El Gobierno de Feijóo estableció servicios mínimos del 100% para los que dependen de la Consellería de Medio Rural y de sólo el 20% para los de Medio Ambiente, lo que hace recaer en estos últimos el peso de los paros y de los descuentos salariales.
Los agentes convocaron un paro indefinido el pasado 1 de agosto en protesta por las condiciones en las que trabajan // Europa Press
Los agentes medioambientales de la Xunta, que tienen encomendada la dirección de los dispositivos de extinción de incendios, están preparando una caja de resistencia para prepararse ante una nueva huelga y evitar que la Xunta la torpedee estableciendo servicios mínimos dirigidos a mermar su capacidad de aguante.
Los agentes convocaron un paro indefinido el pasado 1 de agosto en protesta por las condiciones en las que trabajan, que, según aseguran, ponen en peligro su seguridad. Un riesgo que, afirman, se vio incrementado por los servicios mínimos que estableció la Xunta y que los obligó a suspender la convocatoria.
“Vulneran el derecho a la huelga y además nos ponen en peligro en nuestro trabajo”, asegura Carlos Sanmiguel, agente y delegado de UGT, la central que convocó los paros junto a la Confederación Intersindical Galega (CIG).
Sanmartín explica que los agentes de la Xunta, a quienes se conoce popularmente como “agentes forestales” aunque su denominación oficial es desde hace unos años “agentes medioambientales”, tienen entre sus funciones la protección del medio natural y la dirección de las operaciones de extinción de incendios. También la lucha contra la pesca furtiva y la caza ilegal. Trabajan para la Consellería de Medio Rural y para la de Medio Ambiente y Ordenación do Territorio.
El pasado 20 de julio, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la orden que regulaba los servicios mínimos de la huelga que habían convocado días antes. Para los agentes adscritos a Medio Rural, y alegando que estamos en plena época de máximo riesgo de incendios forestales, estableció la obligación de que trabajara el 100% de la plantilla. Es decir, que ningún funcionario podría hacer huelga. Para los de Medio Ambiente, sin embargo, y a pesar de que en verano también se encargan de la vigilancia del monte y de la lucha contra el fuego, limitó la presencia mínima de personal a un 20%.
“Es una maniobra indecente e irresponsable”, asegura Sanmiguel, que explica que, con esa obligación legal, todo el peso de la huelga recaería exclusivamente en los agentes que dependen de Medio Ambiente, que serían los únicos a los que se les aplicarían descuentos en sus nóminas por cada jornada que decidieran secundar el paro. La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, se jactó hace unos días de que gracias a esos servicios mínimos la huelga era “inexistente”.
“Lo que estamos haciendo ahora es preparar una caja de resistencia para cubrir las necesidades de aquellos compañeros que, en caso de reanudar la huelga, se vean obligados a asumir el peso de la misma”, afirma Sanmiguel. De momento han empezado con una aportación de 50 euros por trabajador, y 350 agentes ya han mostrado su acuerdo. “Si vuelven a actuar de esa manera, les vamos a combatir con apoyo y solidaridad”, matiza.
La conselleira de Medio Rural se jactó de que gracias a esos servicios mínimos la huelga era “inexistente”
Sanmiguel añade que los servicios mínimos que decretó la Xunta para reventar la huelga también son “irresponsable” porque ponen en peligro su seguridad. La Consellería de Medio Ambiente divide el territorio de Galicia en veinticuatro distritos, incluidos cuatro parques naturales. Cada uno de ellos llega a agrupar el territorio de una docena de municipios. Y en veinte de ellos, los servicios mínimos establecen que en cada uno de ellos sólo tendrá que estar de guardia un solo agente.
“Una persona sin apoyo puede encontrarse con un problema grave si tiene que enfrentarse en solitario a una partida de furtivos. No es la primera vez que sufrimos agresiones, y es un peligro que no podemos correr”, detalla. El sindicalista recuerda que los agentes no van armados –“las armas se fueron deteriorando y no las repusieron”- y que ni siquiera disponen de equipos de radio que les permitan mantenerse comunicados en las zonas de sobra de la telefonía móvil. La inmensa mayoría de esas zonas están en Galicia precisamente en las áreas donde ellos patrullan.
Los agentes han presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo para denunciar que la Xunta incumple con ellos la normativa básica en materia de seguridad laboral. Y plantearon la huelga después de varios años reclamando al Gobierno de Feijóo, entre otras medidas, que los dote de los equipos de protección necesarios; que renueve un parque móvil obsoleto; que equipare sus condiciones salariales a las de otros cuerpos que asumen tareas de riesgo similar; que impida que los funcionarios de mayor edad o con problemas de salud acudan a la primera línea de fuego; que no reduzca cada año la plantilla amortizando a los agentes que se jubilan, y que organice los turnos de trabajo para evitar que se vean obligados a patrullar el monte en solitario e incomunicados durante jornadas de hasta doce horas.
La Xunta y los agentes volvieron a reunirse ayer. UGT y la CIG se levantaron de la mesa y advirtieron de que no volverán a negociar si la Xunta no acepta mejorar sus condiciones asumiendo un complemento de peligrosidad lineal para todos los funcionarios. La semana pasada, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, prometió que el Ejecutivo destinará en torno a 5.000 euros anuales por agente para establecer medidas de conciliación familiar y laboral, aunque no se hará subiéndoles el sueldo sino mediante un nuevo sistema de guardias localizables y no presenciales.
