Aunque pocos casos llegan a esta etapa, la demanda de seis niños y jóvenes de Portugal a 33 países ha sido reconocida como urgente e importante por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos // Adrian Grycuk / Licencia CC BY-SA 3.0 PL
Seis niños y jóvenes portugueses de entre 8 y 21 años presentaron el pasado mes de septiembre un litigio climático ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En su demanda, acusan a 33 países, entre los que se encuentra España, de violar su derecho a la vida y poner en peligro su futuro al no tomar acciones contundentes para frenar la crisis climática. Este lunes, la sección cuarta del mencionado tribunal ha dado luz verde a la primera fase del proceso y el caso pasará a la siguiente etapa: cada país acusado estará obligado a responder a la demanda. Se trata del primer procedimiento judicial de este tipo que arranca en el tribunal de Estrasburgo.
Desde la organización internacional 350.org celebran la decisión porque, tal y como explican, la gran mayoría de los casos que se presentan ante este organismo no llegan a esta etapa. Sin embargo, sobre este, el tribunal reconoce su «importancia y urgencia», lo cual acerca la posibilidad de un juicio histórico sobre el cambio climático.
El tribunal ya ha comunicado a los 33 países demandados la decisión, a la que deberán responder antes de finales de febrero de 2021. Desde ese momento, los seis demandantes y su equipo legal responderán a las defensas de los 33 estados. Para ello, los jóvenes portugueses están ya trabajando con grupos expertos en clima con el objetivo de «movilizar la evidencia necesaria». Así lo explican desde su página web, donde tienen activa una campaña de crowdfunding desde la que recaudan fondos para lograr su objetivo.
Implicación de los gobiernos y las multinacionales
Según esta demanda, los 33 países podrían estar violando el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que «nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos inhumanos degradantes», al considerar que los impactos del calentamiento global son tan severos que pueden violar este derecho de los jóvenes portugueses.
De salir adelante, los países acusados estarían obligados legalmente a aumentar los recortes de emisiones, así como a abordar su contribución al cambio climático más allá de sus fronteras, lo que extiende el compromiso a sus empresas multinacionales. Según un reciente estudio del proyecto Migraciones Climáticas, la falta de regulación en términos climáticos de las empresas de la Unión Europea es un escollo a la hora de que las compañías que están dentro de su mercado cumplan con los objetivos del Acuerdo de París, por lo que estas también podrían verse indirectamente afectadas por la demanda de los jóvenes de Portugal.
La decisión llega pocos días antes de que la Unión Europea apruebe un nuevo plan de reducción de emisiones para 2030. Será en la próxima cumbre de los líderes europeos que tendrá lugar entre el 10 y el 11 de diciembre. En este sentido, «una reducción del 65% de cara a ese año sería suficiente para que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones con los jóvenes demandantes y también con muchos otros», según el abogado Gerry Liston, uno de los responsables de la Red Mundial de Acción Legal que ayuda a las chicas y los chicos de Portugal con su demanda.
André Oliveria, uno de los denunciantes, de 12 años, resume así su objetivo: «Lo que más me gustaría sería que los gobiernos europeos hicieran lo que los científicos dicen que es necesario para proteger nuestro futuro«.
Precedentes
Este mes de noviembre, el Consejo de Estado francés –la máxima instancia administrativa del país– dio al Gobierno un plazo de tres meses para justificar que puede «respetar el camino de reducción de emisiones para 2030» antes de dictar sentencia por su «inacción climática». La decisión, inédita hasta la fecha, acompaña ahora a la del tribunal de Estrasburgo y empuja al mismo destino a otras demandas que se están produciendo en otros países por el mismo motivo. En España, sin ir más lejos, varias organizaciones han acusado al Gobierno por no actuar frente a la crisis climática.
A estos casos recientes les precede la también histórica sentencia del Tribunal Supremo holandés. En diciembre del año pasado, este organismo falló en contra del Gobierno por no abordar el cambio climático de forma rigurosa. En el caso de los Países Bajos, fue una fundación ecologista la que se acogió a la normativa europea sobre derechos humanos y presentó su demanda ante el juzgado de Primera Instancia de La Haya. El resultado: el Ejecutivo holandés estaba obligado a reducir un 25% sus emisiones para finales de este mismo año.
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