- Los últimos ejemplos son los del nuevo director de Fiscal de El Corte Inglés, ex jefe de la Inspección de Hacienda en la Agencia Tributaria, y la ex número dos de Montoro Pilar Platero, fichada por Logista
- La Asociación de Inspectores de Hacienda cree que es «inevitable en una economía de mercado» y rechaza endurecer la regulación de incompatibilidades, como ha planteado Unidas Podemos
- Uno de cada diez abogados del Estado acaba en una empresa del Ibex 35
Cristóbal Montoro, en una imagen de archivo junto a los entonces secretarios de Estado Miguel Ferre, Marta Fernández Currás y Antonio Beteta.
Más de 30 cargos del Ministerio de Hacienda han pasado a trabajar para empresas privadas en la última década, en un goteo que comprende a exministros, ex secretarios de Estado, ex directores generales y puestos directivos en el ministerio y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
En el nivel más alto, esa treintena de nombres incluye a los exvicepresidentes Pedro Solbes y Elena Salgado (que en 2011 y 2012, respectivamente, pasaron a asesorar a empresas como Enel, dueña de Endesa) y dos ex secretarios de Estado: Miguel Ferre, contratado por EY meses después de dejar Hacienda en 2016 y que hoy acumula cargos en diversas empresas, y Marta Fernández Currás (Presupuestos y Gastos), que también en 2016 se incorporó a esa consultora, de la que es socia directora en Galicia.
En cuanto a Montoro, que ha vuelto a su cátedra en el Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, su actividad en el sector privado se limita por ahora a su papel, conocido este martes, como consejero-asesor de la junta directiva del Foro de Contratación Responsable, un órgano impulsado por la Fundación Once y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
En dicho foro participan grandes empresas y Administraciones públicas y funciona como un grupo de presión centrado en crear y mantener el empleo para las personas con discapacidad, así como en la accesibilidad universal mediante la contratación pública.
La última salida conocida en las filas de Hacienda es la de Luis María Sánchez, nuevo director de asesoría Fiscal de El Corte Inglés y ex jefe de la Inspección de Hacienda en la AEAT con Cristóbal Montoro (2013-2018).
Sánchez se ha sumado a otros ex de la agencia como Rufino de la Rosa, exdirector del Departamento de Gestión Tributaria, que este mes se ha incorporado a EY como socio de Fiscal procedente de KPMG, por la que fichó en 2018; o el exjefe de Dependencia de Inspección de la Delegación de Grandes Contribuyentes Ignacio Ucelay, en Baker & McKenzie desde 2015. Ese año, Deloitte contrató a Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros, exdirector del servicio Jurídico de la AEAT, y Pablo Renieblas, exsubdirector general de Impuestos Especiales y Tráfico sobre el Comercio Exterior.
El listado de bajas de la AEAT en los últimos años abarca otros nombres como los de José María Remacha, exjefe de equipo de Inspección en Catalunya, que en 2017 se marchó a EY; o Natalia Garzón, que en 2012 se incorporó a la SGAE y actualmente es socia de Cortés Abogados.
Fuera de la AEAT, destacan los fichajes de los dos anteriores máximos responsables de la estratégica Dirección General de Tributos (DGT): Alberto García Valera (que en 2018 fichó con polémica por EY, donde permanece tras un fugaz paso por la Junta de Andalucía) y Diego Martín-Abril (en Gómez-Acebo & Pombo). Ambos han sido fieles a una tradición (irse al sector privado) que en este siglo han cumplido cuatro de las cinco personas que han dirigido la DGT, con la excepción del actual director de la AEAT, Jesús Gascón.
Otros nombres destacados son los de la ex directora del Impuesto de Sociedades Begoña García-Rozado, que en 2017 fichó por PwC, medio año después, por Deloitte, y a los nueve meses, por Iberdrola, que le hizo una oferta «que no ha podido rechazar», como contó entonces Expansión (1); o la ex subdirectora general de fiscalidad internacional de la DGT Roberta Poza, actual socia de fiscalidad internacional de PwC; o el ex director de la Escuela de Hacienda Pública Manuel Díaz Corral (en el despacho de abogados Ontier).
Uno de los últimos movimientos ha sido el nombramiento como consejera independiente de Logista, la empresa que controla el monopolio de la distribución de tabaco (con una relación sensible con las cuestiones tributarias), de Pilar Platero, ex número dos de Montoro como subsecretaria de Hacienda, ex socia del despacho que fundó el ministro (Equipo Económico) y presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hasta 2018.
Tendencia estructural
El trasvase de funcionarios y cargos a firmas de consultoría, bufetes y grandes empresas tras su experiencia en el Ministerio es habitual desde hace muchos años, como muestra un vistazo a las direcciones del área Fiscal de varias compañías del Ibex, donde hay varios inspectores de Hacienda en excedencia. Ese tránsito, que según las fuentes consultadas no es mayor al de otras épocas, crece conforme se asciende a los escalafones superiores, tanto en la AEAT como en el Ministerio. A mayores responsabilidades, más papeletas para acabar en el denominado lado oscuro.
Para la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), Berta Tomás Vidal, se trata de un fenómeno «inevitable en una economía de mercado» que se explica por la mayor remuneración que ofrece el sector privado y las ganas de «conocer otras cosas» de los funcionarios. En su opinión, «la imagen que se tiene del que se va a lo privado es que lo hace para enseñar cómo defraudar», pero «al final en la mayoría de los casos no es eso»; se trata de «asesorar en lo que se puede hacer».
Tomás calcula que en torno al 15% de los efectivos del cuerpo de inspectores (formado por unas 2.000 personas) está en excedencia, por debajo de otros cuerpos como el de abogados del Estado, donde en torno a la mitad de sus miembros se ha pasado al otro lado. «Tampoco se van muchos», dice la presidenta de IHE, que no considera preocupante este fenómeno y rechaza endurecer la normativa de incompatibilidades, como proponía en su último programa electoral Unidas Podemos.
Al explicar sus planes de prohibición de las denominadas «puertas giratorias», esa formación planteaba «una regulación para impedir que responsables técnicos de alto nivel (por ejemplo, técnicos de Hacienda) puedan favorecer después, con información obtenida en su paso por el servicio público, a grandes empresas que operan en la que ha sido su área de intervención o regulación».
«Es un problema muy grave y debe abordarse. No digo que mis compañeros que se pasan al sector privado estén haciendo un uso fraudulento de la información e incumpliendo la ley. Digo que la ley debe reformarse para que haya un mínimo de años en los que no se pueda uno dedicar a asesorar a quienes has controlado desde la administración pública», decía en 2018, en una entrevista a eldiario.es, el técnico de Hacienda Ricardo Gutiérrez.
El presidente de la Asociación de Técnicos Gestha, Carlos Cruzado, cree muy probable que la cifra de fichajes de cargos del Ministerio en la última década supere de largo esas 30 personas y considera que este trasvase de funcionarios «levanta muchas dudas» y se «engrasa» en foros como los cursos organizados por escuelas de negocio en los que participan funcionarios en activo de la AEAT. En ocasiones, critica, esos cursos son «claramente un curso de pedagogía para la elusión fiscal» que sirve como toma de contacto entre los funcionarios y sus futuros empleadores.
El último dique
El trasvase a lo privado va más allá de la Agencia Tributaria o el ministerio y afecta también a órganos con menor visibilidad como los tribunales económico-administrativos, el último dique en el que se resuelven los recursos ante el Fisco antes de la vía judicial.
En abril, la expresidenta del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid Eva Martín Díaz, ex vocal coordinadora del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y ex coordinadora en la subdirección general del IRPF de la DGT, fichó por el despacho Garrido Abogados, donde «centra su actividad en la defensa jurídica de los clientes tanto en vía económico-administrativa como contenciosa, en relación con procedimientos de gestión, inspección tributaria, recaudatorios y sancionadores».
Este despacho, fundado hace más de 25 años por el inspector de Hacienda en excedencia Miguel Ángel Garrido, tiene en su equipo a, entre otros, al exjuez Juan Martínez Micó (que en 2018 se jubiló como magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo), y en 2014 incorporó a Juan Luis Sendín, delegado de la AEAT de Salamanca de 2010 a 2014 y actual socio director del bufete, del que es experto perito económico y especialista en informes sobre delito fiscal.
También trabajan en Garrido Abogados otros dos antiguos cargos de la AEAT a los que contrató en 2011: Raúl de Francisco Garrido, exsubdirector adjunto de Recaudación Ejecutiva, y Carlos Neira, ex jefe de Equipo en la Oficina Técnica de Inspección y actual socio responsable de Penal Económico del bufete.
Por cuenta propia
También hay cargos de la AEAT que han dejado el organismo para montar sus propios despachos, como Antonio de la Ossa. Tras 23 años en Hacienda, decidió probar suerte al otro lado. Primero, como director general de Ibercondor (especialista en transporte internacional y logística aduanera) y desde 2018, con su propia firma, especializada en Consultoría Aduanera y Comercio Exterior.
Lo hizo, dice, para «probar nuevos retos» y tras su cese en 2012 como director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT. Otro ejemplo es el de Antonio Rodríguez Vegazo, exdelegado de la AEAT en Cáceres y Granada, entre otros cargos, y que hace unos años abrió su propia firma para ofrecer «experiencia y conocimiento al servicio de la empresa», como explica en su web.
Un caladero en el que suelen pescar las grandes firmas es el de los abogados del Estado al servicio de la Administración tributaria. Al ya mencionado Herrero de Egaña se suman otros como Miguel Muñoz, abogado del Estado jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda hasta que en 2014 fichó por EY, donde permaneció hasta que en diciembre pasado pasó a PwC (2); David Mellado, exsecretario general Técnico del ministerio (2012-2016) y actual socio del área de Derecho Administrativo de PwC; o Maximino Linares, exabogado del Estado coordinador de Asuntos Tributarios en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo (2011) y ex director del servicio jurídico de la Agencia Tributaria, que en 2012 fichó por EY.
También pertenece a ese cuerpo de élite Juan Ignacio Romero, reclutado en octubre por Gómez-Acebo & Pombo y que hasta enero de 2017 fue director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en el Ministerio de Hacienda y posteriormente, secretario general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Asimismo, son abogadas del Estado la ex secretaria general de Loterías y ex abogada del Estado en la AEAT en Madrid y Barcelona Eva González, fichada en mayo de 2018 por Mutua Madrileña como directora de su asesoría jurídica; la ex secretaria general de SEPI Concepción Ordiz (en Red Eléctrica e Hispasat); la directora jurídica de ese hólding estatal hasta 2012, Marta Pastor, hoy directora corporativa de la Asesoría Jurídica para Asuntos de Derecho Público en Telefónica; y Cristina Coto del Valle, ex mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia y exsubdirectora del Servicio Jurídico en la AEAT entre 2010 y 2012. Actualmente, es socia de derecho público en el despacho familiar del ex alcalde de Madrid.
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En relación a los artículos de Expansión:
- Begoña García-Rozado, de Deloitte, ficha por Iberdrola
- PwC ficha al exjefe de la Abogacía en la Secretaría de Hacienda
