- Sánchez e Iglesias firmaron el preacuerdo para el Gobierno de coalición en la tarde de este lunes
- Sólo resta una respuesta oficial de ERC para fijar una fecha para la investidura
- El PNV ya ha comprometido su ‘sí’ a los socialistas
Sánchez e Iglesias, tras la firma de su futuro gobierno de coalición // EFE
Once puntos, 50 folios y un encabezamiento: «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España». Este es el preacuerdo de Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos que, si no hay sorpresas de última hora, verá la luz en los próximos días.
En el documento [aquí, en PDF], al que tuvo acceso este diario, y que fue firmado en la tarde de este lunes en el Congreso de los Diputados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los futuros socios de Ejecutivo «comparten la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de acción del Gobierno, de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea».
«Por ello, los ejes prioritarios de actuación del Gobierno se centran en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto», completan.
Entre las principales medidas del que será el primer gobierno de coalición en España figura, en su punto 1.3, lo siguiente: «Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos».
Concretamente, y con carácter urgente, PSOE y Unidas Podemos se comprometen a acabar con «la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad». Y con «las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo».
Además, dejan por escrito el compromiso de derogar «la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales» y de modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa».
En materia impositiva, en lo relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incrementarán dos puntos los tipos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.
También «se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo».
Vivienda y alquiler
En materia de vivienda el compromiso pasa por impulsar «las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado».
«Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha», refleja el acuerdo.
La religión, voluntaria y sin computar como nota
«Aprobaremos una Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años, eliminando la segregación escolar, y permitiendo la personalización de caminos formativos a las necesidades de los alumnos y alumnas», es otro de los puntos de este documento.
La asignatura de religión «será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos», puede leerse en este acuerdo en el que también se aboga por impedir la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos. «Igualmente se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo», añaden.
En el capítulo de derogaciones, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos apuesta una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la ley mordaza «para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica».
«Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal», explican.
Políticas feministas
Una parte importante del documento lo protagonizan las «políticas feministas». Los futuros socios de Gobierno se comprometen a «garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, y por la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral».
Para toda la legislatura
«Este documento y los puntos que en él se recogen son Acuerdos de Gobierno para toda la legislatura. Los Presupuestos Generales del Estado que se desarrollarán a lo largo de la misma se elaborarán tomando como base este documento y los consensos adquiridos en los últimos tiempos, adaptándolos al nuevo contexto macroeconómico», añaden PSOE y Unidas Podemos en la introducción de este documento.
Horas antes de hacerse público el documento y el anuncio de la firma por parte de Sánchez e Iglesias, el presidente del Gobierno en funciones se reunía en la Cámara Baja con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para firmar un acuerdo mediante el que los nacionalistas vascos darán su apoyo a la investidura.
El mismo día en el que la Abogacía del Estado se ha pronunciado a favor de que Oriol Junqueras sea excarcelado para ejercer como eurodiputado, sólo resta una respuesta oficial de ERC para fijar una fecha para la investidura.
En la Moncloa siguen prefiriendo la opción de que la investidura se celebre entre los días 2 y 5 de enero.
Las declaraciones de los líderes
Una vez firmado el acuerdo de Gobierno, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han comparecido para explicarlo, aunque no se admitieron preguntas de los periodistas. El jefe del Ejecutivo en funciones admitió que será «compleja» la gobernabilidad en esta legislatura porque no tienen mayoría parlamentaria, pero ha dicho que sí que tienen algo «valioso» y es la «voluntad de hacer camino al andar» y dialogar. «Lo vamos a hacer con un solo gesto, el gesto de hablar», enfatizó.
Previamente, Pablo Iglesias, tras reivindicar el 15-M, señaló que el «reto fundamental» del nuevo Ejecutivo será «convertir ese ‘sí se puede’ en políticas activas de gobierno». Además, subrayó que el programa de Gobierno combina la «experiencia» del PSOE con la «frescura» de Unidas Podemos para «afrontar una etapa histórica».
Sánchez e Iglesias, que han posado sonrientes ante los medios gráficos y se han dado un apretón de manos, han comparecido arropados por cargos de PSOE y Podemos. Por parte de los socialistas, Adriana Lastra, María Jesús Montero, Rafael Simancas, Alfonso Rodríguez de Celis, mientra que por UP estuvieron entre otros Pablo Echenique, Alberto Garzón, Juantxo López de Uralde.
Tanto Sánchez como Iglesias se lanzaron piropos mutuos y agradecieron la «generosidad» demostrada por ambas partes. El líder de Podemos señaló que será un «honor» que Sánchez sea su presidente y «compartir» gobierno con cargos socialistas.
Antes de esta comparecencia, una veintena de informadores expresaron su protesta ante la imposibilidad de acceder a la sala –conocida como sala Chimenea– en la que Sánchez e Iglesias presentaron su programa de gobierno.
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