El endose del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a las entidades financieras tras el galimatías judicial que organizó el Supremo hace un año comienza a tener efectos positivos en los bolsillos de los deudores sin que se resientan el negocio de la vivienda ni el de los créditos y sin que suban los tipos de interés.
Concentración de activistas de la plataforma antidesahucios frente al Tribunal Supremo, mientras debate su posición definitiva respecto al impuesto sobre las hipotecas // REUTERS/Susana Vera
Las entidades financieras españolas llevan desembolsados en el último año, y quienes contratan nuevas hipotecas ahorrándoselos, más de 500 millones de euros por el AJD, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuyo pago terminó endosándoles el Gobierno a principios de noviembre del año pasado tras el galimatías jurídico en el que se metió la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Este viernes, 18 de octubre, se cumple un año de la sentencia con la que el Supremo modificó su jurisprudencia sobre el AJD, un tributo que grava el beneficio de elevar a escritura pública una hipoteca y que hasta entonces había recaído en el hipotecado.
Sin embargo, un tribunal la Sala Tercera concluyó que “el único interesado” en esa inscripción era el banco, puesto que le permite hacerse con la vivienda del deudor en caso de impago. Un día después, el presidente de esa sala, Luis Díez-Picazo, decidía ante el “giro radical” del tribunal y la “enorme repercusión social y económica” que eso suponía convocar un pleno que, tras dos días de intensas deliberaciones y una ajustada votación (15-13), revocaba la sentencia inicial y obligaba de nuevo a pagar el impuesto a los hipotecados.
Dos días después, el Gobierno zanjaba la polémica, que provocó movilizaciones y un intenso debate social y mediático, al establecer por decreto que lo pagarían los bancos y que estos no podrían deducirse ese gasto en el impuesto de sociedades.
Diez comunidades gravan el máximo
El desenlace de la polémica generó, tras el parón inicial del mercado inmobiliario ante la errática actitud del Supremo, una catarata de especulaciones y pronósticos sobre las eventuales consecuencias, negativas en su mayoría, que esa decisión iba a provocar.
Sin embargo, y pese al repunte inicial de los intereses de las hipotecas, finalmente los hipotecados están siendo los principales beneficiarios de una decisión que, además de suponerles un importante ahorro de dinero, no ha paralizado el mercado inmobiliario ni el mercado crediticio ni ha tirado al alza de los tipos, sino más bien al contrario.
Los datos del Consejo General del Notariado indican que entre noviembre del año pasado y agosto de este se registraron en España 290.743 “hipotecas inmobiliarias en garantía de préstamos, créditos o reconocimientos de deuda” por un montante de 50.992 millones de euros.
El AJD es uno de los tributos cedidos por la Agencia Tributaria a las comunidades autónomas, que le aplican distintos tipos de gravamen que oscilan entre el 0,5% del valor del préstamo en Navarra y Euskadi y el 1,5% que aplican otros diez territorios, entre ellos algunos de intensa actividad inmobiliaria como Catalunya, Andalucía o la Comunitat Valenciana. Madrid opta por el 1%.
Ese volumen de contratación sitúa el ahorro para los hipotecados por encima de los 500 millones de euros en el primer año de aplicación de la medida, ya que el tipo medio de las operaciones supera el 1%.
El mayor nivel de negocio del lustro con los tipos a la baja
Por otro lado, la aplicación del decreto del AJD no ha supuesto un freno en la contratación de hipotecas. Ni mucho menos. De hecho, el volumen de las colocadas entre enero y junio de este año, 183.532, es el mayor registro semestral de los últimos cinco años, que coinciden con la reactivación de las variables macroeconómicas conocida como brotes verdes.
El importe medio de los primeros seis meses de este año, que se situó en 171.803 euros, se queda algo más de 7.300 por debajo del que marcó el semestre anterior (179.114), aunque sigue siendo la segunda mejor anotación en los últimos cinco ejercicios y la mayor facturación de la serie con 31.531 millones de euros.
Esa situación se da al mismo tiempo que se incumple uno de los principales temores que el decreto provocó en los hipotecados y en quienes en esa época estaban valorando la posibilidad de comprar una casa: una eventual subida de los tipos de interés por parte de los bancos con el fin de recuperar por la vía de las cuotas el dinero que se veían obligados a comenzar a soltar por el impuesto.
Ese aumento de los tipos llegó a darse en los primeros meses tras el galimatías del Supremo y el decreto que lo zanjó. Sin embargo, y según los datos del Banco de España, el TAE (Tasa Anual Equivalente) de las hipotecas está bajando con más rapidez de la que subió: ganó 0,12 puntos (del 2,28% al 2,4%) en los seis meses que transcurrieron entre noviembre y mayo para perder 0,21 y caer el 2,19% en los tres siguientes, por debajo del nivel de noviembre.
En esa evolución, que supone pagar 150 euros más o menos al año por cada 100.000 de préstamo a 25 años, según la Asociación Hipotecaria Española, han tenido mucho que ver dos factores como son los mayores tipos negativos del Euríbor, el principal índice europeo de referencia para este tipo de créditos, y la competencia que los bancos mantienen en este sector de su negocio, que ahora comienza a recuperarse tras desplomarse con el estallido de la burbuja.
