Más de 200 personas denunciadas desde 2015 por difundir imágenes de actuaciones policiales al calor de la ‘ley mordaza’

En una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, Interior señala que solo en 2020 se abrieron 50 procedimientos de ese tipo. Las provincias que acumulan mayor número de casos son Sevilla, Málaga y Pontevedra.

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Cargas policiales

Imagen de archivo de las cargas policiales registradas el pasado 2 de septiembre en Pamplona durante el desalojo de un gaztetxe (local juvenil), en el barrio de la Rochapea // Eduardo Sanz – Europa Press

La Ley de Seguridad Ciudadana –popularmente conocida como ‘Ley Mordaza’– que hoy defienden las asociaciones policiales sirvió para que más de 200 personas fueran sancionadas entre 2015 y 2020 por difundir imágenes de actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado en distintos puntos del país. Así lo desvela Interior en una respuesta remitida al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había solicitado información al respecto.

El documento recoge los casos de «personas propuestas para sanción, según el artículo 36.23 de la citada Ley Orgánica«, en el que se establece que se castigará «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información».

De acuerdo a la tabla suministrada por Interior, entre 2015 –año en el que se puso en marcha la ‘ley mordaza’– y 2020 inclusive hubo 213 «propuestas para sanción» al calor de ese artículo. Se trata precisamente de uno de los puntos que PSOE y Unidas Podemos prevén reformar de la citada ley, algo que ha sido respondido en la calle por la mayoría de sindicatos y asociaciones policiales, que se oponen –al igual que PP, Vox y Ciudadanos– a cualquier modificación de la restrictiva norma que implementó el Gobierno de Mariano Rajoy.

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El informe señala que el año en el que se registró mayor número de denuncias fue 2020, con 50 casos, 12 más que en 2019. En cuanto a territorios, los datos facilitados por Interior a Iñarritu permiten establecer que Sevilla encabeza el ranking de multas por difundir imágenes de actuaciones policiales con un total de 19 casos, seguida por Málaga (12), Pontevedra (11), Tenerife (10) y Jaén (10).

«Es preocupante que esta tipología de sanción vaya en aumento en los últimos años. Se trata de una prueba más de que hay que acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana, sobre todo con estos artículos tan lesivos», señaló Iñarritu a Público.

Periodistas multados en Navarra

En su pregunta, el diputado de EH Bildu también había solicitado información concreta sobre el caso de las sanciones impuestas a dos periodistas gráficos de los medios navarros Ahotsa.Info y Ekinklik «tras haber publicado imágenes de una protesta contra el proyecto turístico de Aroztegia en Navarra-Nafarroa» que se produjo el pasado 9 de abril.

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Interior alega que a las 16.00 de ese día, «una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil se desplazó a la localidad de Lekaroz-Baztán (Navarra) para la comprobación de una posible manifestación no comunicada en la plaza de dicha localidad», donde «se constató la concurrencia de personas en el lugar, la cual se disgregó tras la llegada de los agentes y se dirigió a uno de los terrenos donde se estaban realizando obras de deforestación y urbanización en torno al denominado ‘Palacio de Aroztegia’, sito en Lekaroz».

Tras describir que «estos terrenos son de titularidad privada, encontrándose vallados perimetralmente y su acceso restringido a toda persona ajena a los trabajos que allí se desarrollan», el Gobierno señala que «al divisar los agentes que una multitud de personas habían accedido a esta finca sin permiso y se habían sentado frente a las máquinas excavadoras impidiendo a los operarios continuar con las labores que estaban realizado, solicitaron apoyo de la Policía Foral de Navarra«.

«Tras verificar que la permanencia de aquellas personas en el lugar no estaba autorizada por el titular de la finca, y que su estancia allí podría resultar peligrosa para su propia integridad, se procedió a su desalojo, tras requerírselo de forma verbal», continúa el relato de Interior, al tiempo añade que «los agentes de la Guardia Civil procedieron a la identificación de las 21 personas que allí concurrían de forma irregular, entre las que se encontraban dos que se identificaron como periodistas».

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El Gobierno sostiene en su respuesta que «ambos profesionales de la información se encontraban en una parcela privada contra la expresa voluntad del titular del derecho real de aquel bien inmueble».

«Una barbaridad»

«Vemos una vez más la impunidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, utilizando la ley mordaza, pueden multar arbitrariamente a quien consideren, en este caso a periodistas que están informando sobre una protesta», lamentó el diputado de EH Bildu, quien añadió que en ese caso en concreto «no se veía la cara a los agentes, que iban con gorras reglamentarias y mascarillas», por lo que consideró este hecho como «una barbaridad».


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