Se trata de profesionales que cursaron un curso específico de dos años de FP de 2.000 horas cuya titulación se ha quedado en papel mojado en Galicia.
Los recortes en el gasto de atención a dependientes han hecho del título Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en un papel mojado // EFE
Les dijeron que tendrían trabajo asegurado. Y muchos se lo creyeron cuando en el año 2011 el Ministerio de Educación creó la titulación de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, un ciclo de Formación Profesional de 2.000 horas de duración distribuidas en dos cursos.
Con ese bagaje, les prometieron, estarían facultados para encargarse de atender a las personas dependientes en el ámbito domiciliario e institucional.
Todo ese esfuerzo,sin embargo, no les sirve ahora para nada a los varios centenares de personas que cursaron en Galicia esos estudios oficiales. Los recortes en el gasto de atención a dependientes han hecho de su título un papel mojado. “Ni siquiera nos da puntos para hacer una oposición a celador de hospital”, asegura Juan Carlos Fernández, coruñés de 1972, quien realizó el curso hace tres años y quien se encuentra ahora con que el tiempo empleado en su formación no le da ninguna ventaja a la hora de acceder a la función pública.
Ni en hospitales, ni en residencias de ancianos, ni en centros de día, ni en servicios de asistencia a domicilio o teleasistencia…
El número de personas en Galicia en una situación similar crece año a año porque los cursos se siguen impartiendo. Se trata de profesionales que se formaron y se están formando para desarrollar un oficio avalado por la Administración que la Administración, ahora, ni siquiera reconoce que exista o que sirva para algo.
«Cuando se lo explicas a los funcionarios de la Consellería de Educación la mayoría te contestan que no saben de qué les estás hablando», lamenta Juan Carlos.
Él realizó el curso en el instituto Ánxel Casal de A Coruña, después de que la Xunta pusiera en marcha el itinerario correspondiente en ese centro, oficial y dependiente de la citada Consellería. Y por si fuera poco, tuvo que hacerlo en tres años porque por el medio le pilló el cambio de la Ley Organíca de Educación a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Y el primer curso no le sirvió de nada. Asegura que no le convalidaron ni una asignatura.
Hace una semana varios de los afectados, de todas las idelogías pero unidos por el mismo problema, y que están constituyendo una asociación para presionar a la Xunta, pidieron audiencia a los grupos del Parlamento gallego.
Solo En Marea accedió a recibirlos.»La ley de dependencia se sacó adelante con déficit de recursos. Y si no hay presupuesto no hay posibilidad de contratar a esas personas», asegura la diputada Eva Solla, quien anuncia que su formación presentará previsiblemente la semana que viene una proposición no de ley para exigir que la Xunta «reconozca al menos esa titulación».
También llevarán el tema al Congreso de los Diputados porque, asegura, el problema «afecta a toda España». «Se encuentran en una situación de indefensión total. A lo único a lo que pueden acceder esas personas es a puestos que no requieren más formación que el graduado escolar. Es decir, que da igual que tengan el título o no», subraya.
Recuerda, además,que la mayoría del sistema público gallego de atención a dependientes, especialmente a personas mayores, se encuentra privatizado, lo que supone un obstáculo más ya que los centros privados no están obligados a contratar a nadie con el título de especialista en atención a dependendientes.
«Y además, yo no recuerdo la última vez que se abrió en Galicia una residencia pública para ancianos». Y eso que ésta es una de las comunidades más envejecidas de todo el Estado, con una distribución sociogeográfica que agrupa en las zonas rurales, algunas de difícil acceso, a miles de personas que necesitan atención y que no pueden recibirla.
Solla critica «el falso discurso» de la Xunta y del Gobierno, que, según ella, sólo financió el año pasado el 20% de los gastos de Galicia en dependencia, cuando debía haber sufragado el 50%.
Y advierte de que el hecho de que no sean profesionales quienes se encarguen de esa tarea acaba derivando en una situación de machismo y desigualdad encubiertos y agravados: «Al final, quienes se hacen cargo de los dependientes son las mujeres: las madres, las hijas, las hermanas, las nueras…».
Entre el 2009, cuando el PP recuperó el poder en Galicia, y el 2015, la inversión de la Xunta en sanidad, educación y servicios sociales, incluida la renta de integración social, se redujo en 663 millones de euros.
El año pasado, cinco meses antes de las elecciones autonómicas,el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prometió que el Ejecutivo gallego ofertaría en el 2017 más de 3.000 nuevos puestos de trabajo en esas áreas.
«No es normal que la Xunta se haya gastado millones de euros en formar a especialistas en esas materias y que ahora nos niegue el acceso a los puestos de trabajo en los que deberíamos desarrollar nuestras capacidades, que además contribuirían al bienestar y a la mejora de la calidad de vida de personas necesitadas», concluye Juan Carlos.
