Asistentes a las concentraciones que se llevaron a cabo en mayo en defensa del sistema público de salud han empezado a recibir sanciones por la Ley Mordaza. Critican que la policía no identificó a ningún cacerolo pese a saltarse normas de seguridad como la distancia mínima.
Concentración de vecinos y vecinas de Moratalaz por la Sanidad Pública, la tarde del jueves 21 de mayo 2020 // Laura L. Ruiz
“En octubre comienzan a llegarnos las multas por aquellas identificaciones. Entre los argumentos, que no respetamos la distancia de seguridad, que no podíamos estar en la vía pública, que desobedecimos las órdenes de la policía… Excusas que pueden desmentirse simplemente viendo los vídeos e imágenes que durante esos días circularon por distintas redes”. Así explica la asamblea del Distrito14 (D14) lo que desde hace unos meses viene ocurriendo a miembros del movimiento antifascista y otras personas que se concentraron a finales de mayo en favor de la sanidad pública en el bario madrileño de Moratalaz. En total, más de una veintena de multas, cuyo importe conjunto superan los 14.000 euros, respondiendo al mandato de Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.
“Vecinos y vecinas salimos durante días, dentro de la franja horaria permitida, con el fin de reivindicar una sanidad y servicios públicos de calidad”, continúan desde la asamblea, “reconociendo y agradeciendo la labor de los trabajadores de diferentes sectores, y haciéndonos eco de su precaria situación, agravada por la crisis del covid-19 y para protestar contra las exhibiciones de los reaccionarios y del fascismo que durante los días esos mismos días se venían produciendo en el barrio”.
Así se refieren a las personas que protestaron con cacerolas en pleno estado de alarma y que pedían, entre otras cosas, la dimisión del Gobierno y del grupo de expertos sanitarios que gestionaban la pandemia. “Mientras nosotras —prosigue la asamblea de jóvenes de D14—, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, con mascarillas y cumpliendo los protocolos que se nos exigían, nos encontramos con identificaciones día sí día también, muchas de ellas cuando íbamos de camino a nuestras casas, desconvocada ya la concentración, a pocos metros se reunían los cacerolos, bandera al cuello, sin ningún tipo de recriminación por parte de la policía, pese a que ellos no mantenían la distancia de seguridad y el resto de medidas impuestas durante ese periodo”.
Más información: La defensa de la sanidad pública gana espacio a las caceroladas en Moratalaz – Susana Albarrán
Banderas y bulos
Con pancartas de ‘los fascistas son también un virus’ y preguntas como ‘dónde estabais cuando recortaban’, decenas de vecinos en Moratalaz respondieron a las protestas de sectores conservadores y ultras, provocándose en algunos lugares enfrentamientos verbales e incluso físicos. El propio distrito madrileño fue protagonista de uno de ellos, cuando la tensión surgió en las protestas. La gran diferencia con otros fue que numerosos medios de comunicación dieron por buena la información de que había habido un apuñalamiento que nunca se produjo.
“En todo momento, estas concentraciones fueron de carácter totalmente pacífico, hasta que uno de los días, uno de los cacerolos decidió insultar e intentar agredir a vecinos que se encontraban manifestándose a favor de los servicios públicos, como así lo prueban los diferentes vídeos que circularon por redes sociales”, comentan desde D14.
Los partes de los agredidos y los numerosos testimonios dejaron ver que no había tal agresión, aunque eso no evitó que medios, opinión pública y políticos como el propio alcalde de Madrid dieran por buena la idea y tildaran de “banda criminal de izquierdas” a Distrito 14 y a otros grupos de jóvenes antifascistas de Moratalaz.
“El bulo fue difundido por diferentes personajes de relevancia dentro de la derecha y ultraderecha, como el subinspector de la Policía Nacional Alfredo Perdiguero, cuando lo único que hacíamos era defender los servicios públicos y la provocación y ataque por parte de esta persona estaba completamente fuera de lugar”, defienden desde el grupo que se define como ‘contra el capitalismo, el patriarcado, el fascismo y el racismo’.
Más de un millón de multas, respaldo y anulaciones
Las multas por manifestarte o por llevar a cabo acciones reivindicativas aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana se multiplicaron en los meses de estado de alarma, llegando a ser cuestionadas por numerosos expertos juristas, organizaciones de Derechos Humanos y movimientos ciudadanos. Sobre todo por la escasa precisión que define una de sus consideradas infracciones graves: “Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.
El cuestionamiento también viene por sus cifras, ya que en solo mes y medio (marzo y mitad de abril) las cifras en España ya era superiores a las impuestas entre 2015 y 2018 juntas. A nivel europeo también destaca como el país más sancionador por delante de Francia, con 915.000 (con 67 millones de habitantes); de Italia, con 224.000; o Alemania, con apenas 2.200. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, estima que detrás del total de los incumplimientos apenas está el 1% de la población española, es decir, unas 470.000 personas.
“Detrás de todo esto sabemos que solo hay un objetivo: tratar de amedrentarnos, de que agachemos la cabeza, ejerciendo una violencia institucional y económica para que, por miedo, dejemos de luchar como llevamos haciendo durante años”, señalan desde D14
En sus cinco años de vida, la ley ha sido aplicada para evitar el movimiento contra los desahucios —18.030 euros en multas en Barcelona desde que los Mossos d’Esquadra la empezaron a aplicar de forma amplia— o en reivindicaciones feministas. Otras llaman mucho la atención por desorbitadas, como los 2.700 euros que proponían por hacer pintadas con tiza contra el cambio climático en la tercera ciudad más contaminada del Estado español, Granada, o por repartir la comida en el Cabanyal: dos multas de 600 euros a voluntarias y una de 3.000 al dueño de un bar que cedió la comida que no podría vender por el cierre de los locales a personas vulnerables del barrio valenciano. Casos similares que hicieron que entidades como el Defensor del Pueblo pidiera estudiar este incremento tan significativo de sanciones correspondientes a la Ley Mordaza o que Amnistía Internacional denunciara abusos y la falta de criterios en su aplicación.
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha avalado esta ley —aprobada en 2015 y de las más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy— salvando las críticas y esquivando varios intentos de derogación. En esa sentencia, el tribunal de garantías da por bueno el rechazo a los inmigrantes en la frontera, que se considere como infracción grave manifestaciones como Rodea el Congreso o los registros corporales externos, incluso si implican el desnudo. Solo ha dejado en entredicho que grabar a las fuerzas de seguridad sin su permiso sea una infracción grave por no tener el visto bueno de la autoridad. Aun así, hay margen para echar atrás las multas, como ya ocurrió en el caso de las las piqueteras feministas de Valencia, que lograron que el juzgado contencioso-administrativo anulara las multas de la Delegación del Gobierno (que ascendían a 11.000 euros) al considerar que el informe judicial carecía de “objetividad”.
Precisamente, el objetivo de la asamblea de jóvenes del Distrito 14 pretende que su caso sea similar, ya que planean recurrir las más de una veintena de multas que hasta la fecha han llegado con el apoyo de la campaña #LaRepresiónNoEsUnaLotería. “No nos rendimos, estamos recurriendo cada una de ellas, y para poder hacer frente a todo este proceso hemos preparado un sorteo, que realizaremos el próximo 6 de enero, y al que todo el que quiera aún está a tiempo de unirse, comprando papeletas tanto online como físicas. Sabiendo que nuestra situación no es personal, sino que tiene un trasfondo político, y siendo conscientes de que solas no podemos, estamos pidiendo la colaboración de todas aquellas personas que sientan nuestra lucha como propia”.
Preguntados por cuál creen que es el objetivo de estas multas y esta aplicación tan concreta de la Ley Mordaza, desde la agrupación antifascista argumentan que “detrás de todo esto sabemos que solo hay un objetivo: tratar de amedrentarnos, de que agachemos la cabeza, ejerciendo una violencia institucional y económica para que, por miedo, dejemos de luchar como llevamos haciendo durante años, como demostramos todos esos días”.
