La compra del patrimonio “tóxico” de las cajas a precio inflado, su venta a precio de saldo, la falta de transparencia y los conflictos de intereses son algunas de las irregularidades señaladas por el Plan Sareb, organización que reúne a más de 300 familias afectadas por el banco malo.
Una vecina de un bloque de la calle Cáceres, en Arganzuela (Madrid), propiedad de la Sareb y en pie de guerra contra los intentos de desahucio // Edu León
Los colectivos por el derecho a la vivienda y las más de 300 familias afectadas que forman parte del Plan Sareb han decidido elevar la presión al banco malo: presentarán una denuncia ante la Fiscalía europea para que investigue un posible delito de fraude, apropiación indebida, estafa y administración desleal en la gestión del patrimonio inmobiliario de esta entidad creada por el PP en 2012 para hacerse cargo de las viviendas y los préstamos de las cajas quebradas.
El pasado 5 de mayo, el Plan Sareb lanzaba un “ultimátum” al banco malo y al ministerio de Economía de Nadia Calviño, del que depende: si no anunciaba en los siguientes tres días hábiles una auditoría pública de las cuentas de la Sareb, este colectivo denunciaría “las irregularidades detectadas en materia financiera” ante la Fiscalía europea. Según José Luis Noriega, integrante del Plan Sareb y uno de los impulsores de la demanda, la Fiscalía europea sería competente en este tema ya que los 51.000 millones de euros que utilizó la Sareb para comprar el patrimonio tóxico de las cajas provenía de los fondos MEDE, una reserva de medio billón de euros prestados por distintos estados europeos para rescatar a los países en problemas por la crisis de 2008.
Se trata de la tercera vez que el Plan Sareb exige una auditoría al banco malo y la tercera vez que no obtiene respuesta. La campaña también presentó en noviembre de 2021 un informe ante la representación de la Comisión Europea en España en donde detallaba distintas irregularidades financieras cometidas en el proceso de creación de la compañía. Ante la falta de respuesta y de la “opacidad sistemática con la que actúa tanto Sareb como el Gobierno en relación con esta entidad”, en palabras de Lucía Casado, portavoz de la campaña, el Plan Sareb elevará el caso a la Fiscalía europea.
Existen suficientes “señales de alerta” e “indicios de prácticas colusorias”, dicen desde el Plan Sareb, que justifican una auditoría pública y una investigación por parte de la Fiscalía europea, entidad encargada de investigar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE
Las presuntas irregularidades denunciadas por el Plan Sareb se refieren a las “operaciones de valoración de activos, transmisión y contabilidad de Sareb, desde su constitución”. Para evitar que estas irregularidades se sigan perpetuando y ante los “riesgos de infravaloración de activos” en próximas operaciones, exigen que el banco malo suspenda su actividad hasta que se hagan públicas sus cuentas. Un riesgo aumentado después de que la Sareb haya entregado la comercialización de sus carteras a dos fondos de inversión estadounidenses —Blackstone y Hipoges— con una larga trayectoria de acoso inmobiliario y prácticas poco transparentes.
Más información: Especulación inmobiliaria El Gobierno entrega la Sareb a los fondos de inversión – Martín Cúneo
La opacidad y la falta de información sobre la actividad de la Sareb —no se sabe cuánto patrimonio tiene, cuánto ha vendido, a quién ni por cuánto dinero— convierte en imposible justificar la denuncia con cifras y acusaciones concretas, pero existen suficientes “señales de alerta” e “indicios de prácticas colusorias” que justifican una auditoría pública y una investigación por parte de la Fiscalía europea, entidad encargada de los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE, especialmente si están relacionados con el fraude y la corrupción, según su propia definición.
La historia de una estafa
En 2012, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, impulsó el nacimiento de la Sareb, una entidad creada para rescatar a la banca arruinada con dinero europeo prestado. La compra del patrimonio inmobiliario entonces considerado tóxico de las cajas no “costaría ni un euro” al Estado, afirmó entonces el actual vicepresidente del Banco Central Europeo. El Estado español, a través del FROB, se quedó con el 45% de las acciones y le dio el 55% restante a las principales entidades bancarias del país, aunque se hizo cargo del total de la deuda de 51.000 millones de euros como avalista. En 2021, ya era imposible esconder el fracaso del invento y Eurostat, la agencia estadística de la Comisión Europea, sumaba la deuda de la Sareb —35.000 millones de euros— a la deuda española. Al Gobierno no le quedaban muchas opciones y este año se hizo con la mayoría accionarial del banco malo.
En esta ruina y gigantesco traspaso de dinero público a manos privadas, sostiene Noriega en conversación con El Salto, tuvieron mucho que ver estas irregularidades que lleva más de un año denunciando el Plan Sareb. Entre las principales “señales de alerta”, figura el precio inflado al que la Sareb compró el patrimonio inmobiliario de la banca quebrada.
El informe de la consultora Oliver Wyman, que sirvió de base para transferir 51.000 millones de euros a la banca quebrada a cambio de sus activos inmobiliario tóxicos, fue tumbado dos años después por el propio Banco Central Europeo por tasar por encima del precio de mercado
Los activos inmobiliarios que iba a comprar la Sareb fueron valorados por la consultora internacional Oliver Wyman en 51.000 millones de euros. El informe de esta consultora, en el que se basó la cifra final del rescate y que fue avalado por el Banco de España, fue tumbado dos años después por el propio Banco Central Europeo al considerar que esa tasación estaba por encima de los valores del mercado. Según el BCE, el descuento real que tendrían que haber aplicado para los pisos tendría que haber sido del 75%. Con los precios pagados, la diferencia entre el descuento aplicado y el que debería haberse practicado fue una “ayuda del Estado” a la banca, según el BCE.
Las siguientes tasaciones redujeron drásticamente el valor del patrimonio inmobiliario de la Sareb. Si el pecado original del banco malo fue comprar a precio inflado, remató la operación vendiendo a precio de saldo las mejores promociones a los fondos de inversión, especialmente en sus primeros años de vida.
Estas operaciones de compra-venta del patrimonio de la Sareb han estado rodeadas de “conflictos de intereses”, señala Noriega. Especialmente porque “los que vendían y los que los que compraban eran los mismos”, dice. En toda la vida de la Sareb, la entidad estuvo controlada por “personas vinculadas a las entidades financieras presentes en el Consejo de Administración de la Sareb, que operan en el mismo ámbito de actuación: el mercado inmobiliario”. En 2015, Belén Romana dejó la presidencia de la Sareb, que había ocupado los últimos dos años, para ocupar un puesto en el Consejo de Administración del Banco Santander, entonces uno de los principales accionistas del banco malo, recuerda Noriega.
“Hay demasiadas señales de que se realizaron prácticas colusorias”, denuncia este integrante del Plan Sareb. Por la “vulneración de las leyes de competencia”, se podría hablar de que la Sareb actuó como un “cártel”, señala Noriega, con “cierto monopolio sobre un mercado”, con intereses cruzados entre quienes vendían el activo inmobiliario de la Sareb y los fondos y los bancos encargados de comprarlos. “Hubo una concentración en el mercado inmobiliario, en manos de la Sareb, que se convirtió en el centro neurálgico para facilitar la vuelta a la especulación después de que estallara la burbuja en el 2008”, indica.
La falta de transparencia es una constante en la historia del banco malo, señala Noriega. No hay constancia pública ni rendición de cuentas de los activos que tiene la Sareb, ni de su valoración, ni de las tomas de decisión. Esta opacidad es posible gracias a la “permisividad otorgada por el Banco de España a la entidad”. Según la circular 5/2015, señalan, queda a discreción del Consejo de Administración de Sareb “la elección del mecanismo de tasación de activos inmobiliarios que estime conveniente”. Las denuncias de inspectores del propio Banco de España en las que alertaban sobre irregularidades en el proceso de tasación “al haber realizado valoraciones muy a la baja” no cambiaron la política de opacidad del banco malo.
En 2017, un informe del Banco de España acusaba a la Sareb de estar vendiendo pisos por debajo de su precio de mercado y arrojaba dudas sobre todo el proceso de tasación, compras y ventas de activas. El informe describía una situación de caos, falta de criterio, rigurosidad y transparencia de la entidad
Este informe del Banco de España se realizó después de una inspección del supervisor del sector financiero de esta entidad a finales de 2015. Sus conclusiones fueron tan demoledoras como rápidamente olvidadas y arrojaron dudas sobre todo el proceso de tasación, compras, ejecuciones, daciones y ventas de activos. El informe describía una situación de caos, falta de criterio, rigurosidad y transparencia de la entidad.
El informe, apunta Noriega, “alertaba que esas tasaciones lo que habían provocado era una infravaloración” de los activos inmobiliarios: “Compraron a precio inflado y luego, a la hora de venderlos, lo tasaron por debajo de su precio. Ahí es donde está el agujero principal de Sareb”, resume.
“Desde el movimiento popular por el derecho a la vivienda seguiremos presionando para que Sareb deje de servir a los intereses del sector financiero y los especuladores”, señalan desde el Plan Sareb. Según su portavoz, Lucía Casado, no solo no ha habido avances relativos a la auditoría de las cuentas de la Sareb, sino que ni esta entidad ni el FROB están dando pasos efectivos para una solución negociada colectiva de los 300 casos presentados al Ministerio y al banco malo, con distintos problemas de desahucios, alquileres irregulares, no renovación de contratos y prácticas abusivas.
