No sé ya cómo decirlo: están aniquilando la educación pública

Los datos, despojados de retórica, hablan por sí solos. Y si la izquierda no parte del principio de realidad, está definitivamente perdida. Voy a hablar de cómo está la educación en Madrid, que es un caso paradigmático y extensible a otras comunidades autónomas como Andalucía, Murcia y, en general, a aquellas gobernadas por la derecha.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al Colegio Público bilingüe El Bercial en Getafe (Madrid), en agosto de 2020 // Comunidad de Madrid

Como se puede constatar, la derecha está rompiendo el consenso constitucional en materia de educación.

  1. Datos de escolarización. En la Comunidad de Madrid (CAM) el 54% del alumnado está escolarizado en la educación pública frente a un 68% de media en España y un 90% en Europa. Pero en Madrid capital solo es del 39% y hay cinco distritos del norte y centro donde la relación entre pública y privada-concertada es de en torno al 20%/80%. En Formación Profesional, la privada ha crecido del 27% al 44% en diez años. Es el fruto de años de privatización por diferentes vías que buscan no ya vender los colegios públicos, sino vaciarlos de alumnado que se derivan al sector privado. Es lo que hacen con la cacicada de liquidar el ciclo 3-6 años en las escuelas infantiles públicas de la CAM. Y con el cierre de 233 aulas y la supresión de más de 6.000 plazas públicas para el curso 2022-23 antes de comenzar el proceso de escolarización, como denuncia CCOO (NOTA 1).
  2. Datos de cheques escolares regalo a los colegios privados: 50,6 millones para primer ciclo de educación infantil a centros privados (NOTA 2); 43,4 millones para bachillerato en centros privados (NOTA 3) habiéndose multiplicado por cinco; 9,1 millones para formación profesional de grado medio (NOTA 4); 30,5 millones para formación profesional de grado superior (NOTA 5). Esta lluvia de millones en menos de un mes ha sido publicada en el BOCM entre el 24 de marzo y el 19 de abril de 2022. Si sumamos los 46,2 millones que el Gobierno Ayuso da a 17 colegios (mayoritariamente del Opus Dei) que segregan por sexo, totalizan 180 millones de euros robados a la educación pública para transferirlos a la enseñanza privada. A ellos hay que añadir los 1.164 millones que se pagan por los conciertos este año. Además, se ha aumentado la renta per cápita de la unidad familiar hasta los 35.913 euros. Ello significa que una familia con dos progenitores y dos hijos puede acceder a estos cheques aunque tengan unos ingresos al año de 143.652 euros, muchísimo más, por ejemplo, de lo que cobra el Presidente del Gobierno (84.845 euros).

Para que quede claro, aunque les llamen «becas» los cheque son universales y es dinero para los ricos. Qué atraco. Pagan a los ricos con el dinero de todos los colegios de ricos donde seleccionan el alumnado y solo admiten a los hijos de los ricos.

  1. Datos de la nueva concertada. Desde 2010 a 2016 se aprobaron 38 nuevos conciertos, con Esperanza Aguirre e Ignacio González. Desde 2016 a 2020, con Cristina Cifuentes, ninguno. Después, se han empezado a aprobar nuevos conciertos y ahora hay 13 nuevas solicitudes de conciertos con procedimiento abierto, Se hace en contra de la demanda de las familias de construcción de centros públicos, como sucede en los barrios de Valdebebas, Ensanche de Vallecas, Vicálvaro, Parla, etc. Y otro dato impresionante: desde 2010 han cambiado de titularidad 104 colegios concertados.

En un análisis rápido se puede sacar una conclusión evidente: la nueva concertada se concentra en grupos sectarios ultrarreligiosos y en grupos empresariales de servicios sin tradición educativa y en fondos buitre.

Durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre, que llegó al poder tras el «tamayazo», se puso en marcha un plan de ingeniería social para asegurarse la hegemonía política. Dicha operación comprendía nuevas líneas de Metro, algunas como la 7B con consecuencias dramáticas para los vecinos de San Fernando de Henares que se han visto afectados en sus viviendas. También se impulsaron nuevos desarrollos urbanísticos que fomentaban la cultura del pelotazo y del ladrillo, y que buscaban modificar la mentalidad de sectores de la población para que aunque necesiten trabajar para poder comer se consideren «clase media».

Una pieza clave en la estrategia es la apuesta por lo que se conoce como la nueva concertada. Colegios privados, a los que se regala suelo público y se les sostiene con fondos públicos a través de los conciertos.

La intención política era tan clara que la expresaba un consejero del PP: por cada colegio concertado que ponían en un barrio, esperaban aumentar un 3% el voto al PP. Había otras ventajas: dar negocio y beneficios con la educación a grupos privados y religiosos; y obtener mordidas corruptas como se ha acreditado en la Operación Púnica (se cobraban 900.000 euros por colegio).

Y detrás del negocio económico y de la ingeniería social para la hegemonía política de la derecha, está el puro adoctrinamiento ideológico. He oído decir a una diputada de la ultraderecha en la Asamblea de Madrid: con el cheque escolar no hace falta el pin parental. Porque el cheque escolar es control ideológico de la educación.

Ante esta estrategia de aniquilación de la educación pública, la pregunta es qué hacer. Lo primero, tomar conciencia de la gravedad de la situación. Y ello significa, no mirar para otro lado, y no equivocarse. A veces escucho a alguna persona progresista decir: «Es que algo hay que hacer con los colegios concertados», pensando, de manera errónea, que se puede mantener el status quo actual. No. La derecha no está dejando las cosas como están. La derecha más rapaz, como el PP de Madrid y Ayuso, aplican un modelo de destrucción total de lo público, para convertir un derecho fundamental en oportunidad de negocio, bajar impuestos a los ricos y aumentar las desigualdades sociales.

En segundo lugar, hay que tomar medidas concretas para defender el espacio de la educación pública. Asegurando el cumplimiento de la LOMLOE, aumentando la inversión pública y cuidando al profesorado. En este sentido el Gobierno de coalición debe recurrir la Ley «maestra» de la comunidad de Madrid que permite estas tropelías. Legislar por RDL sobre la reducción de ratios y de jornada lectiva del profesorado, mandando un mensaje claro de apoyo a las familias y al profesorado de la enseñanza pública.

Por último, es preciso construir la máxima unidad de la comunidad educativa y de las fuerzas sociales, sindicales y políticas para defender la educación pública, la única capaz de garantizar la equidad social y la igualdad de oportunidades. Porque el problema no es solo que la presencia de la educación concertada sea un anacronismo absoluto si nos miramos en el espejo de Europa, sino que se convierte en un obstáculo para una transformación progresista de nuestra sociedad.

NOTAS:

  1. https://cadenaser.com/2022/04/21/comisiones-obreras-denuncia-la-supresion-de-6000-plazas-publicas-educativas-en-madrid/?s=08
  2. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/24/BOCM-20220324-14.PDF
  3. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/18/BOCM-20220418-16.PDF
  4. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/08/BOCM-20220408-18.PDF
  5. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/19/BOCM-20220419-42.PDF

Agustín Moreno | Diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

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