La empresa pública está dificultando el reconocimiento de la enfermedad profesional para los empleados afectados por la exposición al asbesto, mientras en el Congreso se prepara un fondo de compensación estatal para las víctimas de este mineral.
Vagón de metro con viajeros con mascarillas // No cc -David F. Sabadell
Santos González no pudo ser intubado. El trabajador de Metro de Madrid fallecía en su lucha contra el covid-19 el pasado 24 de enero de 2021. Fue el primer empleado del suburbano diagnosticado con asbestosis, una enfermedad pulmonar producto de una prolongada exposición al amianto. “Falleció por covid, pero el certificado de defunción dice que no le pudieron intubar porque ya tenía un tumor en los pulmones y si le intubaban no le podrían desentubar de por vida. La exposición al amianto adelantó su fallecimiento. Podría haberse recuperado”, explica Juan Carlos de la Cruz, secretario de la sección sindical de CCOO en Metro de Madrid.
Santos era oficial de mantenimiento en este transporte público desde 1979. Buena parte de su vida laboral la dedicó a reparar escaleras compuestas de amianto. La empresa tardó dos años en reconocerle su enfermedad profesional, pese a contar con informes médicos que así lo verificaban. “La Inspección de Trabajo llegó a levantar acta de infracción” explica De la Cruz quien se lamenta de que en este caso todavía están insertos en un pleito judicial para conseguir una indemnización para los familiares. Y no es el único. Según los cálculos que maneja CC OO el número de afectados fallecidos asciende ya a once. Además, hay hasta nueve operarios, ya jubilados, a los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Inspección de Trabajo les han reconocido la enfermedad profesional y los recargos de prestaciones, una “multa” que asciende a entre un 30 y un 50% del salario del trabajador. Pero Metro bloquea estos expedientes.
El comité de empresa anuncia paros para hoy, miércoles 27 de abril, entre las 11:00 y las 14:30. Además también han convocado una concentración de 11:30 a 13:30 horas frente al Congreso
Trabajadoras y trabajadores de Metro de Madrid, empresa pública que pertenece al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, denuncian el negacionismo de la dirección. La empresa, a través de su asesoría jurídica, está poniendo palos en las ruedas para el reconocimiento de las enfermedades profesionales derivadas del contacto y la manipulación del amianto, requisito necesario para conseguir una indemnización. Así lo asegura en una nota de prensa el comité de empresa, que anuncia paros para hoy, miércoles 27 de abril, entre las 11:00 y las 14:30. Además también han convocado una concentración de 11:30 a 13:30 horas frente al Congreso.
“La empresa está paralizando y dilatando en el tiempo todos los casos que nos están saliendo y que la propia Seguridad Social está reconociendo”, explica el representante de CC OO. “Está usando argucias judiciales para retrasar los juicios. Están recurriendo las decisiones del INSS para que el trabajador no pueda solicitar una indemnización”, denuncia.
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En 2003, y respondiendo a una encuesta de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, Metro de Madrid reconoció que existía amianto en sus instalaciones. Algunos techos, escaleras y algunos trenes contienen este material. Los trabajadores denuncian que esa información se les ocultó hasta 2017. Y así lo concluyó también la comisión de investigación que se desarrolló en la Asamblea de Madrid en 2019, con los únicos votos en contra del PP.
“Desde 2002 en otras empresas vienen haciéndose reconocimientos médicos por exposición al amianto y en metro hemos empezado en 2018. La mayoría de casos que están saliendo son de compañeros jubilados”
Producto de esto, CCOO, junto a familiares de afectados, llevó a la empresa pública ante los tribunales. El juzgado número 23 de Plaza Castilla ha abierto diligencias. Les investigan por posible homicidio imprudente. “Desde 2002 en otras empresas vienen haciéndose reconocimientos médicos por exposición al amianto y en metro hemos empezado en 2018. La mayoría de casos que están saliendo son de compañeros jubilados”, explica De La Cruz, quien avisa de que esto, desgraciadamente, puede que solo acabe de empezar porque la latencia de la enfermedad es amplia: puede aparecer hasta 30 o 40 años después de la exposición reiterada.
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Fondo de Compensación Estatal
Ante la arbitrariedad y la indefensión en la que se encuentran los trabajadores afectados por el amianto, desde hace unos años las asociaciones de afectados demandan la creación de un fondo de compensación estatal. Un mecanismo que se articulará a través de una ley que hoy se está tejiendo en el Congreso. Por ello también se manifiestan a las puertas de esta cámara. Para las víctimas y los familiares, no hay tiempo que perder.
“Nosotros hemos presentado unas enmiendas a los partidos políticos que están redactando la nueva ley para que se incluyan indemnizaciones a los familiares y para que los trabajadores podamos jubilarnos antes. Según la OMS, trabajar bajo niveles de amianto reduce la esperanza de vida en 16 años”, explica a El Salto Juan Ortiz, secretario General del Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid (SCMM).
El PSOE sorprendía en marzo con una enmienda para ese fondo de compensación. Pedía excluir a todos los trabajadores expuestos al metal. Argumentaban que los empleados ya están protegidos, a pesar de que para estarlo en muchas ocasiones deben iniciar un largo proceso judicial. “Parece ser que ya han desechado esa idea”, explica Ortiz, quien celebra este cambio de rumbo.
“Metro se ampara en la salida de la ley nacional, y espera a ver que dice esa ley para indemnizar o no. Se han subido al carro de la ley nacional pero con esto ya llevamos desde el 2017. Hemos tenido unos cuantos fallecidos cuya indemnización tenía que haber llegado ya”
Mientras, denuncia el secretario general de SCMM, Metro se instala en el inmovilismo. “Metro se ampara en la salida de la ley nacional, y espera a ver que dice esa ley para indemnizar o no. Se han subido al carro de la ley nacional pero con esto ya llevamos desde el 2017. Hemos tenido unos cuantos fallecidos cuya indemnización les tenía que haber llegado ya. Se han puesto en la postura fácil”, se queja Ortiz.
