Nuevos problemas para el exjefe de Estado. Hacienda ha pedido información detallada a la Casa del Rey sobre los movimientos en las cuentas de Juan Carlos I. Los técnicos de la Agencia Tributaria exigen que se aclaren las condiciones de la regularización que trató de hacer el Borbón.
El rey Juan Carlos I en un mensaje como jefe de Estado antes de la abdicación.
La filtración al periódico El Mundo de las conclusiones de la Fiscalía en una solicitud de información enviada en febrero al fiscal suizo Yves Bertossa, que investiga el pago de una comisión ilegal al rey Juan Carlos I en la construcción del tren de alta velocidad Meca-Medina, ha servido para confirmar que el exjefe de Estado se dedicaba al cobro de “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.
Un secreto a voces que por primera vez reconoce la Fiscalía del Tribunal Supremo, y que viene acompañada de nuevos problemas para la Casa Real.
El sindicato de Técnicos de Hacienda solicitó ayer que la Fiscalía aclare si Juan Carlos I fue advertido por la Fiscalía de que se le estaba investigando, lo que invalidaría la regularización que llevó a cabo entre 2020 y 2021.
La Fiscalía remitió el texto que se ha hecho público esta semana el 24 de febrero. En ese contexto, el equipo jurídico del exjefe de Estado comunicó, el 26 de ese mes, que Juan Carlos I había procedido a tratar de regularizar voluntariamente 4,4 millones de euros de una de las cuentas investigadas de la Fundación Zagatka. En diciembre, el llamado “rey emérito” había abonado una cantidad menor —678.000 euros— para regularizar otra deuda tributaria, en este caso procedentes de los fondos opacos gestionados por el empresario Allen Sanginés-Krause, exdirectivo de Goldman Sachs.
Carlos Cruzado, portavoz de los Técnicos de Hacienda, refiere unas declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, en las que éste afirmaba que se habían notificado formalmente al abogado del emérito cada una de las diligencias abiertas. El periodista Ernesto Ekaizer sostiene que no existe la espontaneidad referida por Hacienda al haber sido notificado de hasta tres causas antes de proceder a la regularización.
Más información: Ernesto Ekaizer “No hay presunción de inocencia, Juan Carlos I ha reconocido que intentó defraudar” – Luis Miguel Barcenilla
La regularización llevada a cabo por el exjefe de Estado entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 es materia de investigación y acarrea nuevos problemas jurídicos para Juan Carlos I, puesto que el Fisco comenzó a investigar en marzo si las declaraciones son “veraces y completas”, es decir, si se trata de todo el dinero que el comisionista escondió a los ojos de Hacienda.
El viernes 3 de septiembre, la Agencia Tributaria remitió a la actual jefatura de Estado con sede en el Palacio de la Zarzuela, que aporte la información que disponga sobre los abonos a la Hacienda pública que Juan Carlos I ha realizado desde su abdicación en 2014 hasta 2018.
La Casa del Rey aporta esta información como responsable de la asignación anual de 198.845 euros, la segunda paga más alta —solo superada por la de Felipe VI— que recibió hasta marzo de 2019, cuando el rey anunció su renuncia a su herencia personal y la Casa Real retiró su asignación a Juan Carlos I. Además, una información publicada por El País, asegura que la Agencia Tributaria sigue asimismo el rastro de pequeñas cantidades de dinero ingresadas desde Zarzuela en el periodo 2014-2018 a petición del exjefe de Estado para “pequeñas compras”.
En su escrito de febrero, la Fiscalía estima que el comisionista investigado pudo incurrir en cuatro tipos penales específicos como son: los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias. La respuesta de los abogados de Juan Carlos I —del bufete de Javier Sánchez-Junco— ha sido un comunicado en el que carga contra la Fiscalía por la presunta conculcación del principio de presunción de inocencia y denuncia el hecho de que se hayan hecho públicas consideraciones que “únicamente” deberían estar en conocimiento de la Fiscalía.
La filtración del documento de la Fiscalía no tiene, sin embargo, influencia en el regreso de Juan Carlos I a España, toda vez que la Justicia no lo ha requerido formalmente para continuar la investigación.
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