Un juzgado investigará si empleados de DPS Consulting, empresa subcontratada por Endesa, suplantaron a funcionarios judiciales para acelerar el cobro de la deuda de una particular.
Concentración contra los cortes de luz // Victor Serri
No hay precedentes de la admisión a trámite de una querella de este tipo. La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha conseguido que el titular del juzgado de Instrucción nº 5 de Barcelona investigue si la empresa DPS Consulting cometió delitos de usurpación de funciones públicas, realización arbitraria del propio derecho y coacciones cuando ejerció presiones sobre Yolanda, una vecina de Cubelles, para reclamarle el pago de su deuda con Endesa.
Yolanda es una más dentro de las personas que reciben mensajes, llamadas —hasta varias al día— y cartas por parte de las empresas de recobro que trabajan para Endesa. La diferencia es que Yolanda comenzó a grabar esas llamadas, que iban aumentando en tono y agresividad, y las puso en conocimiento de la Alianza contra la Pobreza Energética.
En esas llamadas, operarios de DPS, suplantando presuntamente a funcionarios judiciales, comunicaron a Yolanda que su caso estaba en los juzgados y que se le iba a retirar el contador de la luz. Le instaron a pagar su deuda de 2.000 euros y le comunicaron que, de no hacerlo, se le embargarían todas las cuentas e ingresos, incluidas prestaciones sociales, desde los juzgados.
María Campuzano, portavoz de APE, señala que Endesa “es perfectamente consciente” de las prácticas de oficinas como DPS, que trabajan para otros operadores como Naturgy o Agbar. “Es un acoso que se produce sobre centenares y miles de familias”, denuncia Campuzano.
Además de denunciar el caso concreto de esta barcelonesa, la Alianza contra la Pobreza Energética quiere que este hecho sirva para que Endesa deje de subcontratar a este tipo de despachos. La APE ha lanzado una campaña de micromecenazgo a través de Goteo para financiar los costes de la querella. Como explican, la sentencia puede demorarse aun un año y medio.
Sin soluciones globales
Las grandes empresas de suministros, nacidas de procesos de privatización en las últimas décadas del siglo XX, han presionado en las últimas semanas al Gobierno para que no se repita la moratoria de cortes que se aprobó mientras estuvo vigente el primer estado de alarma del año 2020. En la actualidad, la situación de las familias es “de desamparo total”, indica María Campuzano. No existe protección para los hogares en los casos de corte de agua y de gas y los cortes de electricidad están restringidos a casos muy concretos.
Desde la APE insisten al Gobierno para que recupere la moratoria o, en toco caso, se establezca un periodo de carencia hasta que haya un cambio legislativo. Reclaman que se incluya un “principio de precaución” que impida el corte unilateral por parte de las suministradoras sin previa consulta a los servicios sociales sobre la vulnerabilidad de los hogares y que los cortes se prohíban si no se realiza esa consulta o si el resultado de la consulta así lo establezca. Este principio de precaución está vigente desde 2015 en Catalunya pero no hay una ley análoga para el conjunto del Estado.
El acceso a luz, agua y gas es una necesidad esencial, especialmente en tiempo de pandemia, “en pleno invierno, no podemos permitir que la gente no tenga acceso a estos suministros”, concluye Campuzano.
Hasta la fecha Unidas Podemos no ha conseguido que su socio de gobierno, el PSOE, dé el visto bueno a una extensión de la moratoria de cortes de suministro durante el segundo estado de alarma. Una de cada diez personas sufre pobreza energética en España, según los datos del Ministerio. Un 16% afrontan un gasto desproporcionado en suministros en relación a sus rentas.
