- La mayoría de la cámara se ha mostrado partidaria de tramitar la norma que elimina la distinción entre agresión y abuso sexual mientras la extrema derecha ha vuelto a agitar el fantasma de las denuncias falsas y asegura que supone «una caza de brujas contra los hombres»
- CLAVES — ¿Cómo quedan los delitos? ¿Cómo define el consentimiento? Preguntas y respuestas sobre la ley de libertad sexual
«De vuelta a casa quiero ser libre, no valiente» en la Noche Violeta de Madrid (septiembre 2019) // Olmo Calvo
La conocida como ‘ley del solo sí es sí’ ha arrancado su trámite en el Congreso sometiéndose a los intentos de veto por parte de las derechas. Tanto el Partido Popular como Vox han presentado enmiendas a la totalidad, que no cuentan con los apoyos suficientes, por lo que la norma seguirá adelante. Para los populares la ley tiene un «evidente sesgo ideológico» y ha presentado un texto alternativo al proyecto que el Gobierno aprobó el pasado julio, mientras Vox reclama directamente su devolución asegurando que supone «una caza de brujas contra los hombres».
El proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha llegado a la Cámara Baja tras un largo proceso que se inició con tensiones en el seno del Ejecutivo, acaba con la distinción entre agresión y abuso sexual, define el consentimiento y despliega un abanico de medidas de prevención y atención a las víctimas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, la ha defendido al inicio del debate -«España necesita esta ley», ha dicho- y ha repasado «las innumerables razones» esgrimidas «para decirle a una mujer que en realidad no ha sido violada» y se ha preguntado por qué «preferimos contárselo antes a una amiga que a un juez».
El PP considera que la norma es «maniquea» y en su texto alternativo se limita a modificar un par de puntos de la parte penal de la ley, ante lo que varios grupos, entre ellos Ciudadanos, que ha anunciado su abstención, le han afeado que utilice la vía de una enmienda a la totalidad y no parcial. Los populares critican la eliminación de los abusos sexuales al considerar que «supone tratar de manera uniforme cualquier ataque a la libertad sexual», y se oponen a la definición del consentimiento porque va «contra la seguridad jurídica y del principio de presunción de inocencia», según la diputada Marta González.
Por su parte, Carla Toscano, de Vox, ha usado su turno para desplegar los argumentos negacionistas de la violencia machista habituales de la extrema derecha. Ha asegurado que la norma «criminaliza a los hombres», es «una caza de brujas» contra ellos y ha ridiculizado que la norma ponga en el centro el consentimiento: «¿Será preceptivo tener testigos durante el acto sexual? ¿Qué señales específicas tendrán validez para que un hombre no sea acusado de violador?», ha manifestado entre risas de su bancada.
Toscano, con una camiseta que rezaba #NoMetoo, ha acusado al Gobierno de «adoctrinamiento» para «seguir engordando los chiringuitos feministas» y ha vuelto a asociar a las personas migrantes con los delitos sexuales. «Se rasgan las vestiduras defendiendo a la mujer, pero fomentan la presencia en España de personas que provienen de culturas que no la respetan», ha dicho. Y una vez más ha agitado el fantasma de las denuncias falsas: «Con esta ley cualquiera de ustedes [dirigiéndose a los diputados] pueden acabar en el calabozo con una denuncia falsa. Detengan este odio visceral al hombre».
El debate sobre la prostitución
Varios diputados han acusado a la extrema derecha de «frivolizar» con la violencia sexual y la mayoría de la cámara ha apuntado a la necesidad de que la norma sea tramitada y mejorada. Una norma con la que España «dará un paso decisivo» y que supone una «respuesta institucional a un grito que las mujeres lanzaron en las calles a una realidad silenciosa», en palabras de la diputada socialista Adriana Lastra, que ha señalado «las burlas y menosprecios» de Vox al consentimiento «en un país en el que se denuncia una violación cada cinco horas; debería darles vergüenza», les ha dicho.
Entre la cuestiones que Lastra ha señalado como mejorables se encuentra lo relacionado con la prostitución, y ha anunciado que el grupo socialista «se asegurará de que todas las medidas relativas a la explotación sexual estén orientadas a la abolición de la prostitución». La norma ha incorporado entre sus últimas modificaciones la figura de la tercería locativa, que permite perseguir a los dueños de los clubes que se enriquezcan con el ejercicio de la prostitución, pero no es suficiente para las socialistas.
En todo caso, este se antoja uno de los debates que más polvareda levantarán durante el trámite, pues hay partidos como Bildu o Junts per Catalunya que reclaman «un debate social más amplio» para abordar la cuestión que a su juicio no se ha producido. «La prostitución no viene a cuento en esta ley, es un tema pendiente, pero requiere un debate sosegado», ha afirmado Isabel Pozueta, de Bildu.
