbres, la renovación de la Policía se ha quedado en el cese de sus destinos dorados en unos pocos miembros de la brigada política que actuó con el PP y que se produjo en los primeros compases de la legislatura. También hubo un par de destituciones más obligadas por revelaciones de eldiario.es: un subdirector, al que le quedaban cuatro días para jubilarse, que había invitado al procesado por corrupción Juan Cotino a una charla de ética policial, y el jefe superior de Policía en Navarra, que se ocultaba detrás de una cuenta de Twitter para insultar a políticos de izquierdas y nacionalistas.
Incluso cuando el ministro ha querido escenificar mano dura se ha dado de bruces con las resistencias internas del Cuerpo, sin que el director Pardo Piqueras las haya enfrentado. Ocurrió cuando Grande-Marlaska ordenó el cese del comisario de Ciudad Lineal por invitar a una celebración del Cuerpo a Billy el Niño y se le dijo que era imposible porque no era un puesto de libre designación. Después se le abrió una información reservada y se cerró de plano ante la pasividad de la Dirección General del Cuerpo.
Podemos, el nuevo socio de Gobierno del PSOE, denuncia que la policía política sigue activa pese a jubilaciones y cambios de destino. Es cierto que sus protagonistas acuden a diario a su puesto de trabajo porque desde la Policía se les ha aplicado la interpretación más garantista del reglamento, sin que el Ministerio haya hecho nada al respecto.
Recientemente, el comisario al frente del distrito Centro de Madrid aparece en conversaciones incorporadas a un sumario de corrupción revelando detalles de una investigación y dando ánimos al empresario Javier López Madrid, imputado por financiar irregularmente al PP y por acosar a una mujer. La Dirección de la Policía ni siquiera ha abierto una investigación interna al comisario Alberto Carba. Unidades en otro tiempo protagonistas de grandes operaciones, como es el caso de la UDEF y su Brigada Anticorrupción, siguen sometidas a la irrelevancia desde el manoseo político al que fueron sometidas entre 2012 y 2016.
Tolerancia con los radicales en la Policía
Esta actitud de tolerancia ha presidido la actuación de Interior también contra las muestras de extremismo que han proliferado en la Policía a raíz del conflicto catalán y la irrupción de un nuevo sindicato, Jupol, que ignora la importante subida salarial pactada en la época de Juan Ignacio Zoido e insiste con protestas inéditas por su agresividad en que cualquier policía novato debe salir de la academia ganando 2.300 euros al mes.
Los sindicatos tradicionales denuncian campañas de acoso sin que Interior o la Dirección General actúen. Un símbolo de estos tiempos en la Policía es el caso de un agente de la comisaría de Móstoles Alejandro León, conocido por su canal de Youtube como Jandro Lion.
El policía critica la Ley de Violencia de Género que tiene que aplicar a diario, se posiciona a favor de Vox y bromea sobre apuñalar a menores migrantes sin que haya sido apartado del servicio.
El director de Guardia Civil, en la picota
En cuanto a la Guardia Civil, fuentes de Interior cuestionan la continuidad de Félix Azón por no haber sabido aplacar el descontento con el ministro en los ámbitos de influencia dentro del instituto armado y que han derivado, en ocasiones, en publicaciones inexactas en algunos medios de comunicación sobre la relación de Grande-Marlaska con el Cuerpo de naturaleza militar.
La pronta decisión de sustituir al mando de Guardia Civil que dirigía el Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado, un puesto clave en Interior, por un comisario vinculado tradicionalmente al PSOE, sin experiencia operativa de mando, provocó tempranas fricciones con la Guardia Civil. Además, Félix Azón fue promovido al cargo por Margarita Robles, la ministra de Defensa que no mantiene buena relación con Grande-Marlaska desde los tiempos de ambos en la judicatura.
+reciente, eldiario.es, 15-01-2020: Marlaska destituye a la secretaria de Estado de Seguridad y al director de la Guardia Civil
