La conselleira de Vivenda asegura en un escrito dirigido a José Luis Ábalos que la medida supone «una desprotección para los arrendadores» y que «puede desincentivar la salida al mercado de vivienda en alquiler»
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Una familia en su vivienda, durante el confinamiento derivado del estado de alarma // EFE/Ángel Medina G.
La Xunta de Galicia cree que la decisión del Gobierno de prohibir los desahucios durante la crisis del coronavirus enfría el mercado inmobiliario y supone «una desprotección» para los propietarios y así se lo ha hecho saber al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez Mejuto, ha dirigido una carta al ministro José Luis Ábalos en la que se queja de que Galicia no haya sido informada con antelación de los planes del Gobierno para impedir que los dueños de los pisos puedan echar a sus inquilinos si, como consecuencia de la situación económica, no son capaces de afrontar el pago de los alquileres.
En la misiva, fechada el pasado lunes 13 de abril y a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, se dice lo siguiente: «Las medidas previstas suponen una desprotección para los arrendadores, lo que en el futuro, claramente, puede desincentivar la salida al mercado de vivienda en alquiler debido a la inseguridad jurídica que se crea para los pequeños propietarios, para los que además, en muchos casos, las rentas de los alquileres constituyen sus ingresos y forma de vida».
La conselleira gallega de Vivenda apoya sus argumentos en las quejas recibidas desde el sector inmobiliario: «Estas preocupaciones nos fueron trasladadas por los representantes de los intermediarios inmobiliarios que operan en la comunidad autónoma, administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria». Sobre la postura al respecto de otros colectivos como la PAH o las plataformas antidesahucios la conselleira no introduce ni una palabra.
La responsable del departamento de Vivienda del Gobierno gallego también se muestra disconforme con el plan de ayudas diseñado por el Gobierno para cubrir con ayudas y créditos a las familias y arrendadores que se vean afectados por las consecuencias económicas de la pandemia. Según la administración gallega, Madrid no ofrece el dinero suficiente, y para cimentar su queja, la carta incluye datos cuanto menos sorprendentes. Ángeles Vázquez asegura en su carta que «en un cálculo absolutamente conservador se puede estimar que en Galicia podrían tener acceso a estas ayudas entre 50.000 y 75.000 familias», lo que implicaría «la necesidad de destinar entre 120 y 180 millones de euros» para ese cometido.
De acuerdo con los datos del Instituto Galego de Estatística (2018), el número de hogares gallegos con gasto de alquiler son 142.780. Las estimaciones del Gobierno de Feijóo suponen que el 52% de las familias en viviendas alquiladas tendrán que pedir ayuda para pagar sus mensualidades como consecuencia de la crisis económica asociada a la COVID-19. Con esos cálculos, la Xunta exige el pago de entre 150 y 180 millones de euros.
La carta enviada por la Xunta fue contestada por el Ministerio el jueves 16 de abril. El escrito de respuesta lleva la firma de la Secretaría General de Vivienda que dirige David Lucas y en él se plasma la diferencia de criterio que sobre la materia separa a ambas administraciones: «En modo alguno podemos compartir con usted que se haya producido desprotección de los arrendadores y mucho menos que estas medidas puedan desincentivar a futuros inversores en viviendas de alquiler», asegura la respuesta.
Las discrepancias entre ambos gobiernos también afloran cuando se aborda el nivel de interlocución con el que la administración que dirige Pedro Sánchez está asumiendo sus decisiones en materia económica. En su escrito, la consejera gallega se queja de que el Ministerio no informó de sus planes a las comunidades autónomas. En este punto, el departamento que dirige José Luis Ábalos también disiente: «El malestar que me traslada no se corresponde con las comunicaciones directas y personales que la Dirección General de Vivienda y Suelo ha mantenido con el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo en los días posteriores a la publicación del Real Decreto-Ley y previos a la Orden Ministerial, en las que se ha ofrecido toda la información requerida y la resolución de dudas. El ofrecimiento continúa vigente y con continuas conversaciones y reuniones virtuales que se están celebrando con todas las comunidades autónomas que lo solicitan».
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