La Plataforma por la Remunicipalización y Gestión Directa de los Servicios Públicos de Madrid denuncia un «despilfarro» de 220 millones, que no revierten en la ciudadanía pues corresponden al «pago del IVA y el beneficio empresarial».
Foto de archivo de un trabajador de limpieza viaria del Ayuntamiento de Madrid // Jesús Hellín (EP)
Los madrileños pagan un sobrecoste superior a los 220 millones de euros al año por los servicios municipales gestionados por empresas privadas, denuncia la Plataforma por la Remunicipalización y Gestión Directa de los Servicios Públicos de Madrid, integrada por diversos colectivos de trabajadores y vecinos de la capital.
El Ayuntamiento, según un informe de este movimiento, desembolsó 1.424.112.166 euros a terceros en 2018 «para que gestionaran cientos de servicios que por ley corresponden al municipio», lo que generó un millonario desfase motivado motivado a su juicio «por el pago del IVA y el beneficio empresarial que se garantiza en todos los contratos».
La Plataforma, que reclama que las prestaciones vuelvan a correr a cargo del Consistorio, estima que la «pérdida» de 220 millones supone un 5% del presupuesto anual del Ayuntamiento, además de un deterioro del servicio debido a que las empresas, «con el afán de aumentar sus beneficios, recortan en gastos de mantenimiento de instalaciones o en los servicios».
Son algunas de las conclusiones del Documento sobre la gestión privada de los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid, donde se critica que la administración local emplee numerosos recursos «en la gestión de los contratos y la inspección de su desarrollo, aunque esto está lleno de irregularidades y corrupciones», al tiempo que los empleados «tienen unas condiciones laborales muy precarias» por el «afán de lucro empresarial».
«Las empresas no cumplen los pliegos de condiciones»
«La privatización de los servicios públicos es una ideología implantada en las últimas décadas que favorece a la administración a la hora de desentenderse de su responsabilidad para delegarla en unas empresas privadas que luego no cumplen los pliegos de condiciones», explica a Público Jorge, empleado de una contrata de jardinería.
En consecuencia, según el delegado sindical de CGT, «se cercenan los derechos laborales, la carga de trabajo se ve incrementada y la eficacia del servicio no es digna para los trabajadores ni para una capital europea», añade el jardinero, quien con los datos en la mano pretende hacer entender a la ciudadanía que «los servicios públicos municipales, garantía de los ciudadanos para tener un nivel de vida adecuado, se ven mermados cuando se elige la gestión indirecta».
«Políticamente puede maquillarse muy bien, porque la población no tiene ni idea de su trasfondo, pero de las cinco posibilidades de gestión posibles el Ayuntamiento elige la última, que es la privada, aunque podría optar por una de carácter público», prosigue Jorge. «Supongo que lo hacen así porque esa opción será beneficiosa para todas las partes, excepto para los trabajadores y para los ciudadanos», ironiza el sindicalista, quien denuncia una «connivencia que implica prebendas».
Un 5% del presupuesto municipal, «despilfarrado»
La plataforma destaca que los servicios de medio ambiente y limpieza supusieron en 2018 un gasto de 619.200.767,94 euros, lo que implicó un «despilfarro» de 85.407.002,47 euros. Entre las adjudicatarias de 45 contratos, figuran empresas como FCC, Acciona, CESPA, Valoriza, OHL o Dragados. Mientras, la externalización de los servicios sociales acarreó un desembolso de 257.873.501,79 euros, repartidos entre 147 contratos y con un «despilfarro» de 35.568.758,87 euros.
«La gestión privatizada de los servicios públicos es lesiva para los intereses del municipio y de los ciudadanos a quienes van dirigidos», señala a Público Pedro Casas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. «Que un 5% del presupuesto municipal se despilfarre sin ningún retorno a la comunidad me parece muy grave y debería ser considerado un delito por quienes así lo hacen», añade el activista vecinal.
Casas entiende que es «lesiva» para la ciudadanía porque «al hacer depender los servicios públicos del interés económico, las empresas siempre buscarán elevar sus beneficios a costa de rebajar el servicio que se presta, el mantenimiento de las instalaciones o los sueldos de los trabajadores», por lo que según él «se trata de un sistema perverso que además va contra el espíritu y, en parte, la letra de la ley».
«Derroche de dinero público que va a parar a otros bolsillos»
La plataforma ha elaborado el informe con datos municipales con el fin de reflejar el «derroche de dinero público que va a parar a otros bolsillos, en lugar de ser empleado para la finalidad de la prestación de un buen servicio municipal». A su juicio, la gestión privada o indirecta provoca que se resientan los servicios, afecta a los derechos laborales de los operarios y sale «más cara» que si los asumiese directamente el Ayuntamiento.
El 80% del volumen de contratación, según el documento, fue asignado en 2018 a diez empresas, pertenecientes a grandes constructoras y fondos de inversión, un «oligopolio» que dificulta que otras firmas con menos peso puedan competir, según el movimiento, que critica los criterios de elección económicos y el recurso a las bajas temerarias, así como los «amiguismos y corruptelas», en relación a los «acuerdos entre empresas licitadoras».
«No solo son empresas ajenas al tipo de servicio, sino que en temas de gran sensibilidad, como es el área de servicios sociales, se adjudica a empresas que directamente son fondos de inversión, carentes por completo de escrúpulos a la hora de realizar su trabajo», critica la plataforma, que cifra en 257.873.501 euros el coste en 2018. La partida más abultada correspondió al Servicio Ayuda Domicilio (SAD), con 158.695.345 euros, de los cuales 21.889.013 no repercutieron en el ciudadano.
Ayuda a domicilio
Elena, trabajadora en la ayuda a domicilio, recuerda a Público que tras el estallido de la burbuja del ladrillo algunas empresas de la construcción fueron adjudicatarias de diversos servicios, desde la recogida de basuras hasta el que presta ella, con un presupuesto de 158.695.345 euros y un «despilfarro» de 21.889.013, repartido en cuatro contratos a Clece, Asispa, Valoriza, Sacyr y Quavitae.
«Su desconocimiento del sector es total, porque no es lo mismo un trabajo mecánico que otro de atención a personas», critica la miembro de la plataforma, quien considera que «las empresas buscan el beneficio y no prestan una atención de calidad a la ciudadanía».
Antes, asegura, se priorizaba ese trato personal y el empleado atendía a los requerimientos de los usuarios, que incluían salidas, paseos y otras actividades de ocio. «Esto se ha convertido en un servicio de limpieza barato a domicilio y nos vemos obligadas a realizar tareas que no constan en los pliegos de condiciones, como limpiar las habitaciones de los hijos que han vuelto a casa o incluso hacerles la comida», denuncia Elena.
La trabajadora recuerda que muchas de las personas que reciben ayuda a domicilio son ancianos que viven solos, por lo que en numerosos casos buscan conversación y sentirse acompañados. Algo que, a su juicio, ahora no pueden hacer, pues se ven inmersas en las labores de limpieza.
«El 100% de la inversión no repercute en el propio servicio»
«A igual inversión en un servicio municipal, en el caso de gestión privada, que es la predominante en el Ayuntamiento de Madrid, el 100% de esa inversión no repercute en el propio servicio, pues parte de la misma se destina al beneficio empresarial, al pago del IVA que conlleva cualquier contrato y a otros conceptos», añade la red de asociaciones, que subraya que la cantidad que «cada año pierden las arcas municipales en Madrid» podría ser superior.
Para realizar el cálculo, han aplicado a todos los contratos un IVA del 10% y un beneficio empresarial del 6%, aunque en algunos el impuesto podría ser del 21% y el lucro, superar el citado porcentaje.
Asimismo, la plataforma ha seleccionado solo los pagos por la prestación regular de un servicio municipal con una periodicidad que «suele ser mensual» y excluido los correspondientes a deuda, suministros, obras y otros puntuales, así como los pagos menores, de importe reducido o periodicidad irregular. El presupuesto de los 422 contratos analizados alcanza, pues, los 1.333.078.610 euros, por lo que faltaría por añadir el «despilfarro» correspondiente a los cien millones que faltan hasta sumar 1.424.112.166 euros.
Los contratos integrales de Ana Botella
Jorge se remite a los contratos integrales firmados durante la Alcaldía de Ana Botella, a punto de expirar y que, según él, tenían como objetivo reducir la inversión en los servicios privatizados. «Las empresas no estaban obligados a cubrir las bajas, las vacaciones, ni las jubilaciones, por lo que vieron una gran oportunidad para aumentar su beneficio empresarial. De hecho, no subrogaron a la totalidad de las plantillas, lo que en la práctica equivale a despidos«, afirma el sindicalista de CGT.
El argumento de la patronal, asegura Jorge, era que las plantillas estaban sobredimensionadas y que podían hacer frente a sus responsabilidades como concesionarias. «Sin embargo, a los tres meses de comenzar los contratos integrales, las empresas presentaron un ERE que terminó en ERTE. Luego, cuando las calles estaban sucias durante la Alcaldía de Manuela Carmena, el argumento de las adjudicatarias pasó a ser que había poca gente para limpiarlas, por lo que necesitaban una ayuda económica para contratar a más personal».
«Hubo una connivencia tremenda entre el PP de Ana Botella y las empresas, una circunstancia que responde al modelo de gestión privado que denunciamos», concluye Jorge, que integra la plantilla de los trabajadores de los servicios de medio ambiente y limpieza. Entre sus diversas partidas, la de limpieza viaria fue la más gravosa en 2018, con seis contratos repartidos entre FCC, CESPA, OHL y Valoriza. Su presupuesto fue de 178.978.997 euros, con un «despilfarro» de 24.686.758.
La siguiente, correspondiente a residuos sólidos urbanos (RSU), se desglosa en tres contratos a FCC, Valoriza y Acciona, un gasto de 177.330.527 euros y un «despilfarro» de 24.459.383. «¿Consigue alguna ventaja el municipio y los madrileños/as en general por el hecho de que sean empresas privadas las que gestionen servicios públicos?», se pregunta la plataforma en el informe. Su respuesta, por los motivos expuestos, es «no».
