Corporativismo, falta de transparencia y de herramientas de gestión presentes en otras administraciones públicas como la rendición de cuentas son algunos de los problemas que organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad ven en los cuerpos policiales españoles. Las propuestas van desde aumentar la formación práctica de los agentes hasta crear organismos y control independientes y abrir vías de participación que permitan crear políticas de seguridad decididas en común.
// Byron Maher, Sancho R. Somalo
Los cuerpos policiales en España están más orientados a gestionar el disturbio que a proteger el orden público. Así lo explican distintos teóricos sobre seguridad y también muestra de ello son las cifras de heridos en movilizaciones ciudadanas a manos de los agentes de los distintos cuerpos. Entre los años 2010 y 2016, más de 2.000 personas denunciaron haber sufrido violencia policial en España, según datos de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. En 2017, solo las actuaciones policiales para evitar la celebración del referéndum del 1 de octubre provocaron más de un millar de heridos. En 2019, las protestas por la sentencia del Procés acabaron con más de 200 heridos. Y este año, solo con las protestas celebradas por la entrada en prisión de Pablo Hasel ya se cuentan también más de 200 personas heridas. Y son casos que en contadas ocasiones suponen consecuencias para los agentes agresores.
Con las dos últimas sentencias de enero y marzo, son ya 15 las condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por malos tratos o torturas realizadas por policías o por la falta de investigación de este tipo de casos.
Lola Valles Port es la responsable del departamento de investigación del Institut de Seguretat de Catalunya, único en España vinculado a un cuerpo policial. Explica que los cuerpos policiales europeos se clasifican, a grandes rasgos, en tres grandes grupos. Uno de ellos es el anglosajón, en el que la policía está más orientada al servicio a la comunidad, al tener una estructura metropolitana. El nórdico o sueco, que, según señala Valles, es “un modelo híbrido con policías estatales pero con una relación no antagónica con la ciudadanía”. Y, por último, el modelo continental, “en el que históricamente los policías surgen del Estado y su servicio está más vinculado al Gobierno” y presenta “una relación antagónica o de enfrentamiento con la ciudadanía”, explica la investigadora. Es en este último grupo en el que se encuadran los cuerpos policiales españoles.
José Ángel Brandariz, profesor de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña, añade varias características al modelo policial español. “Lo que ha sucedido con la Policía es similar a lo que ha pasado en otros ámbitos de la sociedad y administración: la llegada de la democracia funcionó como una suerte de realismo mágico en el que se convocan elecciones y de un día para otro se pensó que había cambiado todo, pero la inversión en la transformación de determinados poderes públicos fue muy limitada en la depuración de personas y en la transformación de los modelos organizativos, y siempre hubo una excusa a mano para no afrontar esta patata caliente”, explica Brandariz, quien añade que tampoco “ha habido una demanda de transformación de la función policial que haya tenido impacto hasta momentos muy recientes, de nuevo por esta concepción de la democracia como realismo mágico”.
Armamento y orden público
Uno de los primeros puntos en el debate sobre la revisión del modelo policial que forma parte de las negociaciones para formar gobierno en Catalunya es el tipo de armamento a utilizar por las fuerzas del orden. Desde las CUP reclaman la “desmilitarización”, afirma Xavier Pellicer, diputado electo de este partido. Esto es, eliminar del uso policial cualquier arma, elemento o modus operandi que sea más militar que policial y, en especial, las armas que ya se han demostrado que son peligrosas, porque en Catalunya, en España o en otros países ya han ocasionado víctimas. Dos de ellas son las balas de goma —que en País Vasco y Catalunya se prohibieron ante la muerte de Iñigo Cabacas en 2012 y el caso Ester Quintana en 2014 respectivamente, pero cuyo uso sigue vigente en el resto del Estado—, las balas de foam —que en febrero causaron la pérdida de un ojo a una joven de 19 años y, según señalan desde Iridia, también podrían ser las causantes de otros dos casos de pérdida de un ojo en las protestas por la sentencia del Procés en 2019—.
“A diferencia de las balas de goma, las de foam son de precisión, no rebotan, donde se apunta se impacta; solo se puede entender que haya una herida en el ojo porque se haya apuntado a la cabeza, y en ese sentido se están utilizando mal y es muy grave”, afirma Anaïs Franquesa, del Centro de Derechos Humanos Iridia
“A diferencia de las balas de goma, las de foam son de precisión, no rebotan, donde se apunta se impacta; solo se puede entender que haya una herida en el ojo porque se haya apuntado a la cabeza, y en ese sentido se están utilizando mal y es muy grave”, afirma Anaïs Franquesa, del Centro de Derechos Humanos Iridia, quien denuncia que, en Catalunya, a pesar de que desde su organización y desde Amnistía Internacional han reclamado la publicación del protocolo de uso de este tipo de armas para comprobar si se forma a los agentes siguiendo las recomendaciones internacionales, la Dirección General de Policía se ha negado a ello.
“Cuando en alguna situación el agente golpea por encima de la cintura, o no sigue la praxis correcta o lo hace de manera errónea por las circunstancias, pero la preparación está”, afirma, por su parte, Luis Miguel Lorente, Coordinador de la Agrupación Reformista de Policías (ARP), organización policial que desde su nacimiento viene reclamando un cambio en el modelo policial para que sea más acorde con valores sociales. “Otro debate es sobre las herramientas adecuadas porque son menos lesivas”, añade.
Sprays de pimienta o de autodefensa, cañones de agua, porras extensibles, pistolas eléctricas o táser… Son varias las armas denominadas como menos letales usadas por los cuerpos policiales, sobre muchas de ellas hay polémica y con casi todas ellas se han reportado víctimas mortales o lesiones de por vida. Pero tampoco hay alternativas claras.
“Los investigadores de Suecia con los que trabajé estaban maravillados porque no usábamos ni caballos ni perros en movilizaciones, como hacen en otros países europeos, porque consideraban que eso era maltrato animal, pero nosotros aquí podemos sacarle un ojo a alguien”, apunta Valles. Para esta investigadora, un tipo de arma no letal que presenta menos peligrosidad son los cañones de agua, pero “si se utilizan bien”, subraya. “En España tienen una historia crítica porque se usaban en la dictadura, por lo que tienen mala reputación, y si se utilizan con mucha potencia pueden hacer también mucho daño, pero si se utilizan bien no hacen tanto daño y es efectivo para dispersar a la gente”, explica la investigadora.
Sin embargo, Valles señala que el problema de la gestión del orden público es “más un tema de estrategias que del tipo de armamento”. “Y no está resuelto en ningún lugar”, añade. Entre 2010 y 2013, Valles participó en el proyecto Godiac, una investigación europea sobre buenas prácticas policiales en movilizaciones sociales en el que se defendía la mediación como una de las estrategias para evitar conflictos entre la ciudadanía y los cuerpos policiales y tras la cual, en Catalunya se puso en marcha, siguiendo el ejemplo de Suecia y Alemania, una unidad de mediación que, según afirma Valles, ha sido efectiva a la hora de disminuir la gravedad de los conflictos en manifestaciones.
// Álvaro Minguito
Policías que salen a la calle sin formación práctica
El modelo policial de cada país tiene características que influyen en cómo terminan actuando los agentes de policía incluso antes de que comiencen su profesión, según explica Valles. Esta investigadora participa actualmente en otro proyecto de investigación a nivel europeo, Recpol, que tiene como objetivo analizar las formas de acceso y la formación que reciben los agentes de policía en distintos países europeos, y la relación de los agentes de estos diferentes cuerpos con respecto a la ciudadanía. “Fue un acuerdo entre escuelas de policía y universidades para hacer la misma investigación y comparar”, explica. Y hay grandes diferencias según modelos.
Valles asegura que el modelo nórdico ha progresado hasta un sistema universitario en el que las personas que aspiran a ser policías tienen que hacer un grado universitario de tres años. “Es una formación mucho más larga y más abierta, durante la cual no hay diferencia ciudadano-policía”, explica la investigadora. Por el contrario, el sistema continental, en el que se incluyen los diferentes cuerpos de policía de Estado y autonomías, “es lo que se llama ‘más vocacional’”. La española es una formación que “se basa sobre todo en impartir normas y regulaciones, y en explicarles cómo hacerlo, son más corporativas”. Por el contrario, en los países nórdicos, al ser una formación más académica, “les explican más el qué hacer y el por qué hacerlo, se basa más en que los estudiantes entiendan las situaciones y tomen decisiones”.
El tiempo de formación de los agentes de policía en España es de una duración mucho menor, ni un tercio que la que cumplen los nórdicos
También el tiempo de formación de los agentes de policía en España es de una duración mucho menor, ni un tercio que la que cumplen los nórdicos. Son nueve meses de curso, en comparación con los tres años de Suecia, o los dos de Italia o Reino Unido, aunque hay países como Francia con una duración aún menos, de tan solo tres meses.
Es una formación corta que, a diferencia de la mayoría de países del entorno, carece de periodo de prácticas. “Los alumnos están en la academia y luego salen sin haber hecho prácticas”, apunta la investigadora sobre los policías españoles. “Cuando salen tienen dos incertidumbres: de acción y aceptación. De acción porque nunca han hecho el oficio y tienen que reaccionar, y de aceptación porque, al no saber, se sienten muy vulnerables y dependen mucho de sus compañeros”, continúa. “Es un momento en el que los nuevos policías van a adoptar lo que ven de los veteranos, y no siempre es bueno, pero es lo que pasa porque son dependientes, la manera de evitarlo es hacer formaciones más largas con un periodo de prácticas que sean realmente tutorizadas”.
También quién forma los cuerpos policiales determina su funcionamiento. Valles señala como otro de los grandes problemas en los cuerpos policiales españoles la falta de diversidad tanto de género como étnica. Sobre la poca diversidad étnica explica que “es difícil acceder por el tema de la nacionalidad, pero también porque no hay políticas orientadas para que la policía sea más diversa”. “Y el tema de género también es importante”, subraya. Valles relata cómo, durante un doctorado que realizó siguiendo la trayectoria de 2.000 policías durante siete años, ha podido comprobar cómo las mujeres adquirían en menor medida los aspectos negativos de la cultura policial. “Por lo que reclutar más mujeres significa mejorar la policía”, concluye.
Unas modestas iniciativas de mejora
Aunque recientes, y aún con pocos datos sobre su efectividad, en los últimos años se han puesto en marcha varias iniciativas encaminadas a mejorar la gestión policial. La figura de “agente mediador”, ensayada en Madrid por la Concejalía de Seguridad de Javier Barbero en 2016 a modo de “policía de proximidad”, una forma de actuación policial que tiene como objetivo dar solución a tensiones sociales en coordinación con la población.
En su primer mandato en el Ayuntamiento, Ada Colau también incluyó en el cuerpo de Policía Local en Barcelona la figura de “policía de proximidad”, allí denominado como “policía de barrio”. “En delitos de odio y cuestiones que tienen que ver con la prevención de violencias machistas y racistas, de alguna manera está funcionando y permite adelantarse a situaciones graves, a ser más proactivo que reactivo, que es como suelen funcionar los cuerpos policiales porque se va a la parte más superficial del problema”, explica Andréz García Berrio. “Creo que es una buena experiencia, pero es cierto que es pronto para hacer una valoración”, añade.
Son experiencias de nuevas formas de gestión policial que tampoco están libres de críticas. Brandariz señala que las figuras creadas en Madrid y Barcelona se han convertido en un una “versión muy burda” del modelo de policía de proximidad, en el que, en vez de que el agente escuche a la ciudadanía, es él quien transmite a esta una narrativa sobre seguridad.
Desde Policía Nacional y Guardia Civil también se ha emprendido un modesto programa que, bajo el título PIPE, tiene como objetivo disminuir las identificaciones por parte de los agentes por motivos racistas, sexistas o por otro tipo de prejuicios. Y los Mossos d’Esquadra crearon una unidad de policía de mediación en manifestaciones que, según valoran Valles y Berrio, sí ha conseguido evitar confrontaciones entre policías y manifestantes en varias ocasiones. “Hay muchas ocasiones en las que el diálogo no funciona, pero es una buena herramienta tener un canal de interlocución permanente con predisposición positiva”, afirma Berrio.
Y una de las victorias obtenidas tras años de movilización social y denuncia que se intensificaron con el 15M fue que, en 2013, Interior y la Generalitat consintieran en identificar a los agentes policiales, aunque con un número identificativo para su organización interna y que aún hoy en muchas ocasiones los agentes antidisturbios se olvidan en la furgoneta.
De ‘Defund the Police’ a la cogobernanza
Otra de los cambios en los Mossos d’Esquadra que está sobre la mesa de negociación para formar gobierno en Catalunya es terminar con la presencia de agentes antidisturbios —en el caso de Catalunya las unidades BRIMO y ARRO— de los desahucios. Es una medida muy concreta pero que va en línea con la campaña que en Estados Unidos ha comenzado a popularizarse, ‘Defund the Police’ (desfinanciar a la policía). La idea es simple: derivar parte de los recursos destinados al cuerpo policial a otras áreas como servicios sociales, políticas de vivienda, educación, sanidad o juventud, que, no solo ayudan a mejorar los conflictos sociales, sino la vida en general.
“Hay que redefinir los parámetros con los que se mide la inseguridad y dónde se ponen los focos para ir hacia un modelo de prevención que tenga a la policía como último ratio de intervención y sustraer la gestión del conflicto del sistema de justicia-policial-criminal”, explica Pellicer.
Y es que, según explica Andrés García Berrio, abogado y también, miembro de Iridia, si no se hace una buena prevención de las causas, el mejor modelo policial no va a lograr el objetivo de aumentar la seguridad, porque una parte de la seguridad tiene que ver con la tranquilidad de poder llegar a fin de mes.
La policía en España tiene actualmente demasiadas funciones y, para descargarles de estas, es necesario cambios legislativos en varios niveles, además de en el penal. Es un punto que señalan desde organizaciones de derechos humanos como Iridia, especialistas en el ámbito penal como Brandariz, partidos políticos como las CUP, y también organizaciones policiales como la ARP, que, desde su nacimiento en 2016, tiene como uno de los puntos de su propuesta de reforma del modelo policial la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor con el Gobierno de Rajoy para “liberar de una labor policial cuestionada que recae en los hombres y mujeres trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. También el cierre de los Centros de internamiento de extranjeros (CIE).
El caso de los desahucios es un ejemplo de problema de derechos básicos convertido en problema de orden público. “Y parece que se da por hecho que tiene que pasar así, que se puede dejar desprotegidas a miles de personas y actuar aplicando una lógica de orden público”, señala Berrio. “Esta normalización de la gestión del orden público acaba generando una tendencia a normalizar el uso de la violencia para resolver conflictos sociales, y sale gratis aunque es un ejemplo de fracaso de las políticas públicas”, añade.
“En ausencia del Estado social, aumenta el Estado penal —continúa Berrio— y estamos en ese contexto en el que, efectivamente, el gobierno gestiona la pobreza, exclusión y la precariedad, a través de lo policial, aunque no sean en contextos delictivos, como con la gestión migratoria, de la mayor parte de actividades de los movimientos sociales, o los desahucios”.
Corporativismo, y también opacidad. Son dos de las grandes críticas que desde varios sectores de la sociedad se hace al modelo policial en España. Tanto la ARP como Iridia y las CUP reclaman como una herramienta para solucionarlo la creación de órganos de fiscalización y control independientes de la jerarquía policial.
No es una reclamación revolucionaria, explica Brandariz. En su opinión, los cuerpos policiales en España se han saltado una serie de transformaciones que sí tuvieron lugar en policías de otros países y que tienen que ver con la entrada del concepto de cogobernanza y de tecnologías de transformación de la función pública como son la planificación, las auditorías o la rendición de cuentas, unos pasos que considera necesarios para poder abordar una reforma en profundidad del modelo policial.
Y, ¿cuál es el objetivo a largo plazo? Desde la CUP reclaman participación pública en las políticas de seguridad. Brandariz le pone nombre, “cogobernanza”. “Es un modelo en el que se incluyen espacios de encuentros, diálogo y rendición de cuentas, en el que el responsable policial tiene que ir a un barrio jodido, pero para reunirse en asamblea con los vecinos, y aguantar lo que tengan que decirle; un proceso institucionalizado y periódico en el que la asignación de significados y la codecisión es fundamental”, explica.
Brandariz cita un gag del programa de TV3 Polonia en el que los líderes de ERC y Junts se echan a suertes quedarse con el marrón de Interior. “Pues yo propongo que Interior tiene que ser de todos”, concluye.
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