“Perseguiremos al Gobierno español tropecientos años si es necesario hasta que recibamos lo que se nos debe”. Es la amenaza que han hecho los fondos buitre acreedores de las nueve autopistas quebradas, que reclaman la friolera de 4.500 millones de euros (y no 2.000 como engaña Fomento) que devorarán el déficit público por unas carreteras-pelotazo inútiles y mal planteadas por la trama mal avenida de los Aznar, Cascos, Aguirre y Gallardón de turno para lucrar a sus cómplices las constructoras metiendo las manos en los bolsillos del personal a través de peajes.
La R-4 será la primera en ser rescatada, en febrero // David Fernández
Estos fondos oportunistas, que compraron en 2016 a precio de derribo la deuda de las autopistas quebradas a bancos nacionales y extranjeros, tienen sobrada experiencia: Algunos de ellos han carroñeado en la Argentina del corralito y en la bancarrota de Puerto Rico.
Las autopistas quebradas en cuestión son las radiales R-2 Madrid-Guadalajara, R-3 Madrid-Arganda, R-4 Madrid-Ocaña, R-5 Madrid-Navalcarnero; el Eje Aeropuerto Barajas M-12; las autopistas AP-41 Madrid-Toledo, AP-36 Ocaña-La Roda, AP-7 Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante. Y las constructoras, las de siempre: ACS (Florentino Pérez), Abertis, OHL (Villar Mir), Sacyr (Del Rivero), Isolux, Cintra, Ploder, Globalvia y Acciona, entre otras.
La declaración de los tropecientos años la hizo Manuel Martínez-Hidalgo, director del banco de inversión carroñero Houlihan Lokey, que representa a los fondos buitre King Street, Taconic, Strategic Value Partners y Attestor Capital, en el ‘Financial Times’, en inglés, el pasado 4 de diciembre de 2017. Goldman Sachs y Deutsche Bank, también acreedores, que son igual de buitres, hicieron rectificar al salmón global para que no les metiera en el mismo saco.
Entre los acreedores de la deuda de estos fiascos de peajes han figurado a lo largo del proceso muchos bancos españoles, tal que Bankia, Santander, Sabadell, Caixabank, BBVA, Popular, Novobanco, Unicaja, Cajamurcia, Cajamar o el mismísimo Instituto de Crédito Oficial (ICO); pero también extranjeros, como el Royal Bank of Scotland, ING, Natixis, Société Générale, Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas o Lloyds. Muchos de ellos han ido soltando lastre traspasando con descuentos de hasta el 90% a los buitres de los “tropecientos años”, que ahora reclaman el máximo, gracias al buen hacer de la clase política española.
Houlihan Lokey, en FT: “Es el tipo de comportamiento que esperabas de Argentina o Venezuela, no de España”
Martínez-Hidalgo aseguró que los buitres estaban dispuestos a luchar contra España en los tribunales locales e internacionales si no se llegaba a un acuerdo mutuo. También acusó al Gobierno de Rajoy de retrasar deliberadamente el acuerdo para postergar el mayor tiempo posible el problema político de anunciar el pago y aumentar la deuda nacional. “El Gobierno está tomando una decisión económica pobre [al no negociar] simplemente para retrasar el impacto político -dijo- este es el tipo de comportamiento que esperabas de Argentina o Venezuela, no de España”, declaró al ‘Financial Times’.
Y efectivamente, si en algo se parecen la Argentina de Macri y la España de Rajoy es en que ceden a la presión de los buitres en detrimento de sus contribuyentes. Precisamente, algunos de los fondos oportunistas acreedores de las radiales ya han atacado a la Argentina del corralito, como Attestor y King Street; y al Puerto Rico en bancarrota, como Taconic. Por su parte, Houlihan Lokey, conocido como “el rey de las quiebras”, ha hozado en los casos de Lehman Brothers, Enron o General Motors, sin hacerle ascos a las mierdas más de andar por casa de Martinsa-Fadesa, Abengoa, Isolux, Panrico, Pesacanova y hasta Prisa.
Ana Pastor: “La solución para las autopistas no costará un euro al ciudadano”
El pasado martes, 13 de febrero, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una Proposición no de Ley (PNL) que instaba al Gobierno a “mantener en el sector público las 9 autopistas quebradas y rescatadas con dinero público, renunciando de forma explícita a volver a privatizarlas, dando marcha atrás en los pasos que ya ha dado para volver a adjudicárselas al sector privado, esto es, paralizando de inmediato el procedimiento de licitación de dos contratos de servicios para la realización de algunas de las actividades preparatorias necesarias para volver a privatizar esas vías, publicado en el BOE del 4 de octubre de 2017” y a “no ampliar los periodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje a medida que vayan alcanzando el final del período concesional en los próximos años, de tal forma que su explotación se realice de forma directa por el sector público, empezando por las que terminan entre 2018 y 2021”.
Toda la Cámara Baja, salvo Foro Asturias, que votó en contra, y el PP, que se abstuvo, aprobó la PNL de Unidos Podemos pactada con ERC. De poco ha servido. Ese mismo día, el Gobierno se pasó por el arco del triunfo la voluntad parlamentaria asegurando que prevé asumir la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra en los próximos meses (la primera, la radial R-4 Madrid-Ocaña ya mismo, el 21 de febrero) y adjudicarlas de nuevo antes de que acabe el año.
“La solución para las autopistas no costará un euro al ciudadano”, afirmó la exministra de Fomento con Rajoy y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, y se quedó tan oreada. Su sucesor, el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconoció en una entrevista en el canal 24 horas de TVE que el coste de la liquidación de estas vías, como bien decían los buitres, “efectivamente tendrá impacto en el déficit público de este ejercicio”, en referencia al importe que, por contrato, el Estado debe pagar a los actuales concesionarios, por una figura conocida como Responsabilidad Patrimonial Administrativa (RPA) que es muy cuestionable cuando se trata de privilegiar a los buitres en detrimento de los intereses generales.
El Gobierno cifró en unos 2.000 millones de euros el precio de esta factura en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño. Según sus cálculos, engañosos y fallidos, aspira a ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros con las nuevas adjudicaciones a empresas privadas. Y vuelta a empezar. Las cuentas no coinciden con las de los buitres que, como hemos visto, reclaman 4.500 millones de euros, sin demostrar cuánto pagaron por la deuda de las autopistas quebradas.
La Ley belga contra los fondos buitre
Precisamente, un país en el corazón de la Unión Europea como Bélgica ha empezado a vedar el coto a los buitres. El Parlamento de Bélgica aprobó por unanimidad el 12 de julio de 2015 la Ley relativa a la lucha contra las actividades de los fondos buitre y la especulación financiera.
Esta Ley fue redactada con la experiencia del CADTM (Comité para la abolición de las deudas ilegítimas), del CNCD y su homólogo flamenco y está ahora amenazada por una demanda ante la Justicia interpuesta por Elliott Management, uno de los fondos buitre más grandes del mundo, propiedad del multimillonario estadounidense Paul Singer, muy activo en la Argentina del corralito.
La Ley belga contra los fondos buitre es muy sencilla: Dentro del marco de la Constitución del país, los tratados internacionales, el derecho de la UE o los tratados bilaterales, dispone que:
«Art.2. Cuando un acreedor persigue una ventaja ilegítima mediante la adquisición de un préstamo o deuda de un Estado, sus derechos respecto al Estado deudor se limitarán al precio pagado para redimir dicho préstamo o dicha deuda.
Cualquiera que sea la ley aplicable a la relación jurídica entre el acreedor y el Estado deudor, ningún título ejecutivo puede obtenerse en Bélgica y ninguna medida cautelar o de ejecución forzosa podrá ser tomada en Bélgica a petición del susodicho acreedor a fin de recibir un pago en Bélgica si este pago le da una ventaja ilegítima tal como lo define la ley.
La Búsqueda deuna ventaja ilegítima se deriva de la existencia de una desproporción manifiesta entre el valor de recompra del préstamo o deuda pedido por el acreedor y el valor nominal del préstamo o deuda, o también entre el valor de recompra del préstamo o deuda por el acreedor y las sumas cuyo pago demanda.
Para constituir una ventaja ilegítima, la evidente desproporción referida en el apartado 2 debe completarse con al menos uno de los siguientes criterios:
El Estado deudor se encontraba en un estado de insolvencia o de suspensión de pagos comprobada o inminente en el momento de la recompra del préstamo o crédito;
El acreedor tiene su sede en un Estado o territorio:
a) que está en la lista de Estados o jurisdicciones no cooperativos establecida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), o
b) referido en el artículo 307, 1, párrafo 5, del Código del impuesto sobre la renta de 1992 o
c) que figura en la lista establecida por el Rey de Estados que se niegan a negociar y firmar un acuerdo que establece, de conformidad con las normas de la OCDE, el intercambio automático de información en materia fiscal y bancaria con Bélgica a partir de 2015;
El acreedor hace uso sistemático de procedimientos legales para conseguir el reembolso del préstamo o préstamos que haya recomprado anteriormente;
El Estado deudor es objeto de medidas de reestructuración de su deuda, de las cuales el acreedor se niega a participar;
El acreedor ha abusado de la situación de debilidad del Estado deudor para negociar un acuerdo de reembolso claramente desequilibrado;
Devolución de las cantidades reclamadas por el acreedor tendría un impacto adverso identificable sobre las finanzas públicas del Estado deudor y pueda poner en peligro el desarrollo socio-económico de su gente.
El reembolso integral de los montos reclamados por el acreedor tendría un impacto adverso identificable sobre las finanzas públicas del Estado deudor y podría poner en peligro el desarrollo socio-económico de su población».
Para apoyar la Ley belga contra los fondos buitre y promover su internacionalización, firmar la siguiente petición.
