El Estado empezó a desprenderse hace 30 años de sus bancos y de sus empresas de energía, telecomunicaciones y transportes. Los gobiernos de González iniciaron el proceso, que tuvo su auge con Aznar y ha culminado en las legislaturas de Zapatero y Rajoy.
(I)
José María Aznar el pasado enero durante la convención anual del Partido Popular en Madrid // JAVIER SORIANO
“Este Gobierno no cree en las privatizaciones”. Mandíbula al suelo. Mirada alrededor. Sí, es la planta 17 de Torre Espacio y el que habla es Josep Piqué, ministro de Industria en la época más desaforada de venta de empresas públicas que ha conocido España, la del primer Gobierno Aznar (1996-2000); coautor del mapa que convirtió en poco más de tres años de “inmediatamente privatizables” en privatizadas las llamadas joyas de la abuela y hoy consejero delegado de OHL. [Abandonó OHL en junio de 2016 y entró en el de Seat en enero de 2017]. El Gobierno que ocupa actualmente el palacio de La Moncloa es del mismo partido que entonces pero, comenta Piqué: “No tengo claro que sea del mismo signo político”. La operación de venta del 49% de Aena cerrada recientemente, la primera venta de una gran empresa pública desde los tiempos de Aznar, le sabe a poco. “Eso no es una privatización, es lo que los franceses llaman abrir el capital. El Estado sigue siendo dueño del 51%”, argumenta. Nada que ver con su etapa en el primer Gobierno de Aznar. ¿Qué ocurrió entonces?
Año 1996. El Partido Popular llega al poder y se encuentra la puerta abierta. Los gobiernos socialistas de Felipe González se han encargado de abrir el melón de la venta al capital privado de participaciones en grandes empresas públicas, no solo en pérdidas como Seat, vendida al grupo Volkswagen, sino también algunas de las que, lejos de suponer un lastre para el Estado, daban altos beneficios. Por aquello de la crítica mutua (el bipartidismo se ha creído siempre eterno), los populares dirán que aquellas ventas socialistas por partes no tenían más sentido que hacer caja. La realidad es que, cuando llega el PP al Gobierno, de Telefónica queda ya solo un 21% en poder del Estado; de Argentaria, un 28,1%; de Repsol, un 10%; de Gas Natural (a quien se le vendió la pública Enagás creando un monopolio gasístico de facto), un 3,8%… Sigue siendo mayoritario el capital público en Tabacalera (52,4%) y sobre todo en la pieza más valiosa del joyero: Endesa, en la que el Estado mantenía el 67% del capital.
Con el camino desbrozado, el PP acomete las privatizaciones definitivas como quien se arranca un diente con una cuerda atada a un picaporte
Con el camino desbrozado, el PP acomete las privatizaciones definitivas como quien se arranca un diente con una cuerda atada a un picaporte. Rápido. De raíz. Sin vuelta atrás. No lo vendieron todo pero vendieron mucho, empresas de todo tipo enajenadas por adjudicación, subasta o en la Bolsa mediante OPV. Y lo importante, pusieron en manos privadas la totalidad (salvo porcentajes residuales en la mayoría de los casos) de los sectores estratégicos en tiempo récord. En cuestión de meses, los representantes del sector público salieron de los consejos de administración de Endesa o Telefónica, las empresas que daban luz y telefonía a los ciudadanos, dejando como único objetivo de los gestores desde ese momento uno: aumentar su beneficio. No sería la última vez que un político se sentaba en las plantas nobles de esas y otras privatizadas. Sus sillones han sido el mullido aterrizaje de decenas de ellos, protagonistas en muchos casos de las normativas que han convertido esas empresas en máquinas de hacer dinero. La diferencia: ya no tomaban parte en los consejos como representantes del Estado. Se habían convertido, por arte de su paso por la Administración pública, en valiosos consejeros, con el cuajo de lucir en la pechera el título de independientes.
Alrededor de 4,5 billones de pesetas (el equivalente a unos 27.000 millones de euros sin actualizar con el IPC) fueron ingresados por las arcas públicas solo en la primera legislatura de Aznar en concepto de privatizaciones, de los que más de 3,6 billones (21.600 millones de euros) se lograron con operaciones de venta pública en la Bolsa (OPV). La cifra es más del doble que la obtenida en los 13 años de Gobierno socialista pero, digan lo que digan por ahí los que ligan las privatizaciones con el cumplimiento de los objetivos de Maastricht, aquello no sirvió para reducir déficit más que de forma indirecta (Europa no lo permitía, de hecho) ni la deuda pública española dejó de crecer en términos absolutos. Sí lo hizo con respecto al PIB (hasta situarse por debajo del 60% que marcaba la barrera de entrada en el euro), pero porque era el PIB el que, superada la crisis del 93, crecía a un ritmo de entre el 2,5% registrado en 1996 y el 5% de 1995 o del año 2000.
Si la economía iba tan bien, ¿por qué tanta prisa? “Estábamos entrando en una fase del ciclo económico que permitía que los mercados financieros y de valores absorbieran un proceso de privatizaciones muy amplio. Había que aprovechar esa circunstancia”, comenta Piqué. “Las cosas que tienes que hacer en política, si son significativas y profundas, hazlas al principio”, añade. Sin duda. Fueron tan rápidos que parecía que el plan estuviese elaborado desde tiempo atrás. Y, sin embargo, asegura Piqué, “no hubo mucha preparación. Lo que hubo fue bastante osadía”.
Puede ser. Aunque haciendo un flash back a aquella época, ahora, casi veinte años después, parezca más bien una operación sistemática en la que el Gobierno primero colocó a sus allegados en las empresas que se iban a privatizar, les permitió rodearse de consejeros independientes, seleccionados en su mayoría por ellos mismos (lo que cuestionaba su independencia), así como blindarse desde los estatutos con medidas como la obligación de llevar tres años en el consejo para ser elegido presidente o bien lograr el apoyo de hasta el 85%, como se estableció en Telefónica (75% en el caso de Argentaria). Cuando sus chicos ya tenían el cinturón de seguridad puesto, despegaron las privatizaciones definitivas.
Haciendo un flash back a aquella época, ahora, casi veinte años después, parezca más bien una operación en la que el Gobierno colocó a sus allegados en las empresas que se iban a privatizar
No los seleccionó ni el Parlamento ni siquiera el Consejo de Ministros. En reuniones en petit comité del entonces flamante vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía Rodrigo Rato y del propio Piqué, mantenidas con Josep Vilarasau (director general de La Caixa) y Emilio Ybarra (presidente del BBV) se eligieron, por ejemplo, a los presidentes de Telefónica y de Repsol. El 5% que tenían tanto el BBV como La Caixa en Repsol; así como el 5% de La Caixa y el 3% de BBV en Telefónica en aquel momento bastaron para compartir con ellos el bastón de mando. ¿Por qué?
El invento del núcleo duro y el poder de la banca
Los socialistas no solo inauguraron la era de las privatizaciones. Felipe González puso a su Gobierno a trabajar en lo que, según él, era una colaboración entre los sectores público y privado. El objetivo era que determinadas entidades financieras se convirtieran en accionistas estables y participasen en la gestión de las empresas que, estando participadas por el Estado, perteneciesen a sectores con alta capacidad de desarrollo futuro. Así se formaron los núcleos duros.
Con una inversión limitada de la que sacarían pingües beneficios en forma de dividendos y plusvalías, las entidades financieras se convirtieron en pieza clave del poder empresarial en la nueva España que se preparaba para entrar en el euro. La estrategia de los núcleos duros y el protagonismo de las entidades financieras se convertiría en marca España. No solo en las privatizadas. BBV (después BBVA), presente de forma histórica en empresas como Vidrala (de la que saldría en 2004), tomó posiciones en Telefónica, Repsol, Iberdrola, Acerinox, Gamesa, Gas Natural, Iberia o Sogecable. El Santander y el BCH también tejieron su red de participaciones industriales centrándose en aquella segunda mitad de los noventa en Endesa, Airtel (después intercambiada por un porcentaje en Vodafone), Cepsa, Unión Fenosa, Retevisión (germen de Auna) o en Ono-Cableuropa. Caja Madrid, con Blesa al frente, tomaría participaciones en Telefónica, Endesa, Iberia o Indra. Las cajas vascas también apostaron por poner un andamio a sus resultados con participaciones industriales. La BBK (hoy fusionada junto con Kutxa y Vital en Kutxabank) apostó por Euskaltel, Retevisión, Iberdrola o Petronor. También se unieron a los núcleos duros empresas que no pertenecían al sector financiero, como algunas de las privatizadas o como El Corte Inglés que apostó, por ejemplo, por Iberia. La entrada de la empresa de distribución y la de la caja madrileña se hicieron en detrimento de la participación de los, hasta entonces, únicos accionistas de referencia privados de Iberia: British Airways, con quien acabaría fusionándose, y American Airlines.
La estrategia de los núcleos duros y el protagonismo de las entidades financieras se convertiría en marca España
La idea del núcleo duro ya se vio bien temprano que se iba de las manos. La fusión del Santander y el BCH amplió de forma extraordinaria su poder en el panorama empresarial e hizo saltar las alarmas en el Gobierno de Aznar, que actuó en dos sentidos: aprobó una normativa que limitaba la participación de una entidad financiera en dos empresas del mismo sector y animó la fusión de Argentaria. Esta última entidad había sido diseñada por el ministro de Economía socialista Carlos Solchaga sumando bancos públicos con la intención expresa de privatizarla y crear con ella un contrapeso al poder creciente del Santander y el BBV. El PP también mantuvo al principio su intención de mantener Argentaria independiente, pero, ante el movimiento capitaneado por Emilio Botín, cambió de planes y propició su unión con el BBV.
Los elegidos
Argentaria precisamente había sido uno de los primeros destinos de los chicos de Rato. Apenas 15 días después de llegar al poder, el PP sustituyó en la presidencia a Francisco Luzón por Francisco González. Luzón no se fue a fundar Podemos ni era un quintacolumnista del comunismo metido en la entidad. De hecho, fue rápidamente fichado por Emilio Botín y se encargaría con el tiempo de convertir América Latina en la principal fuente de ingresos del Santander. La única explicación para su salida cuando llegó el PP es que no era de los suyos. Los elegidos.
Tras el de Argentaria vendría el nombramiento al frente de Telefónica de Juan Villalonga, compañero de pupitre de Aznar en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, y de quien dicen que tuvo que hacer una ronda de autobombo por La Caixa y el BBV para salvar las reticencias del presidente del Gobierno a protagonizar un dedazo tan obvio. César Alierta, un hombre de Rato y amigo de Francisco González, fue puesto al frente de Tabacalera. Alierta preside Telefónica [abandonó la presidencia en marzo de 2016] desde que Villalonga cruzó la línea roja y salió del círculo de los elegidos, allá por el año 2000, y no dudó en devolverle el favor a Rato con este ya imputado por la información ofrecida al mercado en la salida a Bolsa de Bankia. Alfonso Cortina, presidente de Portland y consejero del BBV, fue por quien apostó también Rato para situarlo al frente de Repsol y Rodolfo Martín Villa, ministro de UCD durante la Transición, fue nombrado presidente de Endesa. En aquellos tiempos tuvo lugar también el nombramiento de Miguel Blesa, inspector de Hacienda y amigo y excompañero de piso de Aznar en Logroño, al frente de Caja Madrid. La entidad financiera madrileña, gracias en buena medida a la gestión de Blesa, lejos de protagonizar una privatización, se convertiría con el tiempo en protagonista de todo lo contrario: una gran operación de nacionalización ya dentro de Bankia, acometida por el Partido Popular en su vuelta al Gobierno.
Con los consejos casi totalmente renovados (al coincidir los nombramientos de consejeros afines con la salida de los representantes del Estado) y rodeados de sus elegidos, muy parda había que liarla para salir por la puerta de aquellas empresas recién privatizadas.
Parda como aprobar planes escandalosos de stock options para directivos y que estos saliesen a la luz en plena campaña electoral, por mucho que se haya escrito del tema. Este país está curado de espanto de retribuciones multimillonarias a ejecutivos de la gran empresa. Parda como intentar fusionar Telefónica con una empresa pública como la holandesa KPN, poniéndose en contra de todo el núcleo duro y parte incluso de los independientes, y al mismo tiempo enfadar a Ana Botella, la influyente esposa de Aznar hoy alcaldesa de Madrid [hasta junio de 2015], dejando a una de sus amigas más íntimas, Concha Tallada (esposa de Villalonga hasta el año 2000 y compañera de Botella en el Colegio Bienaventurada Virgen María), por una Miss México como Adriana Abascal. Mientras Botella consolaba a Tallada, con quien acababa de fundar una empresa de comercialización de arte, joyas y antigüedades, en aquel año 2000, la CNMV reabría una investigación a Villalonga que desembocó en su renuncia. Mucho se habló de en qué medida estuvo la mano de Aznar detrás de aquella actuación del regulador de los mercados.
Sea como fuere, cuando se quiso buscar sustituto a Villalonga, se comprobó lo bien que funcionaban los blindajes creados por los elegidos. Intentar nombrar a alguien que no perteneciese ya al consejo suponía un grave riesgo, puesto que había consejeros independientes que mantenían la fidelidad a Villalonga, como Alberto Cortina y Martín Velasco. Este último, amigo de Villalonga desde los tiempos en la consultora McKinsey, a pesar de ocupar puesto de independiente había hecho fortuna en la controvertida venta a Telefónica de Olé, el portal de Internet germen de Terra, así como con la salida a Bolsa de esta última. Tampoco había dudado meses antes el presidente de Campofrío, Pedro Ballvé, otro de los independientes de la era Villalonga, en vender al grupo Telefónica un 5% de Telepizza, participación que la teleco vendería años después perdiendo las dos terceras partes de lo pagado. El hecho es que algunos de los llamados independientes podían impedir la mayoría necesaria para nombrar al sustituto de Villalonga. Se habló de nombrar a Isidre Fainé, presidente de La Caixa, vicepresidente de Telefónica y vicepresidente de Repsol, que cumplía con el requisito de llevar tres años en el máximo órgano ejecutivo de la compañía, pero eso habría podido molestar al BBVA. Aquella situación y su cercanía a Rato convirtieron en presidente de Telefónica a César Alierta.
¿Por qué cayó Villalonga? Otros sobrevivieron a comportamientos cuestionables en el ámbito empresarial y ahí siguen. El propio Alierta fue encontrado culpable de uso de información privilegiada durante su etapa como presidente de Tabacalera, aunque tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo consideraron que el delito había prescrito. Al frente del BBVA sigue Francisco González quien, siendo el presidente de la entidad pequeña en la fusión entre BBV y Argentaria, fue el que permaneció al frente sin que se conozca cuánto sabía el Gobierno, cuando animó la fusión, de la contabilidad secreta en paraísos fiscales del BBV que llevó a los tribunales al expresidente de la entidad, Emilio Ybarra, para luego quedar archivada por la Audiencia Nacional. Para entonces Francisco González llevaba años disfrutando de la presidencia del banco en solitario pactada desde la fusión. Hasta cuando la Fiscalía Anticorrupción le pisó los talones por la venta de FG Valores y pidió a Deloitte los soportes documentales de la auditoría de la sociedad, González salió airoso debido a que la documentación ardió en la planta 23 del Windsor la noche anterior a la fecha en la que iba a ser entregada.
(II)
El capitalismo popular
Si el núcleo duro tenía participaciones en el capital que no eran mayoritarias y el Estado se deshizo de la práctica totalidad de sus acciones en las joyas de la abuela, ¿quién compró el resto? Los ciudadanos. España se volvió definitivamente moderna abriendo las puertas al gran invento de Margaret Thatcher, el capitalismo popular. Al ciudadano de a pie se le ofrecía probar las mieles del mercado comprando un puñado de acciones que le convertían en propietario de lo que un día antes le pertenecía, aunque solo como parte de ese difuso fondo común que es la propiedad pública. Ahora podía crecer en su bolsillo. Y lo hizo. La mayoría de las OPV, no todas, arrojan cifras vertiginosas de revalorización. Las acciones se destinaron mayoritariamente al inversor minorista en 19 de las 30 privatizaciones realizadas mediante OPV y entre ellas estaban las empresas de los llamados sectores estratégicos. Si entre 1988 y 1996 los ciudadanos compraron de media el 48% de las acciones públicas vendidas a través de OPV, entre 1997 y finales de 1998 la media fue del 67%, explica Luis Gámir, presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones, en su libro Las privatizaciones en España (Ediciones Pirámide, 1999).
La estrategia, consciente o no, provocaba tal dispersión en la propiedad del capital que daba escasa capacidad de influir en la gestión a los titulares de la gran mayoría de las acciones. Hay otro efecto que Rafael Pampillón, profesor del IE Business School, recoge en el capítulo ‘La política de privatizaciones: el caso español’, que escribió junto a Rodolfo Ramos dentro de la obra Fundamentos y papel actual de la política económica (Ediciones Pirámide, 1999): con el “capitalismo popular se evita la posibilidad de una nacionalización de la empresa privatizada puesto que sería una medida que perjudicaría a un gran número de ciudadanos”. No hay marcha atrás.
No fue poco el empeño que se puso en conseguir que los ahorros de los españoles virasen hacia la Bolsa. Para empezar, se utilizó la mejor aspiradora de dinero que haya conocido este país: la red de araña de las sucursales de las entidades financieras, que lo mismo vende preferentes que planes de pensiones que coloca una operación de salida a Bolsa tras otra, como hizo entonces. El cliente no llegaba de nuevas a la ventanilla. No se escatimaron gastos en publicidad. Miles de millones de pesetas regaban televisiones y periódicos que andaban tan contentos recomendando en sus informaciones el mejor modo de hacerse con un alto número de títulos, esquivando en lo posible la brutal demanda y las estrecheces de los prorrateos. Peticiones por el máximo admitido; peticiones dobles y triples…
Por poner algunos ejemplos, la campaña publicitaria de la OPV de Telefónica de febrero de 1997 (la que vendió el último 21% en manos del Estado) se adjudicó por 2.500 millones de pesetas. En el caso de la privatización global de Argentaria, en 1998, se invirtieron en publicidad más de 1.800 millones de pesetas. La campaña de la llamada OPV del billón, la que privatizó el 26% de Endesa en 1997, presupuestó una inversión en publicidad de 3.500 millones de pesetas de los que 2.000 millones fueron a parar a prensa y televisión.
Y para mayor abundancia, la Bolsa subía y subía. La salida de la crisis del 93 generó un clima de euforia, avivado por la ola de privatizaciones a nivel mundial y la caída de los tipos de interés, que puso al capital a buscar fertilidad en los mercados. Estos se hincharon de gusto. Si en la OPV de Telefónica de octubre de 1995 los inversores minoristas recibieron cada una de sus acciones por 1.617 pesetas, en febrero de 1997, hacerse con una matilde en la OPV (descuento incluido) supuso desembolsar 3.239 pesetas. El éxito de la privatización global de Telefónica abrió los ojos al Gobierno que debió entonar su propio #Sísepuede. Aún fresca la OPV de la teleco, la SEPI (propietaria junto a Patrimonio de buena parte de los títulos de las empresas aún en manos del Estado) enviaba el diseño de la OPV del 10% que el Estado mantenía en Repsol al Consejo Consultivo de Privatizaciones (organismo teóricamente independiente que creó el PP para informar de modo no vinculante sobre las ventas y a cuyo frente puso a un parlamentario del partido, el citado Luis Gámir). La venta era aprobada el 7 de marzo en Consejo de Ministros. El objetivo, de nuevo, un fuerte tramo minorista. El resultado: récord de demanda.
Con el viento a favor, el Gobierno se atrevió con la gran operación: la privatización del 67% que aún conservaba en Endesa, la principal compañía eléctrica española entonces, con cerca del 50% de cuota de mercado. Se haría por tramos pero la intención era la misma: vender finalmente el 100%. ¿Cómo atraer al inversor minorista, teniendo en cuenta que la revalorización de Endesa (cuyo valor se había duplicado en poco más de un año) había colocado sus títulos a un precio que podía disuadirle? Para esquivar este inconveniente, se optó por dividir los títulos en tantas partes como hiciera falta para situarlos en un precio razonable que los hiciese atractivos para un número suficiente de bolsillos. En concreto, cada acción se dividió en cuatro (split), pasando de un día a otro de un precio por acción de unas 12.500 pesetas a unas 3.000 pesetas. La preparación de la OPV llamada del billón de pesetas, la mayor de la Bolsa española hasta aquel momento, no fue óbice para que se pusiera en marcha al mismo tiempo la venta de la parte que conservaba el Estado en Argentaria. No había tiempo que perder.
La Bolsa parecía un centro comercial en rebajas. En las OPV se ofrecían sorteos de viajes al Caribe y bonus de fidelidad, preferencias en el prorrateo, repartos del beneficio en forma de dividendo superiores al 50% pero, sobre todo, descuentos sobre el precio de las OPV para los inversores minoristas. Ese fue quizás el gran invento. Una fórmula que permitía hacer dinero de inmediato con solo vender en cuanto se recibían los títulos. Hubo al menos dos efectos perniciosos de aquel reclamo: la ansiedad por hacerse con el número deseado de títulos en medio de una disparada demanda llevaba a los nuevos inversores a realizar peticiones muy por encima de sus deseos de compra, en el límite máximo establecido en la OPV, con la intención de quedarse algo más cerca de la cantidad que realmente se esperaba. Se hacían peticiones a ciegas. El segundo efecto fue que la Bolsa sintió en sus carnes el conocido como efecto flow-back. Como muchos de los compradores de los títulos los ponían en venta nada más recibirlos para capturar el margen del descuento, provocaban fuertes turbulencias en el mercado. Para evitar el bache se ofrecieron acciones gratis a quienes mantuvieran un año los títulos, pero aun así el flow back obligó a los bancos colocadores a emplearse a fondo para estabilizar el valor en cada salida a Bolsa. Dicho sea de paso, a pesar de la crítica constante que hizo el Consejo Consultivo de Privatizaciones al respecto, las entidades colocadoras de las OPV eran, en la mayoría de los casos, las mismas que formaban el núcleo duro de la empresa que estaba siendo objeto de la privatización.
No tan liberales
El reparto atomizado, demostraba el flow back, no era eterno. El chófer de Rockefeller podía vender en cualquier momento sus títulos a alguien empeñado en hacerse con un porcentaje de capital capaz de influir en la gestión. Y una cosa era vender el cortijo y otra entregar la llave. Por eso, las privatizaciones de las joyas de la corona vinieron acompañadas de la llamada golden share, un escudo forjado en el BOE que daba de facto al Estado capacidad de veto durante una década para las decisiones que considerase estratégicas. Hasta liberales como Piqué rubricaron una fórmula tan intervencionista. El Real Decreto 929/1998, de 14 de mayo, de aplicación del régimen de autorización administrativa previa a Endesa y a determinadas sociedades del grupo, lleva su firma. El mismo plazo se dio a la golden share de Telefónica, Repsol e Iberia. La de Tabacalera, de menor plazo, fue revocada para permitir su fusión con la francesa Seita, que dio lugar al nacimiento de Altadis a cuyo frente estaba César Alierta hasta que fue nombrado presidente de Telefónica. Con el resto, Europa le tuvo que tirar fuerte de las orejas a España (como a otros países, que esto de dejar una mano metida en las empresas no es exclusivo de aquí) para que, a finales de 2005, casi al borde de que venciese el plazo establecido, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero iniciase el proceso de tramitación de la ley que derogaría la acción de oro.
Lo que no hizo el Ejecutivo de Zapatero fue abrir los cajones de las privatizaciones para arrojar la luz que, cuando estaba en la oposición, siempre criticó que le faltó al proceso. El PSOE incluso había logrado que el Tribunal Constitucional le diese la razón en que se había vulnerado el derecho del ejercicio del cargo parlamentario al negarse el PP en 1997 a la comparecencia en el Congreso de los presidentes de las privatizadas Telefónica y Endesa. Cuando llegaron al poder, nada. Dice el exministro socialista Jesús Caldera que eso es lo normal, que las transiciones de un Gobierno a otro “se hacen a beneficio de inventario”. Lo que hay es lo que hay y se mira hacia delante. Vaya.
Puertas giratorias
Los sectores liberalizados y/o las empresas privatizadas, cuyos defensores abominan en teoría de todo lo que huela a político, han acogido a decenas de ellos en sus filas hasta hacer algo común del fenómeno conocido como puertas giratorias.
La lista es larga si se cita únicamente a los más altos cargos del Estado, sin bajar a cuartos niveles del escalafón ni a los ex altos cargos autonómicos que han acabado en puestos de responsabilidad de compañías energéticas.
El sector ha dado trabajo, de momento, a dos ex presidentes del Gobierno, uno de cada signo.
Aunque con el mandato ya vencido y pocas posibilidades de renovación por sus declaraciones sobre cuánto se aburre, Felipe González es consejero independiente desde finales de 2010 de Gas Natural Fenosa [lo abandonó en marzo de 2015], empresa que entre otras cosas se hizo bajo su mandato (1994) con la pública Enagás, lo que equivalía a entregar a una empresa privada el monopolio casi total del gas en España, incluida la distribución. La situación fue enmendada por un decreto del Gobierno de Aznar (2000) que obligaba a Gas Natural a vender Enagás en cómodos plazos. La mayor parte se hizo a través de OPV (2002 y 2004) y el resultado final tras la venta fueron unos ingresos de unos 1.000 millones de euros para Gas Natural frente a los en torno a 400 millones que le había costado hacerse con Enagás. Eso, después de 15 años de privilegio. González cobró 127.000 euros en 2014 (126.500 en 2012 y otro tanto en 2013) por esa labor tan tediosa de sentarse en el máximo órgano ejecutivo de Gas Natural Fenosa. José María Aznar fue fichado en 2011 como asesor externo de Endesa, la empresa protagonista de las mayores salidas a Bolsa que tuvieron lugar durante las privatizaciones de su mandato. Su labor está retribuida con entre 300.000 y 400.000 euros al año.
En el mismo sector han terminado unos cuantos titulares de los ministerios de Economía e Industria, carteras desde las que se diseñaron las principales líneas de las políticas de liberalización del sector así como de las privatizaciones españolas. Miguel Boyer, exministro de Economía del PSOE aunque mucho más cercano al PP de Aznar desde 1996 y patrono de la fundación FAES desde 2002, fue consejero externo independiente de Red Eléctrica desde 2010 a 2014, el año de su fallecimiento. Luis Carlos Croissier, ministro de Industria y Energía con Felipe González en pleno diseño de la normativa para la liberalización del monopolio de petróleos, es consejero de Repsol desde 2007. Joan Majó, ministro de Industria con el mismo Ejecutivo y uno de los grandes críticos de la privatización de Endesa, fue nombrado miembro del consejo asesor de la eléctrica en Cataluña en 2011. Elena Salgado, ministra de Economía en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, es vocal del consejo de administración de una filial de Endesa. Pedro Solbes, exvicepresidente y exministro de Economía tanto con González (con quien diseñó la política de privatizaciones), como con Zapatero (junto a quien protagonizó el espectáculo de injerencias políticas que acabó con Endesa en manos de la italiana Enel), encontró un hueco en el sector al salir de la política. Precisamente, ¡oh, sorpresa!, como consejero de Enel.
Dentro de las filas socialistas, por debajo del rango de ministro y en estas mismas carteras ligadas a los sectores estratégicos, podría incluirse a Ramón Pérez Simarro, consejero independiente de Enagás, que fue director general de Energía en 1990.
Procedentes de gobiernos populares y en cargos igualmente sensibles puede citarse a Nemesio Fernández-Cuesta, exsecretario de Estado de Energía y consejero dominical de Gas Natural Fenosa en nombre de Repsol, así como a Luis Valero, exsecretario general de Industria y consejero independiente de Enagás. Además, el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, quien fuese director general de Política Económica y Defensa de la Competencia en el primer Gobierno de Aznar y secretario de Estado de Economía en el segundo, fue consejero de Endesa desde 2009 hasta su incorporación al Ejecutivo de Mariano Rajoy. El exministro de Interior y ex secretario general del PP Ángel Acebes se sienta en el consejo de administración de Iberdrola; la exministra de Exteriores Ana Palacio, en EDP y Enagás; e Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, ocupa igualmente puesto de consejera independiente en la gasista.
Pero si hay una empresa privatizada que acoge con los brazos abiertos a los políticos, esa es Telefónica.
Le viene de largo. Nada más ser nombrado presidente, Juan Villalonga eligió entre los consejeros independientes a Gaspar Ariño y a Juan Antonio Sagardoy, dos de los vocales del Consejo Consultivo de Privatizaciones que habían participado en el visto bueno de la venta de lo que quedaba de la teleco en manos públicas. El idilio con la política de la compañía ha hecho guiños a uno y otro lado durante la presidencia de Alierta pero en este caso son los populares los que ganan por aplastante mayoría. Ellos y sus familiares. Elvira Fernández (esposa de Mariano Rajoy), Iván Rosa Vallejo (marido de Soraya Sáenz de Santamaría) o Elvira Aznar (hermana del expresidente) encontraron hueco en su día en el antiguo monopolio de las telecomunicaciones. También lo encontró Andrea Fabra, la hija del polémico expresidente de Castellón hoy encarcelado, esposa del exconsejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes y protagonista de aquel “¡Que se jodan!” pronunciado desde su escaño en el Congreso de los Diputados mientras el PP anunciaba recortes en las prestaciones por desempleo. Familiares aparte, durante años, fue un fichaje político de la teleco el que destacó por su polémica: el de Eduardo Zaplana que, durante su etapa como ministro de Trabajo del Gobierno de Aznar, había puesto su firma a un ERE de 15.000 trabajadores de Telefónica en España y que llegó a la teleco sin una función determinada que aún a día de hoy se le conozca. Una nimiedad comparada con el fichaje de Rodrigo Rato como asesor internacional de Telefónica para el mercado latinoamericano en enero de 2013, cuando este ya había sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por presunta ocultación de información en el proceso de salida a Bolsa de Bankia.
Tan llamativo como efímero fue el paso de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa, por la teleco. Los populares apostaron fuerte por él en las elecciones de 2008 y, como perdieron, Pizarro decidió que no era un destino adecuado para él quedarse cuatro años en la oposición. Carlos López Blanco, secretario general de Telecomunicaciones con el Gobierno de Aznar, y el que fuera secretario de Estado de Comunicación Alfredo Timmermans, también recibieron la llamada de Telefónica.
El PSOE no ha colocado tantas piezas en la compañía pero sí algunas sonadas, como el ex secretario de Juventudes Socialistas, Javier de Paz, fichado al mismo tiempo que Pizarro. Igualmente pasó por la teleco Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno con Felipe González y hoy imputado por un presunto delito de administración desleal como presidente de Catalunya Caixa. Y Javier Nadal, que llegó a Telefónica en marzo de 1995 tras haber sido durante una década director general de Telecomunicaciones. Serra, De Paz y Nadal dejaron el consejo de Telefónica en 2012, recién llegado el PP al poder.
(y III)
Torre de alta tensión // PIXABAY
La teoría liberal dice que vender al capital privado lo que creció al calor de lo público no tiene más que ventajas para la sociedad: “Las arcas públicas ingresan el dinero de la venta, que es mayor que el valor en ese momento porque el comprador paga por la previsible mejora del beneficio; se ingresan más impuestos precisamente por la mayor ganancia que es capaz de obtener una gestión que rinde cuentas ante el capital y no ante intereses políticos; se permite el nacimiento de multinacionales con sede en España que dan peso económico al país y se importan beneficios del exterior en forma de dividendo. Si se hacen bien las cosas, la privatización va después de la liberalización del sector, lo que redunda en una mayor competencia y unos mejores precios para el consumidor”. Esta es la teoría, explicada por Rafael Pampillón, profesor del IE Business School. ¿Cuál fue la práctica? ¿De qué le sirvió al ciudadano de a pie la privatización de empresas pertenecientes a sectores como las telecomunicaciones o la energía?
Según Javier Flores, responsable del servicio de análisis de Asinver, “En España se han hecho mal las cosas. Se aprobaron las acciones de oro, se colocó en los consejos de administración a personas con muchas vinculaciones con la política. Se defendió la creación de empresas privadas en régimen de competencia y, en realidad, se crearon híbridos, monopolios u oligopolios privados”.
Resultado: España tiene el dudoso honor de situarse de forma recurrente entre los países de Europa con la energía más cara y es uno de los países con menos transparencia en los precios, tanto que es perfectamente posible que un ministro del sector como José Manuel Soria diga que bajan, mientras el mismísimo INE dice que suben, y nadie se sonroja porque lo que incluye la factura no lo aclaran ni siete notarios. Nuestro país figuró también durante años como uno de los más caros en acceso a Internet por ADSL. Tiene su explicación. Telefónica, que mantuvo hasta la crisis más del 50% de la cuota de mercado en banda ancha, hizo de todo para frenar la apertura de su red a la competencia. Después de años de pelea de los operadores alternativos ante la CMT y de ver cómo la justicia anulaba o reducía una y otra vez las multas impuestas al antiguo monopolio, Telefónica recibió una histórica multa de 152 millones de euros de la Comisión Europea, ratificada el año pasado por el Tribunal de Luxemburgo, por obstaculizar la competencia.
¿Qué ocurre en este país? El problema, según el economista Carlos Sánchez Mato, presidente de Attac Madrid, es que lejos de potenciar las herramientas que tenían los legisladores y reguladores para beneficiar a los ciudadanos, “se cometió el inmenso error de intentar poner en manos del mercado sectores que no funcionan con la leyes del mercado. Sectores en los que la barrera de entrada es enorme. Hay muchos demandantes pero muy pocos agentes en el lado de la oferta y el Estado no puede dejar de intervenir”. Para colmo, añade, “los sucesivos gobiernos intervinieron de forma que garantizaban los beneficios futuros de las empresas energéticas, algo que ya quisiera cualquier empresario para su sector”.
En palabras del experto en energía Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Plataforma Renovables, sencillamente, “en el sector eléctrico no hay liberalización. Es maquillaje para dar apariencia de liberalización. No hay libertad de establecimiento ni libertad para elegir proveedor”. La capacidad de elección del consumidor ha sido anulada desde la propia normativa “porque el 97% de la factura, se contrate con el proveedor que se contrate, va a parar al mismo sitio, es decir, al complejísimo sistema eléctrico. Este reparte los ingresos entre los diferentes actores, haciendo que vayan a parar fundamentalmente a tres empresas: Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que son las que controlan más del 60% de la producción y de la venta de energía”.
Son las consecuencias de hacer una “regulación a imagen y semejanza de las grandes empresas eléctricas” con el argumento de crear los llamados “campeones nacionales para que puedan competir en el exterior”. Al final, dice Morales de Labra, “si que compitan en el exterior es a costa de los consumidores españoles, no me parece que sea la política que tiene que tener un país”.
Morales de Labra, junto con la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, presentaron en Anticorrupción una denuncia pidiendo que se investigase un listado de prebendas a políticos otorgadas por parte de las empresas del sector energético, así como los motivos por los que habían ido a parar a dichas compañías determinados ex altos cargos de la Administración. En menos de un mes se archivaron la mayoría de los puntos sobre los que se pedía que se abriese una investigación. Solo salió adelante, al principio, la petición de investigación por los 3.400 millones de euros pagados de más a las eléctricas dentro de los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC). Estos costes fueron aprobados por el Ejecutivo de Aznar pero fue el Gobierno de Zapatero, con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria, el que se encargó de perdonarles una vez descubierto el exceso de pago. En diciembre de 2014, Anticorrupción archivó también esta parte de la denuncia. El pasado mes de enero, con nueva documentación aportada, la Plataforma reunió firmas para solicitar que se reabra. Aún no se conoce si prosperará su petición.
Nadie mira qué intereses personales pueden haber llevado a que en este país se haya regulado tantas veces a favor de las grandes eléctricas. Se ha permitido, por ejemplo, que las centrales que existían antes de la liberalización, con inversiones más que amortizadas, sean consideradas como si se tratase de una nueva central. De este modo, al pagarse al mismo precio sea cual sea la fórmula de producción, una eléctrica que tenga una central nuclear, totalmente amortizada, y una de gas, con un alto coste de producción de la energía, se puede permitir perder dinero en esta última gracias al margen que le da la primera. Un nuevo entrante, sin embargo, no cuenta con esa ventaja. Además se han establecido pagos fijos como los alrededor de 700 millones de euros anuales que cobran las centrales de gas independientemente de si funcionan o no. Contra toda la lógica de la oferta y la demanda, esto provoca que cuando la demanda cae, el precio en lugar de bajar suba, porque se reparte entre menos unidades de consumo un coste fijo.
Sin aludir a ninguno de estos puntos fijados en el BOE, Piqué se centra en lo que considera el gran error en el proceso de liberalización que ha provocado que en España la energía sea cada vez más cara. “Se debieron ir adaptando los precios a la realidad del mercado y no se hizo por razones electorales”, recuerda. “No se debió crear el déficit tarifario, que empezó en el año 2000 (con Aznar) y se aceleró en 2004 (con Zapatero y las primas a la energía renovable). Si se hubiera evitado, ahora no tendríamos que subir los precios más de la cuenta. Yo no estoy en contra de las renovables, pero en mi opinión el sistema de subvenciones que se diseñó fue catastrófico”.
Cómo cambiar la situación
El ex ministro Josep Piqué o el profesor Rafael Pampillón creen firmemente que la solución en los sectores controlados por el Estado sigue siendo la liberalización y la privatización. Critican la lentitud que ha mostrado el Gobierno de Rajoy para poner en manos del mercado activos aún públicos. “Yo, desde luego, en los ámbitos del Ministerio de Fomento, hubiera ido muchísimo más rápido con Aena, Renfe y Adif”, dice Piqué. “Y ahí siguen, en el sector público”, se lamenta.
Esta semana recibían una buena noticia. El secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, anunciaba en una jornada organizada por el diario económico Expansión que el Ministerio de Fomento lanzará en mayo el concurso público para romper el monopolio de transporte ferroviario de Renfe. Pese a las dudas surgidas sobre si daría tiempo en esta legislatura a dar entrada a un competidor en el Corredor AVE a Levante, el Ejecutivo parece empeñado en abrir este melón antes de las elecciones. Es probable que sea un Gobierno en funciones el que otorgue el título habilitante a quien resulte adjudicatario. Entre los candidatos, viejas beneficiarias del dinero público como ACS o Ferrovial. Una de las principales demandas de las compañías interesadas ha sido que se reduzca el canon que Adif cobra a Renfe actualmente por el uso de las infraestructuras ferroviarias, una petición a la que parece que está dispuesto el Ministerio que dirige Ana Pastor a pesar de la oposición mostrada por el Ministerio de Hacienda. Competencia en cada uno de los corredores no habrá mucha. La idea es dar entrada a un solo operador privado por corredor que comparta el pastel con Renfe por lo que será el canon, cuya reducción quiere cargarse a la espalda pública para que al operador privado le salgan los números, el que genere el margen para bajar los precios de los billetes y lograr con ello el pretendido aumento de viajeros.
Frente a este impulso liberalizador, están surgiendo si no ideas nuevas sí algunas voces que hablan ahora con mayor brío que en las épocas de vacas gordas de la posibilidad de devolver al control público parte de lo privatizado, especialmente en algunos sectores como el sector energético. ¿Es necesario? En opinión de Javier Flores, de Asinver, no es tan relevante que el capital esté en manos públicas o privadas siempre que “el Estado actúe para contribuir a los intereses de la sociedad en su conjunto. El legislador tiene posibilidades enormes de influir en la actuación de las empresas en este sentido, herramientas a su alcance para asegurarse de que se cumple ese objetivo”. Flores considera incluso que la sociedad debe asumir la necesidad de aportar la inversión necesaria para crear las infraestructuras que permiten dar saltos cuantitativos y cualitativos en la evolución y luego venderlos al mercado para que los gestione.
Coincide con Jorge Morales de Labra que recuerda que “hay muchos ejemplos de empresas públicas en Europa que no son buenas”. Él reconoce que no es partidario de nacionalizar de partida porque “que el capital sea público o privado no implica a priori que la empresa funcione mejor”. Ahora bien, recuerda, “la ley ya recoge la posibilidad de nacionalizar la red de distribución si las empresas incumplen los estándares de calidad que se establezcan”. Aún así, “empezaría por permitir a los consumidores el autoabastecimiento, eliminando todas las trabas administrativas que se han puesto para dificultarlo y haciendo que se fuera extendiendo de un modo escalonado. A partir de ahí, con el poder en la red, si las empresas no se comportan de modo adecuado se podría proceder a la expropiación”.
Sánchez Mato, de Attac Madrid, sí cree recomendable revertir la propiedad del capital a manos públicas. Cuando se le pregunta por el daño a los accionistas individuales o los titulares de fondos de pensiones o de inversión que tengas títulos de las compañías susceptibles de renacionalización considera que “se causaría un daño muy inferior al que se causa en la situación actual, en la que la supuesta liberalización funciona porque está detrás el dinero de los impuestos sosteniéndola. Si se liberaliza”, añade, “que lo público sea público y lo privado, privado, sin red de seguridad”. Y lanza una pregunta: “¿Qué parte de los ingresos de Iberdrola corresponden a un mercado trucado por la normativa?”
Ana Tudela // Es periodista, graduada de la Universidad Complutense de Madrid en 1996. Autora del libro ‘Crisis S.A. El saqueo neoliberal’ (Akal, 2014).
ctxt.es
- Privatizaciones: como si no hubiera un mañana (I) – 12-03-2015, Ana Tudela / ctxt.es
- Privatizaciones: como si no hubiera un mañana (II) – 18-03-2015, Ana Tudela / ctxt.es
- Privatizaciones: como si no hubiera un mañana (y III) – 26-03-2015, Ana Tudela / ctxt.es
