La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción desentrañan desde hace casi tres años los detalles de la «operación parapolicial» supuestamente ordenada en 2013 desde el núcleo del Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear la instrucción judicial que amenazaba con sacar a la luz dos décadas de dinero negro en el Partido Popular. Las pruebas y testimonios contenidos en el sumario apuntan a que se cumplió con el «objetivo marcado», que no era otro que evitar que información comprometedora para el partido y sus dirigentes llegara a los investigadores de Gürtel, el caso que a la postre, en 2018, acabó provocando su desalojo de la Moncloa a través de la moción de censura de Pedro Sánchez.
Esa operación, orquestada por policías que trabajaban sin mandato judicial y sufragada supuestamente con fondos reservados, es la cúspide de unas maniobras por las que están imputados todos los mandos de la primera línea de la brigada política que se alojó en la Policía de 2012 a 2016. Pero también algunos de los máximos responsables políticos de la época como la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que por entonces era su número dos, Francisco Martínez. Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, también imputado, declararán la próxima semana en la Audiencia Nacional.
En el marco de estas pesquisas ha aflorado el intento de «apoderarse» de las pruebas que el extesorero Luis Bárcenas tenía en su poder sobre la financiación irregular del partido para que no llegaran a la Justicia. La operación recibe el nombre de Kitchen en referencia al «cocinero» o «K2», el apodo con el que los agentes implicados se referían al chófer y hombre de confianza de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. El conductor fue captado como topo para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. A cambio, recibió más de 50.000 euros de los fondos reservados y una plaza en la Policía.
Los indicios que señalan a la cúpula del PP
Precisamente la declaración voluntaria que realizó el chófer el pasado noviembre —conocida en las últimas semanas tras levantarse el secreto sobre parte del sumario— apuntala los indicios que señalan a la cúpula del PP. Según reveló elDiario.es, Ríos declaró hace siete meses su convencimiento de que el partido le envió a trabajar con Bárcenas para su posterior captación por la brigada política; mientras que el entonces jefe de seguridad del PP, Guillermo Barroso, amigo del barrio de Ríos, reconoció a Asuntos Internos que fue decisión suya recomendarle cuando el extesorero le preguntó por alguien de confianza.
Estas declaraciones se suman a otro informe de 2018 de esta misma unidad que señaló que el propio Rajoy tuvo «conocimiento» del espionaje al extesorero. Además, las agendas incautadas el pasado octubre al comisario José Manuel Villarejo, figura clave de la brigada política de la Policía, han puesto al descubierto nuevas pruebas que refuerzan las sospechas contra la anterior cúpula del PP. Asuntos Internos incorporó recientemente a un informe del pasado mayo las notas del policía según las cuales el expresidente conocería la oferta y amenazas a Bárcenas en prisión para que no confesara la caja B.
«Chisco. Dice que el MIN habló con RAJ y todo es OK» y «Charla general sobre LB y tensión de Rajoy sobre todo el Ministerio», anotó el policía los días 6 y 27 de julio de 2013. Los agentes de Asuntos Internos relacionan ambas conversaciones entre Villarejo y Martínez, el número dos de Interior al que el agente llama «Chisco», con la oferta que Luis Bárcenas habría recibido en prisión por parte de un abogado para que guardara silencio sobre el sistema de financiación irregular del PP y los sobresueldos de sus dirigentes —hecha en nombre de aquel Ejecutivo— y las amenazas en el caso de que no lo hiciera.
La primera de esas anotaciones se produjo dos días antes de que el abogado Javier Iglesias visitara en la cárcel al extesorero del PP. Según la versión de Bárcenas, recibió del letrado unas «amenazas muy serias» y un «ofrecimiento formal» de que si se mantenía callado el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sería cesado con las consecuencias que eso podía tener para el caso. «Si hablas tu mujer irá a prisión; si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso», le dijo Iglesias a Bárcenas, según publicó El Mundo. El abogado ha negado siempre esta versión del encuentro. La última vez, en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la trama Kitchen del Congreso, en la que aseguró que visitó a Bárcenas por sus funciones de letrado de dos investigados en el caso Gürtel y afirmó que el PP nunca ha contratado sus servicios como letrado.
La segunda Kitchen
Pero, a pesar de esas supuestas amenazas, finalmente Bárcenas habló. Lo hizo el 15 de julio de 2013, cuando admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la autoría de los papeles que El País había publicado el 31 de enero de ese año y que recogían decenas de entradas y salidas de dinero opaco entre 1990 y 2008. Tras negar durante casi seis meses que él fuera el autor de los apuntes, confesó, apuntó directamente a la cúpula del PP y aportó un pendrive cargado de documentación.
Para entonces, y ante el temor de que el extesorero tirara de la manta, altos mandos policiales ya estaban maquinando la operación de espionaje contra él y su familia que investiga desde 2018 la Audiencia Nacional.
Los seguimientos al entorno de Bárcenas —con informes sobre los movimientos de su mujer y las personas con las que tenía contacto— se prolongaron hasta otoño de 2013, según han revelado las pesquisas. El 23 de octubre, un delincuente habitual, Enrique Olivares, asaltó vestido de cura el domicilio familiar de los Bárcenas. La sospecha de los investigadores es que fue captado por los mandos policiales que dirigieron el espionaje al extesorero y cobró 10.000 euros por el asalto a la vivienda en busca de la documentación sobre el PP. Fue condenado a 22 años de cárcel por esos hechos.
Los investigadores indagan ahora si esas maniobras traspasaron incluso las puertas de la prisión de Soto del Real, donde Bárcenas ingresó el 26 de junio de 2013. Según reveló este periódico, el extesorero detalló al juez Manuel García Castellón cómo un recluso al que habían suministrado una identidad carcelaria falsa le siguió y tomó notas durante mes y medio. Además, la brigada política contactó en la calle con otro preso al que Bárcenas había dado acceso a la ‘nube’ donde supuestamente guardaba una copia de las grabación que había realizado a Rajoy hablando de la caja B y al que dio orden en 2014 de destruir ese audio cuando saliera de permiso, según la documentación que obra en la causa.
La existencia de esa grabación, que podría suponer la puntilla definitiva para el que fue presidente del Gobierno, es una de las grandes incógnitas del caso. Bárcenas declaró que cuando salió de la cárcel los audios ya no estaban en la ‘nube’, pero insistió al juez en que él tenía otra copia escondida en el estudio de su mujer que le fue sustraída por la brigada política. Según el testimonio del extesorero, en esa conversación, surgida a raíz del estallido del caso Gürtel, se escucha cómo hace una entrega de dinero a Rajoy, le muestra papeles de la contabilidad y cómo él, «espantado», le reprocha que guarde ese material y lo destruye en una trituradora de papel. El expresidente negó estos hechos en su declaración como testigo el pasado marzo en el juicio de la caja B. «A mí no me han entregado ninguna contabilidad B (…). Es metafísicamente imposible, por tanto, que haya podido destruir esos papeles», aseguró ante el tribunal.
Presiones a policías y jueces
La operación Kitchen ha aflorado el recurso del PP a las cloacas del Estado para reventar la investigación sobre sus finanzas opacas, pero no son las únicas maniobras que han salido a la luz. La estrategia del PP en el caso Gürtel y sus derivadas incluye presiones a funcionarios policiales y de la Administración de justicia como las que ha revelado recientemente en sede judicial el inspector jefe Manuel Morocho, que hizo un relato pormenorizado de qué mandos policiales, altos e intermedios, intentaron sabotear su trabajo.
Su testimonio provocó la semana pasada la imputación del comisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF, al que acusó de convertirse en un agente doble a favor de los investigados parando informes u ofreciéndole a él destinos bien remunerados en el extranjero para que se apartara de la investigación. Amigo de Villarejo, Olivera trabaja en la actualidad en la Real Federación Española de Fútbol. Morocho también señaló al inspector jefe José Manuel Álvarez Luna, que sigue destinado en la Brigada Anticorrupción y que, según su relato, habría intentado modificar los informes que iban al juez.
El interés del PP por controlar la investigación policial se tradujo, cuando estaba en el Gobierno, en continuos ceses y nombramientos de policías afines. La más sonada de las destituciones fue la del comisario general de Policía Judicial, José Losada, en octubre de 2013, por no controlar las pesquisas del caso Gürtel sobre la exministra Ana Mato y otros dirigentes de la formación.
Pero las interferencias para sabotear el caso Gürtel se remontan prácticamente a su estallido, en 2009. El PP intentó entonces reducir la que acabaría siendo una de las causas de corrupción más graves de la democracia a las simples fechorías de un empresario que habría utilizado a la formación para cobrar comisiones. Bajo una estrategia dirigida por Federico Trillo, el PP consiguió mantener una secreta y continua comunicación con el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid antes de que Bárcenas dejara de estar aforado. Este juez llegó incluso a levantar la imputación del tesorero.
No es esta la única maniobra en el ámbito de la instrucción judicial que ha trascendido en los últimos años. El primer instructor de la caja B, Pablo Ruz, no pudo culminar su trabajo porque el Consejo General del Poder Judicial decidió no renovar su puesto interino en la Audiencia Nacional. Antes había tomado la decisión histórica de registrar la sede del PP tras negarse la formación a entregar la documentación que le requería y había expulsado al partido de la acusación popular que venía ejerciendo por pervertir esa figura y dedicarse, en su lugar, a defender subrepticiamente a Bárcenas, el hombre que guardó hasta 2010 la llave de la caja del partido, una caja rebosante de dinero negro.
