A los edificios, acciones de empresas y derechos económicos valorados en casi 300.000 millones de euros que están exentos de tributar en Patrimonio se les suman otros por más de 100.000 a los que el Gobierno de Madrid exime de tributar bonificando el 100% de la cuota.
El patrimonio de los más acaudalados soporta una liviana presión fiscal en España / REUTERS
La presión fiscal que soportan las fortunas de los más ricos de España, los 177.931 contribuyentes (o quizá no tan pagadores) que poseen patrimonios de más de 700.000 euros (400.000 en Aragón) en edificios, tierras, acciones, rentas, concesiones, joyas, coches y barcos de lujo y obras de arte, resulta más bien liviana: más de la mitad de esa riqueza, que en los últimos años crece a un ritmo netamente superior al del PIB, está libre de impuestos mientras pagan por el resto apenas un 0,38% anual, según indica la última Estadística de los Declarantes del Impuesto de Patrimonio de la Agencia Tributaria.
El 42% de los 687.893 millones de euros que suman esas fortunas, 290.656, se encuentran directamente exentos de tributar por efecto de la normativa estatal, mientras que los propietarios de bienes por otros 106.613 lo hacen en Madrid con una bonificación autonómica del 100% en la cuota a ingresar, medida de la que también se benefician, aunque con menor intensidad, los propietarios de bienes por valor de otros 4.260 millones en La Rioja.
La suma de esas cifras sitúa por encima de los 400.000 millones de euros la valoración de las fortunas libres de impuestos en España, mientras el resto, algo más de 280.000, aporta tan solo 1.123 en impuestos al año. Los datos corresponden al ejercicio de 2018, el último con datos disponibles.
La presión impositiva sobre el conjunto de esas fortunas se sitúa en el 0,16%, un tipo efectivo 95 veces inferior a la media del país (15,2%), en el que el IVA arroja uno del 15,3%, el IRPF otro del 12,8% y Sociedades uno del 9,2%.
Entre los motivos de esas exenciones, recogidas en la ley estatal aunque se trate de un tributo de gestión autonómica, destacan dos: que se trate de edificios monumentales catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) o figuras similares, algo que conlleva una obligación a menudo incumplida de abrir las puertas al público de manera gratuita un mínimo de cuatro días al mes, y la de acciones de empresas, que supone la principal partida.
Las exenciones por BIC afectan a fincas por 23.180 millones de euros dentro de una cartera inmobiliaria de 138.013, con solo 4.390 de ellos de tipo rústico, mientras las de las acciones benefician a más de la mitad del total: 17.629 millones de 141.526 de empresas cotizadas y 240.234 de 366.272 de sociedades ajenas a la bolsa siempre que no sean instrumentales.
El tratamiento fiscal de este descomunal patrimonio, cuya valoración equivale a más de la mitad del PIB español, del que tan solo una mínima parte (11.966 millones, 1,73%) está afecto a actividades económicas y que durante los años de la recuperación previos a la pandemia llegó a registrar crecimientos de más del 8% anual en otra prueba del nueve del insoportable avance de la desigualdad en España, parece abocado a cambios a corto o medio plazo vistos los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas, con una caída de la recaudación; en las empresas, con dos de cada cinco en pérdidas al cierre del primer semestre según los datos del Banco de España, y en las familias, con desplomes de las rentas que rondan el 20% en las clases medias y con una inquietante extensión de la pobreza y la escasez por debajo de ese nivel, en el que más de un millón y medio de personas han necesitado ayuda para poder comer.
¿Un recargo estatal? ¿Un rescate temporal?
El impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones, de titularidad estatal pero cuya gestión lleva décadas cedida a las comunidades autónomas, se perfilan, junto con el IRPF de las rentas más altas, como dos de los principales candidatos a generar ingresos para las administraciones en el marco de unas reformas tributarias que considera urgentes la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, cuyas recomendaciones consideran «preciso actuar, tanto en el corto como en el medio plazo, con el objetivo de reformar nuestro sistema fiscal con un único objetivo: garantizar la pervivencia y la solidez de nuestro sector público, y especialmente fortalecer nuestro gasto público social».
Otra cosa es encontrar el procedimiento para retocarlos, algo en lo que, según distintas fuentes, llevan tiempo trabajando en el Ministerio de Hacienda. «Resulta muy difícil cambiar la aplicación de cualquiera de esos impuestos sin modificar las leyes que los regulan», advierte Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el sindicato de los inspectores de Hacienda, quien, no obstante, considera que las novedades pueden llegar «cuando se abra el melón del modelo de financiación autonómica».
En cualquier caso, y mientras la mayoría de las comunidades autónomas aboga por una armonización de los impuestos cedidos ante la que Madrid ofrece la principal nota discordante con bonificaciones de más de mil millones de euros al año a las rentas y los patrimonios más elevados y anuncios de nuevas rebajas fiscales, el ejecutivo dispone de dos vías relativamente sencillas: el recargo estatal o el rescate, ya sea temporal o, como el del Gobierno de Mariano Rajoy con el tributo que grava los Hidrocarburos en 2018, definitivo.
Galicia, Castilla y León y Murcia sí cobran el Impuesto de Patrimonio
«Se están dejando de recaudar en Madrid más de 900 millones al año en Patrimonio que se regalan a poco más de 12.000 personas. Eso es algo increíble. Madrid desprecia ese dinero con la que está cayendo», indica Cruzado.
No se trata de una cuestión de partido, ya que Galicia (82 millones) es, solo por detrás de Catalunya (512 millones), la segunda comunidad que más ingresa por este impuesto, al que en 2018 no aplicaban ninguna bonificación otras gobernadas por el PP como Castilla y León (29,8) o Murcia (22,2).
De hecho, la práctica totalidad de las bonificaciones se concentran en Madrid, con 905 millones de un total de 924. Por detrás, a mucha distancia, se encuentran La Rioja, con 11,6, y Catalunya, con menos de 200.000 euros, mientras Aragón, Asturias y Baleares se reparten los siete restantes.
Madrid también aplica elevadas bonificaciones, de hasta el 99%, en la cuota del Impuesto de Sucesiones, un tributo que únicamente afecta a las herencias de contribuyentes con magros patrimonios: los pagos son simbólicos en Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Euskadi, y en el resto del país o no se paga si el valor del legado no supera los 400.000 euros o las rebajas de la cuota van del 75% en adelante, según un estudio de Bankínter.
Esas situaciones se dan mientras organismos como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevan años insistiendo en la necesidad de reformar la fiscalidad para ir aumentando la aportación tributaria de los grandes patrimonios, posicionamiento en el que apenas hay ya debate en el ámbito teórico ni en el plano internacional.
Esa línea está siendo debatida por todos los gobiernos de la UE ahora mismo, aunque en varios de ellos hay reticencias a aplicar ese tipo de fórmulas.
