La Mesa del Congreso rechaza la petición firmada por ocho formaciones políticas en la Cámara Baja para crear una comisión de investigación sobre las finanzas de los miembros de la familia real. Unidas Podemos es el único partido del órgano que vota a favor.
La Mesa del Congreso ha vuelto a rechazar una petición para crear una comisión de investigación sobre las finanzas de la Corona. El PSOE ha vuelto a unir sus votos a los del PP y Vox para tumbar una iniciativa que contaba con la firma de hasta ocho formaciones políticas y que solo ha sido apoyada por Unidas Podemos en el órgano de gobierno de la Cámara.
La reunión de los miembros de la Mesa se ha celebrado a través de vías telemáticas, dado que el Congreso se encuentra en servicios mínimos por la emergencia sanitaria del coronavirus. Las formaciones que respaldaban con su firma el registro de esta comisión eran ERC, PNV, JxCat, Bildu, CUP, Más País, BNG y Compromís; las mismas que registraron la primera petición rechaza, a excepción de Unidas Podemos. Tras el segundo rechazo a la petición para investigar las finanzas de la Corona, las formaciones firmantes han anunciado que la vuelven a registrar.
Los de Pablo Iglesias, que han apoyado su admisión en la Mesa, no firmaron la petición porque, a su juicio, «no es acertado el momento, y lo responsable es hacerlo después de la pandemia. En cuanto hayamos vencido a la epidemia, nosotros seremos implacables en este asunto, como siempre, y buscaremos todas las vías para investigar las presuntas actividades corruptas de Juan Carlos de Borbón», matizaron entonces.
La propuesta para crear la comisión recogía varios objetivos: determinar la existencia de estructuras opacas, con la participación del ex jefe del Estado, para la adjudicación de contratos comerciales; determinar el presunto blanqueo de capitales del rey emérito, las posibles cuentas irregulares de miembros de la familia real en paraísos fiscales, los mecanismos utilizados para ello y el origen de los fondos de las mismas, o los beneficiarios de las actividades ilícitas o ilegales del ex jefe del Estado, y especialmente si entre estos beneficiarios está el actual monarca.
«La Fiscalía suiza está investigando una cuenta bancaria del Banco Mirabaud, que tiene su sede en el paraíso fiscal de Bahamas. El Gobierno de Arabia Saudí habría transferido 100 millones del entonces rey saudí Abdul Aziz Al Saud a dicha cuenta. El titular de la misma sería la sociedad instrumental panameña Lucum Foundation, de la cual sería beneficiario Juan Carlos de Borbón», recogía la petición.
También se recordaban en la proposición el resto de informaciones relacionadas con esta cuenta offshore, como que el rey emérito le habría transferido 65 millones de euros a la aristócrata Corinna Larsen «y un millón de euros a otra mujer residente en Ginebra». Así como el hecho de que el actual monarca, Felipe VI, constaría como beneficiario de la sociedad Lucum y, por lo tanto, «como beneficiario de este dinero de dudoso origen, legalidad y legitimidad».
Estas informaciones forzaron un anuncio del rey en el que afirmaba renunciar a la herencia de su padre y avanzaba que le retiraría la asignación constitucional que Juan Carlos de Borbón estaba percibiendo.
Los letrados recuerdan que el rey es «inviolable»
Como en los anteriores vetos, la Secretaría General del Congreso ha señalado que no procede la admisión a trámite de la petición para investigar las finanzas de la Corona debido a «la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y, especialmente, lo dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que a este respecto se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los precedentes existentes en la Cámara«.
La última vez que se rechazó la creación de esta comisión en la Mesa, hace tres semanas, los letrados de la Cámara habían elaborado un informe sosteniendo que no era pertinente abrir una comisión de investigación por este asunto. El argumento de los servicios jurídicos del Congreso es que la Constitución establece la inviolabilidad del rey, una figura que, por lo tanto, «no está sujeta a responsabilidad».
Grupos parlamentarios como el de Unidas Podemos mostraron su desacuerdo con el informe de los servicios jurídicos porque, argumentaron, el rey emérito «ya no goza de ninguna de las prerrogativas que le otorga la Constitución. Jurídicamente el rechazo no está justificado».
Este mismo martes ERC y Bildu han registrado en el Senado una proposición de ley para que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar las partidas de los Presupuestos Generales del Estado asignadas a la familia real, así como la situación y las variaciones en el patrimonio de la Corona.
