Desde su confinamiento en el ático de lujo hasta los menús de Telepizza, la macrofactura de IFEMA o el controvertido Isabel Zendal, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado un 2020 lleno de titulares y promete un 2021 plagado de sorpresas.
Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid el 13 de agosto de 2019, en las jornadas de investidura // David F. Sabadell
“Los contagios se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid”. “Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado”. “IFEMA ha demostrado que en los hospitales que tienen techos altos los pacientes sanan muy bien”. Sirvan estas tres frases de ejemplo para recorrer el 2020 de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un año que ha atravesado de polémica en polémica y que acaba con un macrohospital sin quirófanos como su antídoto para atajar la pandemia.
Aunque no lo recordemos, los primeros compases de este año los pasó apartada de las cámaras, confinada en un ático de lujo de la cadena hotelera del empresario Kike Sarasola. Paralelamente aparecerían en escena los menús de Telepizza, la macrofactura del hospital de campaña de IFEMA, los criterios para no derivar a mayores a hospitales y más adelante los cierres perimetrales en el sur de la comunidad o las largas colas de los profesores para hacerse un test. Repasemos en este artículo sus diez polémicas más sonadas en estos 12 meses que ya acaban.
El ático caído del cielo
El 16 de marzo, la presidenta confirmaba que había dado positivo. “Voy a seguir trabajando, como siempre, aunque aislada, al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para estar informando sobre el covid y cómo ir mejorando los servicios”, anunciaba en un vídeo en Twitter realizado desde su despacho. Ese mismo día, en una videoconferencia con medios explicó que había acondicionado un despacho en un apartahotel. “Fuera de mi vivienda habitual para no contagiar a los vecinos”, dijo. En realidad, se refería a la lujosa royal suite skyline del apartahotel Be Mate Plaza España, de la cadena Room Mate, propiedad del empresario Kike Sarasola. Dos enormes terrazas con vistas panorámicas al Palacio Real y a la Casa Real, y 88 metros cuadrados interiores para un austero aislamiento, según publicaba Vanity Fair.
¿Era un regalo? Al principio, la Comunidad de Madrid afirmaba que no tendría ningún coste para las arcas públicas. Más tarde cambiaron la versión afirmando que ella misma pagaría de su bolsillo 80 euros por día, frente a los 200 euros que cuesta esa suite para el común de los mortales. Mientras, Ayuso pedía ayuda para Sarasola por Twitter.
‼️Pido al Gobierno de España no dejar abandonados a su suerte a los turistas que aún quedan en Madrid.
Pueden agruparlos en hoteles que ya se han ofrecido, como @roomMateHotels y otros muchos más. Madrid no puede abandonar a nadie.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 21, 2020
Casi dos meses pasó Ayuso en ese dilatado y lujoso aislamiento. El 18 de mayo, el gobierno regional publicaba en su web una adjudicación para que los hoteles de la cadena Room Mate alojaran a los sanitarios por 560.000 euros. Poco después, la administración rectificaba el contrato y atribuía la entrada en la web a “un error”. Así, Sarasola habría donado gratuitamente sus hoteles para luchar por la causa. La opinión pública pasaba página mientras había otras polémicas donde focalizar la atención.
Con Coca-cola
Paralelamente a sus primeros días de encierro, trascendía el menú escolar que la Comunidad de Madrid había planeado para las alumnas y alumnos con beca comedor y que se habían quedado sin ella por el cierre de las escuelas. Ayuso sorprendía a propios y a extraños con una selección de productos de Telepizza y Rodilla para paliar el confinamiento. “La Consejería ha organizado un dispositivo para que a partir de mañana los 11.500 alumnos que tenían precio reducido de comedor por recibir la RMI (Renta Mínima de Inserción) puedan recoger su comida en los locales de Telepizza”, afirmaba el día 16 de marzo, mientras nutricionistas y comunidad educativa se echaban las manos a la cabeza.
“No creo que los niños que están confinados, que están ‘jartos’ de estar ahí, tengan que aguantar los menús que les darían sus señorías de Podemos que a lo mejor son los menús que les pondrían en Venezuela, que es nada”, afirmaba Ayuso ante la asamblea
Abel Esteban, coordinador de un proyecto para fomentar la alimentación saludable y sostenible en centros educativos de la Comunidad, afirmaba en El Salto que detrás de esa decisión están los vínculos entre la Fundación de la Nutrición (FEN), que asesora al gobierno regional, con estas empresas, siendo uno de sus vocales Fernando Frauca Amorena, alto cargo de Telepizza.
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El 4 de mayo, y en una de sus reapariciones estelares ante el pleno de la asamblea de Madrid —el gobierno regional estuvo más de un mes sin someterse a una sesión de control —la presidenta justificaba su elección. “No creo que los niños que están en sus casas y confinados, que están ‘jartos’ de estar ahí, tengan que aguantar los menús que les darían sus señorías de Podemos que a lo mejor son los menús que les pondrían en Venezuela, que es nada”. Y añadía el famoso latiguillo de “con Coca-cola”.
Mayores sin atención hospitalaria
Pero mientras las polémicas de chiste fácil copaban sus minutos de gloria en las tribunas, algo más duro estaba ocurriendo dentro de las residencias de mayores, principal foco de la tragedia. En silencio y con poca trascendencia, ancianos y ancianas veían negada su derivación hospitalaria en función de criterios relacionados con su estado físico y cognitivo. En mayo, Infolibre publicó la primera orden. Del 18 al 25 de marzo se firmaron cuatro protocolos por un responsable del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Protocolos que no fueron vistos por ningún Ministerio del Gobierno central. Estas órdenes incluían pautas para que los pacientes fueran trasladados solo si no presentaban deterioro cognitivo o no tenían alguna discapacidad física. También en Atención Primaria se establecieron criterios para limitar el traslado de mayores de 80 años, tal y como publicó El Salto.
Desde el 18 al 25 de marzo la comunidad firmó cinco protocolos con órdenes que condicionaban los traslados hospitalarios para pacientes en función de su estado físico o cognitivo
“Mi madre estaba en la residencia Parque de Los Frailes de Leganés (Madrid) y fue trasladada al hospital por error. Se pensaban que podía caminar. Si se hubieran dado cuenta de que era totalmente dependiente no la hubieran trasladado”, explicaba a El Salto Carmen López, presidenta de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (ADEMAF) e Integrante de la Marea de Residencias.
Ayuso llegó a reconocer la existencia de estos protocolos en una entrevista en El Mundo. “Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado”, aseguraba, tal y como contábamos al principio del reportaje.
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Ifema y el vaciamiento de la atención primaria
El 23 de marzo, las instalaciones de la Feria de Madrid (conocidas como IFEMA) se transformaron en un hospital de campaña que la comunidad habilitó en apenas 48 horas. Dos grandes pabellones pensados para descongestionar las plantas y urgencias de los hospitales ante el aumento incesante de casos de coronavirus. Para rellenar la plantilla de este centro, la presidenta reclutó a personal voluntario entre hospitales y centros de atención primaria, lo que ocasionó una herida en las plantillas de algunos ambulatorios que aún hoy sigue sangrando. Algunos permanecen con servicios a medio gas y durante la desescalada más de una decena llegó a cerrar consultas.
“IFEMA fue una acción con finalidad propagandística y unos sobrecostes que no son justificables de ninguna manera, absolutamente desproporcionados y con empresas conocidas por la privatización sanitaria”, afirma Mónica García
Mónica García, portavoz de Más Madrid en la asamblea, explicaba a El Salto que había alternativa a IFEMA, calificando el gran despliegue como “propagandístico”. “Varias ONG ya tenían montados diferentes pabellones que hacían la función del Ifema, pero cerca de un hospital y esto era lo que recomendaban los expertos en pandemias. Para montar el Ifema hubo que desmontarlos. Y a esa acción de finalidad propagandístico hay que añadirle unos sobrecostes que no son justificables de ninguna manera porque no devienen de la urgencia, la necesidad o la demanda, son absolutamente desproporcionados y con empresas conocidas por la privatización sanitaria” destacaba esta diputada. La factura de este “hospital milagro” habría ascendido hasta los 59 millones con 132 contratos realizados por la vía de emergencia. Pliegos cuantiosos como el adjudicado a Clece (filial de ACS,) para llevar a cabo la limpieza por 3,9 millones de euros.
El 1 de mayo estas instalaciones cerraban puertas, no sin polémica (que analizaremos más adelante). Días después, una exultante Ayuso se vanagloriaba de su azaña asegurando en Onda Cero que “IFEMA ha demostrado que en los hospitales que tienen techos altos los pacientes sanan muy bien”. Y dejaba suspendido en el aire que no sería el último experimento en ese sentido. Tendríamos que esperar siete meses para ver una instalación similar, esta vez construida de la nada, denominada Hospital Enfermera Isabel Zendal.
Sanitarios sin contratos
Mientras, los profesionales sanitarios que habían sido contratados como refuerzo para luchar contra la pandemia, llamados refuerzos covid, veían cómo sus contratos fueron rescindidos de la noche a la mañana a principios de abril, tal y como adelantaba El Salto.
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En pleno pico de la pandemia, la comunidad confirmaba en mesa sectorial que los 10.000 profesionales extra no serían renovados, lo que provocó las quejas de los sindicatos y la presión para que esta situación fuera subsanada. Muchos, llegados desde todas las partes del Estado para supurar la situación de Madrid, volvían a sus lugares de origen sin entender nada. CC OO hablaba de decisión “indecente”, “desgobierno” y “temeridad, “porque reducirán de nuevo las plantillas a cifras con las que será imposible afrontar los retrasos de consultas, cirugías o pruebas diagnósticas”.
Fin de fiesta y bocatas de calamares en IFEMA
El 29 de abril, Ayuso espetaba en la asamblea de Madrid que “el 8M fue el mayor infectódromo de Madrid». Dos días después, ella montaba su propia convocatoria multitudinaria, coincidiendo con el día del trabajador y la trabajadora. Así, el 1 de mayo el hospital de campaña de IFEMA cerraba las persianas con un apretado festín que agolpaba a sus puertas a miles de personas entre curiosos, sanitarios que reclamaban test para todos, responsables políticos y un food truck de fondo que vendía bocatas de calamares. No faltaba nada, solo un pequeño detalle: las distancias de seguridad, por las que clamaba durante su solemne mitin de despedida.
Días más tarde, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida pedía perdón por el acto de cierre. Después, Ayuso le tomaba el testigo. “Yo me disculpo por ello, debimos invitar a muchos menos”, reconocía en una entrevista en Telemadrid. Eso sí, insistía en que se mantuvieron las distancias de seguridad en un acto que describía como “una explosión de alegría”.
Hacinados test serológicos para profes
Para nuestra próxima polémica tenemos que saltar hasta septiembre. La consejería de Sanidad citaba el día 2 a buena parte de la plantilla educativa en torno a seis edificios para hacerse las pruebas serológicas antes de iniciar el curso. Tenían hasta el día 7 para completar la tanda, pues el colegio arrancaba el 8 y nada se había hecho hasta ahora. Largas colas en el IES Virgen de la Paloma en la capital y en el IES María Zambrano de Leganés. 400 profes citados a la hora según el sindicato STEM. Más de 100.000 profesores deberían de ir pasando por estas dependencias en escasos días.
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Ante las imágenes que iban trascendiendo en las redes, la comunidad tuvo que suspender las pruebas el primer día. Las aglomeraciones eran ya inmanejables. Ayuso tuvo que pedir perdón. “De los seis edificios habilitados para la prueba, a pesar de todo el esfuerzo, hubo problemas en uno. Por ello quiero pedir disculpas”, escribía en Twitter. Mientras, el consejero de Justicia, Enrique López aseguraba que el plan “no ha sido precipitado en absoluto” y que los problemas “mañana serán una anécdota”.
Confinamientos y “modo de vida” de la inmigración
El 15 de septiembre, y en un Madrid desconfinado que miraba alarmado el contador de contagios por covid 19 —y con unos centros de atención primaria desmantelados—, durante el debate de control al gobierno de la región, la presidenta analizaba el estado de la cuestión y relacionaba los aumentos en la zona sur con una llamativa cuestión. “Los contagios se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid”.
“Tampoco he hablado de los inmigrantes de manera racista ni despectiva, es la supremacía y el juego de siempre de la izquierda: ahora yo ya me embarro, empiezo a explicar lo que he dicho y ya tengo teletipos y ya tengo lo de siempre”, se justificaba Ayuso en la asamblea
Después de que Jacinto Morano, de Unidas Podemos, obligara a la presidenta a retractarse, ella insistía. “Tampoco he hablado de los inmigrantes de manera racista ni despectiva, es la supremacía y el juego de siempre de la izquierda: ahora yo ya me embarro, empiezo a explicar lo que he dicho y ya tengo teletipos y ya tengo lo de siempre”.
Ese mismo viernes, la Comunidad de Madrid anunciaba el cierre perimetral de 37 zonas sanitarias. La gran mayoría en el sur. Vecinas y vecinos de barrios y municipios sureños contestaban en las calles ante lo que consideraban la creación de guetos para estigmatizar a la población. Recordaban que “el modo de vida” no era algo elegido sino las circunstancias vitales que les abocaban a usar transportes públicos hacinados (demandaban el aumento de la frecuencia en buses y metros) o centros de salud saturados.
Alumnos sin refuerzos
Acababa el año y acababan también los refuerzos covid planeados en las aulas. Con el inicio del curso, la bajada de ratios y las especiales circunstancias en las que se encontraban algunas niñas y niños tras el frenazo en el curso pasado, se aprobó la contratación de personal extra, una parte para ejercer en las aulas desdobladas y otra parte como refuerzo. Antes de las Navidades el gobierno regional ya avisaba de que estos últimos, que finalizaban contrato el 22 de diciembre, no serían renovados.
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Así las cosas, el día de la lotería, 1.117 docentes se quedaban en la calle entre protestas. Madrid se separaba así de la mayoría de autonomías que han considerado necesaria la continuidad. “Hemos estimado que serían más de 20.000 alumnos los que se quedan sin esos refuerzos que han sido comodines para todo”, explicaba Sofía, maestra de primero de primaria en una escuela de Móstoles, a El Salto. 48 horas antes Ayuso se manifestaba contra la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celáa.
El Zendal de las polémicas
Y, como todo lo bueno se hace esperar, también la polémica que más titulares ha levantado aguardaba hasta los últimos meses del año. El 1 de diciembre habría las puertas el hospital Enfermera Isabel Zendal, la apuesta de la presidenta de la comunidad que nacía sin plantilla propia para nutrir un espacio diáfano de camas contiguas al más puro estilo IFEMA. Las autoridades se vanagloriaban de haber construido en menos de 100 días un espacio de 80.000 metros cuadrados y tres pabellones que llegaría a albergar más de 1.000 camas y 48 de cuidados intensivos. Aunque levantaba el precinto con sólo un pabellón, en un área de 40 camas y 4 de UCI.
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Más de 100 millones de euros, 50 más de lo presupuestado, para unas instalaciones sin quirófanos, sin laboratorios y sin plantilla propia. Tan solo 106 voluntarios comenzaban a faenar en sus dependencias y la comunidad se veía obligada a empezar a reclutar a 563 trabajadores de manera forzosa entre el personal contratado como refuerzo covid. El rumor de la protesta entre el sector sanitario iba ascendiendo según se iban improvisando los planes. No entendían que “se fueran a desvestir hospitales para vestir otro”. La indignación cristalizada en una concentración a las puertas el día de la inauguración.
Y como guinda al pastel, tal y como publicaba El Salto, un paciente covid fue derivado desde el Zendal, el hospital que nacía para luchar contra la pandemia, hasta el Gregorio Marañón tras su empeoramiento.
Mientras, los primeros traslados forzosos comenzaban a ser comunicados y los profesionales prestaban testimonios que aseguraban que serían avisados con 24 horas de antelación para hacer las maletas desde sus centros de destino hasta el nuevo hospital de Valdebebas. Al mismo tiempo, Ferrovial se adjudicaba el contrato de mantenimiento por más de un millón de euros. Y como guinda al pastel, tal y como publicaba El Salto, un paciente covid había sido derivado desde el Zendal, el hospital que nacía para descongestionar al resto y luchar contra la pandemia, hasta el Gregorio Marañón tras su empeoramiento.
“Pero esta hazaña está aquí. Lo hicimos con el IFEMA, sorprendiendo al mundo, y lo haremos ahora. Nos criticaron por los test de antígenos, por los test en Barajas… pero el tiempo nos ha dado la razón”, aseguraba Ayuso el día de su inauguración, quien, sin duda, guarda más sorpresas para el 2021.
