El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la regulación de la eutanasia, que ahora continuará con su tramitación en el Senado. La asociación Derecho a Morir Dignamente aplaude el amplio respaldo al texto y recuerda la larga lucha que lo hizo posible.
Ángel Hernández celebra la aprobación de la regulación de la eutanasia // Dani Duch
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley Orgánica para la regulación de la eutanasia, un texto que ha logrado el apoyo del 56% de la Cámara (198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones) y ahora continuará con su tramitación en el Senado. El texto que regula el derecho a morir dignamente ha tenido en contra los votos de PP, Vox y UPN.
La norma llega después de un largo debate social que se ha convertido en un respaldo claro: la encuesta más reciente, la de Metroscopia en 2019, refleja un apoyo del 87%, una cifra que se mantiene cuando se pregunta a profesionales sanitarios. La entrega de más de un millón de firmas que pedían una ley de eutanasia en julio de 2019 da también la medida del apoyo de esta iniciativa. Si el Senado da también su respaldo, España se convertirá en el cuarto país europeo que regule la muerte digna, como ya hacen Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.
El texto aprobado establece que podrán solicitar la eutanasia aquellos pacientes que lo soliciten y se encuentren en un contexto de “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”. Si el paciente está consciente, deberá solicitar la eutanasia dos veces por escrito (u otro medio si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es “resultado de ninguna presión externa”.
Después de la primera solicitud, el médico informará paciente sobre su diagnóstico y posibilidades terapéuticas, así como sobre posibles cuidados paliativos, tras lo cual el paciente deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo especialista en el ámbito de las patologías que padece el paciente pero que no sea de su mismo equipo médico.
Además, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso. Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, si no, será el pleno de la comisión quien la tome.
Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación “podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia”, algo de lo que deben dejar constancia “anticipadamente y por escrito».
La asociación Derecho a Morir Dignamente ha celebrado una aprobación que llega después de 36 años luchando y ha destacado que además se haya hecho con mayoría absoluta. DMD cree que, aunque queda ahora el trámite en el Senado, el apoyo de la Cámara Baja a la ley de eutanasia abre el camino para resolver una anomalía democrática histórica”, han explicado en nota de prensa.
“En ninguna otra cuestión hay tanta distancia entre la opinión de la ciudadanía y lo que recogen las leyes”, ha asegurado Javier Velasco, presidente de DMD. “No tiene sentido que la eutanasia esté en el Código Penal como un delito mientras la apoyamos más del 80%”.
“Una vez entre en vigor, trabajaremos para vigilar que la ley se cumple, en informar a la ciudadanía y las administraciones para que sea un derecho efectivo y también para tratar de mejorarla”, ha explicado Velasco.
Más información: Entregan un millón de firmas en el Congreso por la despenalización de la eutanasia
DMD recuerda el largo proceso que ha llevado hasta la votación de hoy en el que muchas personas hicieron pública su voluntad de decidir cuándo y cómo morir, sacrificando su anonimato y su intimidad. El caso reciente de María José Carrasco, ayudada a morir a su pareja, supuso un espaldarazo en un momento clave. La lucha por la muerte digna tiene otros nombres propios, como los de Ramón Sampedro o los de los médicos Luis Montes o Marcos Hourmann.
“Sin testimonio como esos y el apoyo de las más de 7.500 personas asociadas, no habríamos llegado hasta aquí”, dice desde DMD. Para Fernando Marín, vicepresidente de DMD, “una vez entre en vigor, se podrá afrontar el final de la propia vida con la tranquilidad de que no será obligatorio soportar situaciones que se consideren intolerables”.
La DMD recuerda que en los países donde la eutanasia es legal, esta supone entre el 1% y el 4% del total de fallecimientos anuales y que, además, los países donde existe en la Unión Europea están en lo más alto de los rankings de cuidados al final de la vida de la Unión Europea, como, esperan, sucederá en España. Además DMD espera que este paso favorezca la discusión en Portugal y Uruguay, países que están muy cerca de aprobar sus respectivas leyes de muerte asistida.
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