- La Junta de Andalucía aprobó el 9 de marzo el decreto ley de mejora y simplificación
- Se modificaron 21 leyes y seis decretos y se llevó al Parlamento autonómico en pleno estado de alarma
- Ya lleva tres recursos en el Tribunal Constitucional, 80 organizaciones elevaron una queja al Defensor del Pueblo y ha despertado la indignación de los ecologistas
[label type=»success»]+reciente, publico.es, 16-06-2020:[/label] Asociaciones ecologistas piden «auxilio» al Defensor y a la Fiscalía frente a la reforma urbanística de Moreno
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en una imagen de archivo. / Efe
Un “fraude normativo”, un decreto que “contribuye a la degradación” y “banalización del parlamento autonómico”. La oposición parlamentaria en Andalucía no ahorra críticas para describir el Decreto Ley 2/2020, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Esta legislación modifica hasta 21 leyes y seis decretos y ha puesto en pie a decenas de organizaciones sociales en Andalucía. Por el momento, se han interpuesto tres recursos ante el Constitucional, una queja ante el Defensor del Pueblo y ha recibido la reprobación de las principiales organizaciones ecologistas. «Esta norma es como la contrarreforma legislativa de Lerroux y la CEDA en el bienio negro», ha denunciado el socialista andaluz Manuel Jiménez Barrios.
Por el momento, esta semana se ha vuelto a registrar un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, esta vez, de mano del PSOE de Andalucía y firmada por 50 senadores socialistas. Antes lo hicieron el propio Gobierno de España, con la admisión a trámite del Tribunal Constitucional, y el grupo Adelante Andalucía. «Estamos seguros que las prisas por aprobar este decreto es por la presión de los lobbies del turismo, de la construcción y determinados grupos de comunicación a los que el Gobierno de la Junta debe favores», afirma Diego Crespo, portavoz de Adelante Andalucía en la comisión de vivienda.
A la oposición andaluza no les gusta ni el fondo ni las formas. «El Gobierno de la Junta tiene intereses oscuros a la hora de tramitar este “decretazo”, en primer lugar por la forma de aprobarse ya que se realizó en la Diputación permanente, eludiendo un debate mucho mas profundo y con más garantías para los grupos de la oposición y en segundo lugar porque ya lo tenían preparado a principios de marzo y ni siquiera la llegada de la covid-19 los ha frenado ni han modificado nada a pesar de la crisis sanitaria, social y económica en la que nos encontramos», explica Crespo.
Por su parte, el portavoz socialista Manuel Jiménez Barrios asegura que la vía del «decretazo» no es un hecho puntual derivado de la parálisis del coronavirus, sino un modus operandi del Gobierno de Moreno Bonilla, que ha puesto en marcha «14 decretos ley» en año y medio de legislatura.
El objetivo de usar reiteradamente esta vía sería hacer «reformas ultraliberales» por la puerta de atrás, sin someter sus grandes proyectos a debate público o a un exhaustivo control parlamentario.
Pero el decreto de simplificación no solo ha tenido una respuesta de la oposición política. También ha hecho saltar las alarmas en las organizaciones sociales. Hasta 80 oenegés presentaron un escrito ante el Defensor del Pueblo el pasado 16 de abril. «Lo que ha intentado hacer es realizar de un solo golpe una reforma legislativa brutal«, explica Francisco Fernández, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una de las firmantes del documento. Este especialista cree que tras esta modificaciones está «una de las grandes preocupaciones» del Ejecutivo andaluz: «Controlar el aparato administrativo de la Junta de Andalucía«, que antes estaba en manos del PSOE, para «transformarlo a su imagen y semejanza».
A Rubén Pérez Trujillano, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y colaborador de cuartopoder, no le sorprende esta respuesta social tan contundente: «Aunque las circunstancias del estado de alarma amortiguaran la protesta pública, era de esperar que la sociedad civil organizada hiciera frente a un decreto inoportuno y oportunista en cuanto a la forma; nefasto y antiandaluz en cuanto al fondo».
Por su parte, las asociaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) han calificado el decreto como “un retroceso inaceptable en las garantías ambientales de las normas andaluzas, un grave ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública”.
¿Pero qué es tan polémico de este decreto? Estos son algunos de los puntos en disputa.
Las formas: por «decretazo» y en pleno estado de alarma
Tanto la figura legislativa elegida como los tiempos no han caído bien en la oposición. La figura del decreto ley, reservada para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, no sirve para la oposición. Además, fue aprobado en el Parlamento Andaluz, gracias a los votos de PP-A, Ciudadanos y Vox, a principios de abril, en pleno estado de alarma y con la diputación permanente sustituyendo al Pleno. «La utilización de la figura del decreto ley buscaba aprovechar la situación de excepcionalidad para esquivar el trámite de audiencia pública, la discusión parlamentaria y la movilización social», explica Trujillano.
¿Un nuevo ladrillazo?
En el decreto se plantea la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para reducir plazos en la tramitación de los planes urbanísticos. Sin embargo, los ecologistas creen que los proyectos acabarán aprobándose «sin las debidas garantías». «Ya han hecho cinco reformas de la ley urbanística en decretos. En todas desregulan. Con simplificar estamos de acuerdo, pero no en quitar controles«, explica el portavoz socialista, que cree que Moreno Bonilla se inspira en la «ley del suelo de Aznar».
El diputado de Adelante Andalucía coincide con esta lectura: «Es eliminar trámites burocráticos, menos control en las licencias urbanísticas y facilitar que los especuladores del suelo comercien con los espacios naturales de Andalucía y vuelvan a sembrar de cemento nuestra costa».
«Este decreto permite que la Junta de Andalucía modifique los Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios sin contar con ellos y así con la figura de Declaración de Interés Autonómico aprobar desde la administración andaluza macroproyectos urbanísticos o campos de golf», asegura el representante de Adelante Andalucía, que recuerda que «también permite la construcción de complejos turísticos en suelo no urbanizable», lo que podría convertir el litoral y los espacios verdes en nuevas zonas de especulación.
«Crea un espejismo de facilidades que es una trampa. La trampa del ladrillazo«, explica Trujillano, que pone un ejemplo del alcance de las modificaciones del decreto: «En apariencia, esto agiliza lo mismo la pequeña reforma del baño de un hogar humilde que la transformación de un bloque de viviendas en un negocio de alquileres turísticos. Parece una medida salomónica, pero no lo es, porque es sabido que las pequeñas actuaciones urbanísticas, de facto, venían pasando desapercibidas en la mayoría de los casos. Sin embargo, eso es imposible cuando se trata de construir un hotel a partir de cero. Es eso lo que importa al decretazo».
APDHA cree que la Junta aprovechará la situación de crisis que parece que va afectar al turismo para «contrapesar»con otro sector: el urbanismo. «Quiere hacerlo del mismo modo que en la comunidad valenciana o en la madrileña, a golpe de liberalización del suelo», asegura Francisco Fernández.
Un despropósito para el ecologismo
El decreto modifica varias leyes que diluyen garantías, según los ecologistas. Por ejemplo, eliminan la obligación del cálculo de la huella de carbono de la Ley de medidas frente al cambio climático o se modifica la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), sustituyendo la «autorización ambiental» por una «calificación ambiental». Aun así, la Junta asegura en el decreto que esto no supondrá «una merma en la protección del medio ambiente», algo que no se acaban de creer las organizaciones especializadas.
También se modifica el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, permitiéndose en los proyectos de recuperación voluntaria «dejar los suelos contaminados confinados» en el lugar donde se encuentren.
Además, hay otra modificación en el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre. El objetivo, sería eliminar la obligación de dotar de red de alcantarillado y depuración conjunta «a las urbanizaciones ilegales que se pretendan legalizar», según apuntan las organizaciones en el citado comunicado
El Audiovisual andaluz: carta blanca a las emisiones piratas
El «decretazo» también modifica la Ley del Consejo Audiovisual de Andalucía permitiendo la publicidad en emisoras locales «en situación de irregularidad jurídica». Unas 16 organizaciones de profesionales firmaron un documento común pidiéndole a la Junta su paralización. No solo alertan sobre la ruptura del consenso con el que sí se aprobó la Ley Audiovisual de Andalucía (2018), que salió adelante por unanimidad. También avisan de que derivará en «la desregulación en un sector que provocará más privatizaciones, competencia desleal, intrusismo laboral y carta blanca a las emisiones piratas y menos pluralidad informativa». Por su parte, el Consejo Audiovisual de Andalucía, al que afecta directamente, se ha limitado a pedir «diálogo y consenso».
Los partidos también tienen una opinión al respecto.»Quieren permitir que mediante el cambio normativo se pueda poner publicidad institucional en las radios ilegales, ¿hay alguien que pueda entender eso?«, se pregunta Jiménez Barrios.
«Va a realizar es una privatización así a las claras de muchas radios municipales que caerán en manos de los grandes medios comunicación con un sesgo ideológico importante, ¿es esa la manera con la que el Gobierno de la Junta entiende el pluralismo informativo?», advierte Diego Crespo.
Pero además, cree que el decreto abrirá a la puerta a que la Junta permita publicidad institucional en las radios sin licencia: «Eso sería saltarse la legalidad, ellos que son tan defensores de las normas y de la Constitución se la saltan cuando hay intereses económicos de por medio, por ejemplo, muchas de estas radios piratas están en manos de la COPE y con este decreto-ley van a financiar las emisoras piratas que tienen en Andalucía para que puedan sobrevivir y puedan mandar un mensaje ideológico muy concreto», explica el diputado andaluz.
Patrimonio histórico
El decreto también estima que no será necesaria «la autorización ni la comunicación» a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para la realización de obras que impliquen una «intervención mínima» en el entorno de estos bienes.
«Ya conocemos qué pasa cuando no hay obligatoriedad de este tipo de comunicaciones y cuando se eliminan trámites administrativos, que se producen desmanes urbanísticos y se pone en riesgo el patrimonio de los andaluces y andaluces por intereses económicos privados», zanja Diego Crespo.
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