El PSOE y Unidas Podemos llegan a un acuerdo para los presupuestos y la Ley de Vivienda. Según fuentes de Unidas Podemos, los grandes propietarios no podrán alquilar viviendas por encima del índice de referencia y se gravarán las viviendas vacías. La aplicación dependerá de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
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Tras unas semanas de intensas negociaciones, ya hay acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la Ley de Vivienda, último escollo para su presentación y aprobación en el Congreso, aunque todavía falta negociar con los otros socios de Gobierno.
Según fuentes de Unidas Podemos, los grandes propietarios —aquellos que tienen más de diez viviendas— tendrán que bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado. Además, estas fuentes indican que se retirarán todos los privilegios fiscales para los grandes tenedores.
Los pequeños propietarios no podrán subir los precios de los alquileres y recibirán privilegios fiscales para que los bajen.
Ley de Vivienda La ley que promueven el movimiento de vivienda, los sindicatos y los socios del Gobierno marca el camino al PSOE – Martín Cúneo
Además, el acuerdo incluye un impuesto a la vivienda vacía, a través del recargo del IBI hasta el 150%, que podrán aplicar los ayuntamientos y una apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida —la mitad para alquiler social—. La decisión de regular el precio del alquiler quedaría en manos de las comunidades autónomas y la de gravar las viviendas vacías en los ayuntamientos, una letra pequeña que podría dejar fuera de esta ley a las regiones y grandes ciudades gobernadas por el PP o por otros partidos que no compartan la medida.
“Hemos conseguido una Ley de Vivienda estatal. Sin embargo, la Comunidad de Madrid hará lo posible para que la especulación inmobiliaria siga campando a sus anchas. Por eso, instamos a celebrar consultas populares sobre la expropiación de viviendas vacías de bancos y fondos buitre”, defendía en redes sociales Alejandra Jacinto, diputada de UP en la CAM.
A estas medidas se le ha sumado el anuncio realizado por el presidente Pedro Sánchez en la inauguración del I Foro Urbano de España de la creación de un “bono joven” de 250 euros mensuales para los jóvenes entre 18 y 35 años e ingresos menores a 23.725 euros anuales.
Incertidumbres
La inclusión de la regulación del precio en los alquileres en la Ley de la Vivienda era la principal condición que había puesto no solo Unidas Podemos sino también otros socios del Gobierno como ERC.
Al igual que el año anterior, el PSOE se ha empeñado en desvincular la aprobación de los PGE de la Ley de Vivienda y acompañar los compromisos para las cuentas de 2022 con un acuerdo paralelo. A finales de octubre de 2020, el PSOE firmó un acuerdo con sus socios de Gobierno en el que se comprometía a incluir la regulación del precio de los alquileres en una Ley de Vivienda que tendría que estar aprobada en cuatro meses, es decir, en febrero de 2021. El PSOE se desdijo del acuerdo y el sector neoliberal del partido, liderado por la vicepresidente económica, Nadia Calviño, impuso su punto de vista de intentar controlar el aumento de los alquileres con medidas fiscales semejantes a las de Portugal.
Unidas Podemos se negó rotundamente a firmar una Ley de Vivienda que no incluyeran topes al precio de los alquileres y un mecanismo para que los alquileres más altos bajen. La semana pasada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable de la negociación de los PGE, anunciaba que el acuerdo estaba cerca. Este acuerdo supone un acercamiento de posturas en una posición intermedia entre ambas formaciones.
La aprobación de los presupuestos en el Consejo de Ministros, prevista para este martes, previsiblemente se retrasará a una reunión extraordinaria del Gabinete en los próximos días.
Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario de UP, mostró su satisfacción por el acuerdo: “Una de las cosas por la que se recordará a Ione Belarra en esta legislatura es por ser la Ministra que no cedió ni un milímetro a la presión de los fondos buitre, dio la batalla y consiguió regular los precios de los alquileres en España”. Para la formación morada el acuerdo supone un hito: “Por primera vez en la historia habrá una Ley de Vivienda que baje los precios del alquiler”.
Desde el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) de Catalunya, su portavoz Jaime Palomera pide cautela: “Si algo nos enseñó el proceso de escritura de la ley catalana de regulación del alquiler es que hasta que no se cierra toda la letra pequeña, es aconsejable no hablar demasiado”.
Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) todavía es pronto para hablar y esperarán a hacer declaraciones más en profundidad a que se conozca la “letra pequeña”. Con lo que se sabe del contenido del acuerdo, lo califican de “insuficiente y poco ambicioso dado la gravedad del problema”. Según anuncian, seguirán presionando para hacer realidad la ley de derecho a la vivienda que presentaron junto con 120 organizaciones sociales el pasado 30 de septiembre.
La Coordinadora de Vivienda de Madrid ha criticado la “la falta de valentía” del PSOE por no atreverse a bajar el precio de todos los alquileres, que han subido cerca del 50% en los últimos años, pero admite que las medidas filtradas hasta ahora significan un avance y celebra que “la lucha en la calle sirva”. Sin embargo, recuerda que la Ley de Vivienda es mucho más que la regulación de los alquileres y no se muestran dispuestos a aceptar “más medidas temporales”. La prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, la cesión de viviendas vacías de grandes tenedores o el alquiler social obligatorio para los fondos de inversión son algunas de las principales reivindicaciones del movimiento de vivienda reunidas en la ley de derecho a la vivienda presentada en el Congreso.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado poco después de conocerse los primeras informaciones del acuerdo su “profunda preocupación” por lo que llama una “injerencia directa sobre la propiedad privada”. Para el representante de la patronal, estas medidas crean “inseguridad jurídica” y supone una “distorsión brutal de lo que es la libertad y el derecho a la propiedad reconocido en la Constitución”.
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