Su defensa considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales tanto en la detención como en la instrucción de la causa
Ernest Maragall y Andreu Van Den Eynde durante la comparecencia de prensa // Arturo Puente
El equipo jurídico de algunos de los altos cargos de la Generalitat detenidos la semana pasada por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre, capitaneado por el abogado Andreu Van Den Eynde, llevará al Estado español ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), situado en Estrasburgo.
Así lo ha anunciado este miércoles el abogado, quien ha asegurado que, tras analizar el procedimiento por el que se detuvo a su representado, Josep María Jové, exsecretario general de la Vicepresidencia, junto a otras 13 personas de la Generalitat, el equipo que dirige considera tener argumentos jurídicos para afirmar que se han vulnerado sus «derechos fundamentales y sus derechos convencionales».
Acompañado del ex eurodiputado de ERC Ernest Maragall, el letrado, que también defiende a la presidenta del Parlament Carme Forcadell en su causa ante el TSJC, ha indicado que consideran que se dan todas las condiciones para entender que hay un estado de excepción no declarado, lo cual será una violación de los tratados internacionales firmados por España. Por ello, consideran que están en condiciones de pedir responsabilidades al Estado español a través del tribunal de Estrasburgo.
Entre las presuntas violaciones que la defensa de los detenidos enumera hay una parte que tienen que ver con la forma en la que se efectuaron las detenciones, como el hecho de tener a los altos cargos el máximo de tiempo que la ley permite o haberles hecho declarar esposados. Además, señalan la irregularidad de que el mismo juez que ordenaba la actuación casualmente estuviera por la tarde de guardia, siendo el encargado de valorar la petición de ‘habeas corpus’ de los detenidos.
Pero también cuestionan el procedimiento general, considerando una vulneración de los derechos de los procesados que haya hasta tres procesos por los mismos hechos –el referéndum– discurriendo en paralelo: uno llevado por la Fiscalía, otro por el juez de instrucción número 13 de Bracelona y otro por el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona.
Fue el juez del 13, en concreto, quien ordenó los 41 registros del día 20 de septiembre, un magistrado que mantiene la causa secreta desde hace más de medio año y raíz de la investigación por las declaraciones del exsenador de ERC Santiago Vidal.
