- Pablo Iglesias asegura que el PSOE se ha comprometido a impulsar un Proyecto de Ley en la próxima legislatura para aumentar las garantías del texto, que permite al Gobierno intervenir la infraestructura de Internet sin orden judicial previa
- Entre las concesiones está el «control jurisdiccional inmediato» de este tipo de acciones y el compromiso de que «en ningún caso» supondrán «una restricción de los derechos fundamentales»
- «Había dos opciones: que saliera sin más o lograr algunas concesiones. Fuimos pragmáticos», ha asegurado Iglesias
- Dudas y claves del decreto que permite al Gobierno intervenir Internet «para preservar el orden público»
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman en el Congreso su acuerdo para el Gobierno de coalición //Jesús Hellín / Europa Press
Pablo Iglesias ha salido al paso de las críticas que está recibiendo su formación por haberse abstenido en el convalidación del decreto-ley que permite al Gobierno intervenir Internet sin orden judicial previa por motivos de orden público. En declaraciones ante la prensa, el líder de Unidas Podemos ha asegurado que el movimiento desde el ‘no’ a la abstención de su grupo ha llegado a cambio del compromiso del PSOE de impulsar un Proyecto de Ley en la legislatura entrante que incluya garantías adicionales a las presentes en el texto decreto-ley. La reforma había sido presentada en campaña como una medida «contra la república digital catalana», aunque tras elecciones el PSOE no ha vuelto a expresarlo de tal manera ni en el decreto original se hablaba específicamente de infraestructuras en Catalunya.
Entre las nuevas garantías acordadas, Iglesias ha citado el «control judicial de cualquier acto administrativo que pueda afectar a los derechos y libertades fundamentales». «Había dos opciones: que saliera sin más o lograr algunas concesiones. Cumplimos con nuestro deber. Nos movimos a la abstención. Fuimos pragmáticos», ha afirmado.
En un comunicado publicado en las redes sociales, el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha añadido algunos detalles sobre las concesiones que su grupo ha conseguido a cambio de la abstención en la votación, como un «control jurisdiccional inmediato» ante una decisión del Gobierno de intervenir Internet. «La orden de cese de una presunta actividad infractora del ordenamiento deberá ser motivada si se adopta sin audiencia previa y será recurrible inmediatamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo», reza el comunicado.
Además, el comunicado añade que en «los supuestos excepcionales» en los que el Gobierno asuma «la gestión directa o intervención de redes y servicios de comunicación electrónicos», esta acción «en ningún caso podrá suponer una restricción de los derechos fundamentales».
Intervenir Internet por motivos de orden público
El decreto-ley que permite al Gobierno intervenir la infraestructura física que soporta Internet sin orden judicial previa fue convalidado este miércoles con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos. Fue ratificado el viernes 1 de noviembre en Consejo de Ministros con el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya en funciones y aunque la justificación inicial de la medida que ofreció el presidente se basó en «poner punto y final» a la «república digital catalana». No obstante, en su redacción final no aparece referencia alguna a Catalunya o al conflicto independentista.
En cambio, el texto modifica varias leyes para ampliar los supuestos que permiten al Ejecutivo tomar el control de la red de telecomunicaciones digitales sin la intervención previa de un juez, que ahora incluyen la «preservación o restablecimiento del orden público».
Cambios que el decreto-ley introduce en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014.
Numerosos juristas y expertos han mostrado su preocupación por esta modificación. «Lo más preocupante del real-decreto es su vaguedad, lo que abre la puerta a potenciales abusos y al uso enteramente arbitrario del concepto de orden público», expone Joan Barata, jurista experto en libertad de expresión y profesor del centro Internet y Sociedad, de la Universidad de Standford.
Varias organizaciones, entre las que se encuentran la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Asociación de Internautas o la Asociación de Usuarios de Internet, a las que este jueves se ha unido Facua, han anunciado que presentarán un recurso ante el Defensor del Pueblo con objetivo de que el Tribunal Constitucional declare nulo el decreto-ley.
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