- Tras 9 meses de convenio entre el Ayuntamiento y el banco malo, sólo se ha adjudicado una vivienda
- Los altos costes de reforma de las viviendas entregadas por el ‘banco malo’ al Ayuntamiento de Madrid retrasan la firma de contratos.
Jaime Echegoyen (Sareb) y Manuela Carmena firman en enero del convenio entre el ‘banco malo’ y el Ayuntamiento de Madrid / EMVS
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid ya ha devuelto a Sareb 85 de las 300 viviendas que el conocido como ‘banco malo’ arrendó al Ayuntamiento de Madrid para destinarlas al alquiler social, según ha podido saber Diagonal. El motivo de las devoluciones es el mal estado de las viviendas entregadas por la entidad presidida por Jaime Echegoyen.
Según han relatado fuentes de la EMVS a Diagonal, en esos 85 casos “el presupuesto de arreglo era excesivamente alto” o directamente la vivienda “es completamente inadecuada por encontrarse en estado de total destrozo”. La cifra final puede ser todavía más alta, dado que la EMVS todavía está estudiando el estado de otras 114 viviendas entregadas por Sareb “para ver si tienen posibilidad de arreglo”, aseguran las mismas fuentes.
Como resultado, casi nueve meses después de que el Ayuntamiento de Ahora Madrid y Sareb firmaran el convenio de cesión temporal de los pisos, sólo se ha adjudicado uno, según informan fuentes de la EMVS a Diagonal. A esta cifra hay que añadir otros 25 que estaban habitados irregularmente en el momento de su entrega y están en proceso de regularización para el alquiler social. Pero globalmente, sumando los 85 a los 114 todavía en revisión, al menos dos de cada tres pisos facilitados por el ‘banco malo’ no estaban listos para ser habitados en el momento de su entrega.
«Perímetro social de viviendas»
Fuentes de Sareb no han negado ni confirmado a Diagonal estas cifras y han asegurado que las viviendas entregadas “se ceden en buenas condiciones, en condiciones de habitabilidad”. Tal y como han explicado a este periódico, previamente a su entrega la entidad “hace un informe técnico con cada una de las viviendas para confirmar sus características”. El convenio firmado con el ayuntamiento incluye una comisión de seguimiento entre cuyas funciones se encuentra la evaluación de incidencias. Si la vivienda “no se ajusta a las características, entonces se devuelve”, precisa Sareb, que destaca la “buenísima interlocución con el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de la Vivienda”.
El contenido del convenio, y la propia naturaleza del parque inmobiliario absorbido por Sareb, explican esta situación. El equipo de la concejala Marta Higueras –al frente del área de Equidad y Derechos Sociales y presidenta de la EMVS– y Sareb acordó un tope de 5.000 euros por piso –sufragados al 50% entre las dos partes– para los presupuestos de arreglo, algo que se ha demostrado insuficiente una vez inspeccionados los pisos, según confirman fuentes de la EMVS a Diagonal.
Ya en abril, la entonces consejera delegada de la EMVS, María Serrano, afirmaba ante preguntas de la oposición municipal que “un número relativamente importante [de las viviendas] se están devolviendo porque no reunen las características que se requieren o porque el presupuesto de inversión y arreglo es superior [al incluido en el convenio]”. Serrano afirmaba que 32 de las viviendas presentaban “presupuestos menores de 15.000 euros” y otras 27 requerían presupuestos mayores a esa cifra. El acuerdo entre Sareb y el consistorio prevé excepciones al tope de 5.000 euros por obra, pero sólo hasta los 7.000.
Según han explicado a este periódico una portavoz de Sareb, la política de la empresa –tachada como mínimo de opaca incluso en el programa electoral del PSOE para las elecciones del 26J– Sareb no cede vivienda nueva ni bloques enteros, algo que reduce en gran medida el parque disponible que se puede entregar en este tipo de acuerdos. “La vivienda de segunda mano que tiene Sareb es la que es. Las vivienda está donde está, en Madrid no tenemos vivienda disponible en el centro”, señala.
No es cierto que Sareb no ceda bloques enteros: en Catalunya, ha cedido al menos tres a la Generalitat, si bien todos ellos ocupados previamente por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Sabadell, Manresa y Salt. El límite de lo posible, de nuevo, viene definido por actores no siempre institucionales. En declaraciones a Diagonal, Sareb se refiere al “peligro de que los hipotéticos bloques no cedidos se conviertan en guetos” si son alquilados exclusivamente a personas de rentas bajas.
El convenio con la EMVS madrileña no establece de hecho ningún criterio al respecto: Sareb ‘cede en usufructo’ las 300 viviendas, pero “sin alejarse del mandato legal que le ha sido encomendado”: en teoría, devolver las ayudas públicas comprometidas en su creación: ni más ni menos que un 45% de su capital –a los que hay que añadir 996 millones de euros adicionales sólo en 2016, según publicaba en agosto el diario El País– y los avales por valor de 50.000 millones de euros con los que la sociedad absorbió en 2012 parte del crédito moroso y de los activos inmobiliarios que la banca no podía vender en el mercado. Las casas cedidas a ayuntamientos y comunidades autónomas –4.000, dice Sareb en su web– formarían parte del “perímetro de vivienda social”, según la expresión usada por la interlocutora de Sareb con este periódico. En otras palabras, del parque con menor valor.
Escrache de la PAH en 2014 frente al domicilio madrileño de la expresidenta de Sareb, Belén Romana / Eliezer Sánchez
Además de las condiciones en que el banco malo ha entregado las casas, el convenio está lejos de ser una bicoca para el Ayuntamiento. Empezando porque hay un precio: el término legal es ‘cesión en usufructo’ –y así se difundió en prensa– pero el acuerdo establece claramente que el Ayuntamiento pagará a Sareb 125 euros mensuales–por cada casa sin habitar entregada– y 75 euros –por cada casa ya ocupada irregularmente– más impuestos; además, el consistorio se hace cargo del Impuesto de Bienes Inmuebles de todas las viviendas, y de otros gastos como la vigilancia privada, el alta de los suministros, el certificado de habitabilidad en caso de que la vivienda no disponga de él, las obras no extraordinarias –no queda definido este término–, así como de la inspección de las casas entregadas.
Tal y como ha recordado la fuente de Sareb consultada, la comisión de seguimiento podrá requerir información sobre la situación socioeconómica de los hogares, de modo que si estos “dejan de estar en situación de vulnerabilidad” no se les renovaría necesariamente el contrato. De hecho, queda a discreción de Sareb la firma de un nuevo contrato de alquiler social en el caso de que las personas destinatarias originalmente hubieran desistido de entrar en el piso.
Violeta Canabal, miembro de la Asamblea de Vivienda del distrito de Latina –el grupo stop desahucios del suroeste de la capital– se muestra abiertamente crítica en su balance de los resultados del convenio nueve meses después de su firma. “No puede haber un ayuntamiento que sepa de la emergencia habitacional que vivimos y lleven meses y meses dilatando un proceso de adjudicación de vivienda. Si ellos no son capaces de conseguir vivienda, que haya una denuncia pública de lo que está haciendo Sareb”, reclama. «Con este acuerdo, lo que hacemos es prácticamente pagar a Sareb para que no se deterioren más las casas que ahora no le interesa vender», se lamenta.
Las PAH y grupos de vivienda de la ciudad, en tensa relación con la alcaldesa Manuela Carmena, han criticado repetidas veces la escasa ambición de los planes de vivienda municipales. Un empuje que contrasta con la decisión del PP al vender –por debajo de su valor– buena parte del parque de vivienda pública madrileño. En su rueda de prensa al anunciar la querella contra los responsables de la venta en 2013 de 1.860 viviendas municipales al fondo buitre Azora, la concejala Marta Higueras volvió a recordar la escasez del parque público de vivienda existente en Madrid, y lo bien que le vendría a la población recuperar las 18 promociones de la EMVS malvendidas por la alcaldesa Ana Botella, posibilidad abierta pero que nadie ve al alcance de la mano en esta legislatura.
En 2013, a la cúpula del PP dentro de la EMVS le bastaron 4 meses (de marzo a junio de 2013) para cerrar el acuerdo de compraventa de las 1.860 viviendas con el fondo buitre. En 9 meses de existencia, no se puede decir que el pequeño convenio del ayuntamiento de Ahora Madrid con Sareb esté contribuyendo a devolver el golpe.
