Los 11 del Raval, vidas truncadas para justificar una amenaza terrorista

  • El caso de los 11 pakistaníes acusados erróneamente de pertenecer a Al Qaeda vuelve a poner bajo sospecha el rigor de las instancias judiciales, policiales y políticas
  • El abogado defensor, Benet Salellas, advierte de los “daños irreversibles” que sufren los acusados de yihadismo: “No estamos ante un error judicial, se trata de una cuestión política”
  • ERC, ICV-EUiA y la CUP piden la revisión del caso y que se indemnice a los 11 inmigrantes encarcelados injustamente durante seis años

Nuevas acciones en Barcelona para denunciar la cara más oscura de la justicia, la policía y la política. Como ya pasó con la oleada de indignación que supuso el documental Ciutat Morta, que dejó a la intemperie las vergüenzas del sistema a raíz del 4-F, el caso de los 11 del Raval está llamado a ser un nuevo icono de la injusticia sistémica. Ayer por la tarde, decenas de personas llenaron la Rambla del Raval – #Justicia11delRaval, en la red—, para exigir la reparación de los daños causados a 11 ciudadanos que fueron injustamente juzgados y encarcelados por pertenecer, supuestamente, a Al Qaeda.

El caso tiene como origen el año 2008, cuando Barcelona parecía vivír al borde de un atentado yihadista. En ese contexto de incertidumbre permanente, el 8 de enero, la Guardia Civil detuvo a 14 inmigrantes acusados de preparar una acción terrorista en el metro de la capital catalana, donde cada día pasan miles de barceloneses y turistas. La operación se activó tras la declaración de uno de ellos, un presunto terrorista arrepentido, que supuestamente denunciaba a sus compatriotas a cambio de ser considerado testigo protegido. Tras sus declaraciones, 11 hombres fueron detenidos y juzgados, con condenas de entre 6 y 8 años. Los condenados, 10 de origen paquistaní y uno de origen indio, fueron deportados a Pakistán para cumplir la pena.

Tras una investigación periodística liderada por El Periódico de Cataluña se ha demostrado que el proceso se basó en falsedades y que dicho testigo era, en realidad, un traficante de personas paquistaní, Asim Iqbal, que habría mentido en su denuncia. Ayer, después de ocho años de los hechos, vecinos del Raval –el barrio con mayor inmigración de Barcelona—, asociaciones de derechos humanos, colectivos pakistaníes y partidos de izquierda, como ERC, ICV-EUiA y la CUP, exigieron justicia.

En primer lugar, que las familias de los condenados sean indemnizadas, que quienes fueron deportados puedan volver a Barcelona y, sobre todo, la puesta en libertad de Maroof Ahmed Mirza, el último de los condenados que todavía está prisión acusado, sin prueba alguna, de ser el jefe de la supuesta célula yihadista que nunca atentó en Barcelona.

En declaraciones a Catalunya Plural, Benet Salellas, el abogado que defendió a los detenidos, exige la reapertura del caso y va más allá de los posibles errores humanos que se pudieron cometer durante el proceso. “No estamos ante un error judicial, se trata de una cuestión política”, asegura aliviado por las últimas noticas, que confirman lo que él siempre defendió, pero preocupado por los “daños irreversibles” que han sufrido los detenidos y sus familias. “Si algo nos explica este caso, como algunos otros, es que hay ciudadanos que cuentan menos que otros”, relata Salellas, que denuncia las trabas que le impuso la Fiscalía para arrojar luz a algunos de los hechos.

El estigma, la fragilidad del testigo protegido y la necesidad de mantener viva la alarma terrorista

Para Salellas, que también llevará la reapertura del caso, existe una “necesidad del sistema” de mantener viva la alarma antiterrorista. Una lógica que explica la dinámica judicial que se inicia tras cualquier operación antiterrorista que, según el abogado, “impide dar marcha atrás pese a la insuficiencia de pruebas y parece que ha de terminar sí o sí en sentencia condenatoria”. En este capítulo, Salellas insiste en la “debilidad jurídica” del testigo protegido: “La historia era inverosímil, no tenía base alguna”, y añade que “no se puede mantener una acusación tan grave con una única versión”.

Salellas añade otro factor, como lo es el estigma hacia la comunidad musulmana. “Para los jueces el hecho religioso es un elemento de riesgo”. Según el abogado, “parece que el propio sistema sacrifique determinados ciudadanos, para demostrar eficacia policial y política”. De hecho, en el caso de los 11 del Raval, las familias tuvieron que abandonar su lugar de residencia y trasladarse a Inglaterra para huir del estigma de ser familiares de yihadistas.

En la conversación con Catalunya Plural, Salellas explica el riesgo que se corre al acusar y condenar erróneamente a según qué colectivos de yihadistas. Algo que, según relata, ya pasó en 2006, en la localidad catalana de Vilanova i la Geltrú, cuando un joven que vivió en primera persona la estigmatización emprendió un proceso de radicalización -“que en ningún caso es justificado”-, pero que acabó en Iraq luchando en nombre de Al Qaeda. “Hay estudios y casos que demuestran que los errores en operaciones de este tipo tienen un precio más alto”.

La izquierda catalana se solidariza

El caso de los 11 del Raval no ha pasado inadvertido por el Parlament. Partidos como ERC, ICV-EUiA y la CUP se han sumado a la condena ciudadana de los hechos con contundencia. En una rueda de prensa en la Cámara catalana, en la que asisitieron dos de los miembros de la comunidad paquistaní que fueron condenados, los tres grupos parlamentarios les pidieron disculpas por lo ocurrido y exigieron que se revise el caso y que se les indemnice por una sentencia injusta. Además, arremetieron también contra el “uso político” que se hizo del caso.

“Esto ha sido un Estado de excepción encubierto que ha proyectado la sombra de la sospecha sobre la comunidad paquistaní”, denunció el diputado de la CUP, David Fernàndez, que añadió: “Es un Guantánamo en el Raval, un Ciutat Morta II, una novela propia de Le Carré sobre servicios de inteligencia”, apostilló. Igual que Fernàndez, el diputado de ICV-EUiA, David Companyon, y el de ERC, Oriol Amorós, criticaron el uso político del Estado de derecho y los “montajes policiales”. El abogado del caso, Salellas, agradece a los partidos su apoyo, aunque recuerda la “actitud acrítica” de quienes fueran conseller y ministro de Interior de Cataluña y del Estado durante el proceso, Joan Saura (ICV) y Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE).