Imagen de archivo de bañistas en la Playa del Mar Menor // EFE/Marcial Guillén/Archivo
Más de 100 sicavs han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su baja, conversión en sociedad ordinaria o traslado al extranjero desde que, a finales de 2019, el PSOE y Podemos pactaron en su acuerdo de Gobierno un mayor control sobre estos instrumentos de inversión, un plan cuyos detalles ha empezado a desgranar ahora el Ejecutivo.
Según los registros del regulador bursátil, desde enero hasta el viernes habían anunciado su baja de ese régimen 107 sociedades de este tipo con un patrimonio conjunto superior a los 500 millones en el trimestre previo a esa decisión. Son cifras que no se corresponden con el número de bajas reales: muchas se comunican semanas e incluso meses después de aprobarse en junta de accionistas.
Entre las últimas bajas anunciadas destaca Grattarola Inversiones, que tiene como presidente y consejero a Pablo Serratosa Luján, perteneciente a una rama de la saga familiar que controló la emblemática Uralita, que a principios de año presentó concurso acreedores bajo su actual denominación, Coemac. Grattarola atesoraba 32,7 millones al cierre del tercer trimestre y a esa fecha tenía apenas tres accionistas, frente al mínimo de 100 que marca la normativa. Dos de ellos se repartían, respectivamente, el 100% de sus acciones y en concreto, el 51,19% y el 48,81%, respectivamente. El 30 de octubre recibía el visto bueno de la CNMV para fusionarse con una institución de inversión colectiva del banco suizo Lombard Odier en Luxemburgo.
La última sicav que ha comunicado su liquidación (el pasado jueves), Interlaken Inversiones, tenía un patrimonio muy inferior, 2,86 millones. Era una de las que preside el octogenario editor Juan Salvat, expresidente de la editorial del mismo nombre y antiguo directivo y consejero del grupo Prisa. Interlaken ha seguido el camino de otras como Mutuavalor I (de la aseguradora zaragozana MGS) o Sermon Investments. Esta última, con un patrimonio de casi 3,9 millones, según su último informe trimestral, tenía como presidente y consejero delegado a Joaquín Bohórquez Crespi Devalldaura, hijo de la marquesa de Las Palmas, sobrino del conocido rejoneador y ganadero Fermín Bohórquez y casado con una hija del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos.
En septiembre acordaron también su disolución y liquidación Delquin Inversiones, una de las tres sicavs de Francisco Delgado, el panadero que ganó 121 millones en el euromillón en 2011, y Encañizada, sicav administrada por el financiero Eduardo Erhardt Maestre. Con un patrimonio de 9,354 millones al cierre del primer semestre, en sus últimas cuentas (2019) tres personas físicas tenían el 96,8% de las acciones de Encañizada. En esas cuentas, todavía figuraba como presidente Tomás Maestre Cavanna, uno de los hijos del promotor inmobiliario Tomás Maestre Aznar, que hizo fortuna durante la dictadura franquista urbanizando la Manga del Mar Menor (Murcia).
Entre las sicavs que han optado por la conversión en sociedad ordinaria recientemente destaca Ahorro Bursátil, que informó de su transformación en SA el 14 de octubre. Con casi 12 millones de patrimonio, estaba presidida por el empresario catalán Carlos Colomer, ex dueño del grupo de cosmética y belleza The Colomer Group. O Inversiones Etna 2006, que anunció su conversión en sociedad limitada el 22 de octubre. Gestionaba un patrimonio de 3,814 millones y pertenecía a la sociedad Musidora, que durante años fue la propietaria de los míticos cines Alphaville en Madrid.
Estos nombres se suman a los de otras sicavs que también han informado de su retirada de circulación este año. Entre ellas hay varias de empresarios de la Lista Falciani y pioneros de la sanidad privada en España que se las han llevado a Luxemburgo; ex banqueros y familiares de políticos del PP y Vox o empresarios acogidos a la amnistía fiscal de 2012 que se apresuraron a cerrar sus sicavs tras el parón del estado de alarma.
Los planes del Ejecutivo para un mayor control sobre las sicavs fueron perfilados el pasado miércoles por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, que avanzó en una comparecencia en el Congreso que pasan por establecer «requisitos adicionales» para disfrutar de sus beneficios fiscales, como «exigir a los accionistas una participación mínima de 2.500 euros», y otorgar competencias a la Agencia Tributaria para comprobar dicho requisito. La medida, que no va a ser inmediata, se incluirá previsiblemente en la Ley de Lucha contra el Fraude fiscal que se está tramitando.
52 bajas y un alta
Es de esperar que el goteo de cierres continúe. Según el último boletín trimestral de la CNMV, durante el primer semestre de 2020 se produjeron 52 bajas de sicavs «y tan solo 1 alta». Así, a finales de junio había un total de 2.518 sicav registradas frente a las 2.562 de diciembre de 2019, «habiendo llegado esta cifra a alcanzar las 3.368 entidades en 2016», lo que refleja la tendencia descendiente tras años de anuncios de sucesivos gobiernos para reforzar las exigencias sobre ellas.
En el primer trimestre, de acuerdo con los datos oficiales de la CNMV, la mayor parte de las bajas (37) fueron consecuencia de procesos de liquidación, mientras que seis fueron absorbidas en procesos de fusión, una fue revocada y ocho se transformaron en otro tipo de entidades (6 de ellas en SL y 2 en SA). El descenso en el número de entidades reflejó también en el número de accionistas, que cayó un 3,3% hasta los 385.359 de finales de junio. El patrimonio conjunto se redujo un 8,9%, hasta 26.228 millones, en buena parte por el mal comportamiento de los mercados durante la primera fase de la crisis del coronavirus. El patrimonio medio por sicav descendió desde los 11,2 millones de 2019 hasta los 10,4 millones del primer semestre de 2020.
