Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia ya recurrieron en vía administrativa 13 nombramientos, y esta semana lo han hecho ante el Alto Tribunal. El CGPJ, en funciones desde diciembre, defiende su gestión.
Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) // EFE/Ángel Díaz
Dos asociaciones judiciales han llevado ante el Supremo al órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace ocho meses, denunciando que realiza nombramientos que no se ajustan a la Ley. Este es el resumen de la situación de tensión que viven las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato de cinco años expiró el 4 de diciembre.
El punto álgido de este episodio se dio el miércoles, cuando ambas asociaciones anunciaron la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, contra las últimas 22 convocatorias y posteriores nombramientos del Consejo. Algunos de estos nombramientos hacen referencia a cargos de peso en tribunales y órganos judiciales repartidos por todo el territorio, entre ellos la presidencia de la Audiencia Nacional, que seguirá en manos del magistrado José Ramón Navarro, elegido por unanimidad por los 20 vocales del CGPJ y su presidente, Carlos Lesmes.
De hecho, la AJFV reconoce que entre los beneficiados por estos nombramientos hay incluso jueces adscritos a esta asociación, como la magistrada María José Hernández, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón desde finales de junio. No obstante, y como han defendido en distintos comunicados, aseguran que su prioridad es velar por la corrección de estos nombramientos, y no tanto por el beneficio que les reporten.
Estas asociaciones son la segunda y la tercera con mayor respaldo de la carrera judicial, respectivamente –aproximadamente la mitad de los más de 5.400 jueces están asociados–.
Antes de llegar al Supremo, ya reclamaron por vía administrativa al propio CGPJ que revocara 13 de estas convocatorias y suspendiera cautelarmente esos nombramientos. La suspensión cautelar fue rechazada, pero el consejo ni siquiera ha resuelto los recursos de convocatoria, sostienen.
En esencia, argumentan que la reforma del artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada el 28 de diciembre de 2018 –y en vigor transcurridos 20 días de esta fecha–, establece la necesidad de que estos nombramientos se hagan respetando determinados criterios de mérito, capacidad y experiencia. Desde la Asociación Francisco de Vitoria explican que esta modificación legislativa es fruto de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), un órgano del Consejo de Europa. Precisan que, hasta la entrada en vigor de esta modificación, podía ser criticable que el CGPJ efectuara nombramientos estando en funciones, pero reconocen que técnicamente esto no suponía el incumplimiento de ninguna norma. La única limitación expresa al Consejo cuando este en funciones hace referencia a la imposibilidad de nombrar un nuevo presidente.
A su vez, desde Jueces y Juezas para la Democracia apuntan que la sensación que les genera este tipo de nombramientos es que el CGPJ tiene prisa por colocar a personas afines en puestos clave. El portavoz de esta asociación, Ignacio González de Vega, asegura a Público que el Consejo no actúa correctamente, ya que tras la entrada en vigor de la modificación legal en cuestión «procede modificar el Reglamento» que regula los nombramientos de cargos judiciales. «Tiene que hacerse una reforma reglamentaria, es necesario dar trámite de audiencia a las asociaciones judiciales, y no se hace», denuncia.
Precisamente, este mismo jueves el poder judicial ha anunciado la aprobación de las bases de convocatoria de otros 16 cargos judiciales. Ambas asociaciones encuadran esta aprobación de bases de convocatoria –no de nombramientos– en la misma línea de actuación ya criticada. Si se adjudican esas plazas como se ha hecho hasta ahora, apuntan desde Jueces y Juezas para la democracia, no descartarían volver a recurrir al Supremo.
El CGPJ se defiende
La renovación del CGPJ depende de las Cortes Generales. Tras fracasar el pacto de PSOE y PP para acometerla, en noviembre de 2018, no ha habido nuevos intentos por designar al presidente y los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces. Hasta la fecha, Lesmes ha remitido dos cartas a las Cortes (las anteriores a las elecciones del 28-A y las resultantes de estos comicios), requiriéndoles que aborden este asunto.
Por su parte, desde el CGPJ afirman que los nombramientos se rigen a lo dispuesto en la Ley Orgánica en cuestión, y esto pasa, entre otras cosas, porque cada plaza se amolde a las bases aprobadas por el Consejo. «Lo que hace el Consejo es aprobar las bases en función de la Ley», precisan, destacando que la ley orgánica tiene un mayor rango que el reglamento, e incidiendo en que actúan en base a esta normativa.
Entre otras plazas, se espera que en septiembre se convoque la elección del nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el cargo que hoy ostenta el magistrado Manuel Marchena, cuyo mandato expira en octubre.
Recuerdan también el caso del magistrado Luciano Varela, miembro de la misma Sala e integrante del tribunal que preside Marchena, responsable de juzgar a la cúpula del ‘procés’ catalán. Varela ha sobrepasado la edad máxima de jubilación permitida a los jueces, si bien tiene permiso para seguir ejerciendo hasta que se publique la sentencia del ‘procés’.
Además, en contra de lo que afirman estas asociaciones, desde el CGPJ sostienen que sí les dieron audiencia, entre otros momentos, al establecer las bases de convocatoria. Sin embargo, una cosa es escuchar a las asociaciones, y otra aceptar sus argumentos, zanjan.
