La presidenta madrileña amenaza al Gobierno con no cumplir el decreto-ley del Ejecutivo, algo que no puede hacer según los expertos en Derecho Constitucional.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de julio durante un acto público // Marta Fernández / Europa Press
«Madrid no se apaga». Con esta contundente frase escrita en su cuenta de Twitter, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunciaba el martes por la mañana que está dispuesta a incumplir el Real Decreto-ley que regula las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno el día anterior. La norma contempla medidas urgentes para reducir el consumo de energía en edificios públicos y establecimientos comerciales.
Ayuso ha retado así al Gobierno con no cumplir la ley. No es la primera vez que lo hace: esa amenaza ya la esgrimió durante la pandemia de coronavirus, cuando el Gobierno impuso el estado de alarma y demás restricciones. Ayuso recurrió entonces a los tribunales, pero no se atrevió a cruzar la línea roja de la desobediencia.
La pregunta, entonces y ahora, surge de inmediato: ¿Puede una comunidad autónoma incumplir un decreto-ley del Gobierno que, además, ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado? La respuesta también es inmediata: no, no puede.
La primera en recordarle a Ayuso que debe cumplir la ley fue Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, quien no pudo ser más cristalina en ese sentido al subrayar que una comunidad no puede desacatar un decreto-ley, aunque sea por respeto institucional: «Hay que cumplirlo, pero vamos, ya estamos acostumbrados a este tipo de respuestas de la señora Díaz Ayuso, que siempre demuestra egoísmo y falta de solidaridad».
«La ley en España se cumple», afirmó categórico unas horas después el propio presidente del Gobierno. Pedro Sánchez sugería así que no se trata simplemente una cuestión de lealtad institucional, sino de cumplir la ley y más en el caso de una dirigente política y presidenta de una comunidad autónoma.
Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, recuerda que un decreto-ley tiene rango y fuerza de ley, valga la redundancia, y por lo tanto es de obligado cumplimiento. «La respuesta es un no rotundo», enfatiza Pérez-Royo cuando se le pregunta si Madrid u otra comunidad autónoma puede ignorar un decreto-ley del Gobierno.
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En este sentido, el artículo 86 de la Constitución reconoce esta figura legislativa. «En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general», reza el primer apartado de dicho artículo.
José Antonio Martín Pallín, antiguo magistrado del Tribunal Supremo y experto jurista, también lo tiene muy claro: «Una comunidad autónoma no puede desobedecer un decreto-ley».
En cualquier caso, el antiguo magistrado del Tribunal Supremo recuerda que Ayuso puede recurrir a los tribunales si no está de acuerdo con las medidas del Gobierno.
Y casi dicho y hecho. El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, aseguró el martes que la Comunidad de Madrid analizará «seriamente» el decreto-ley del Gobierno y que si concluye que «no es constitucional» lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, Martín Pallín recuerda que la presidenta madrileña está obligada a cumplir el decreto-ley desde el primer minuto, independientemente de su recurso a los tribunales, si es que finalmente se produce.
Lo cierto es que tampoco Ayuso tiene muchas herramientas ni argumentos legales para incumplir el decreto-ley del Gobierno. En realidad, la Comunidad de Madrid no tiene competencias para garantizar que los empresarios madrileños no cumplirán las medidas aprobadas sin ser sancionados, recuerda Pérez-Royo. De acuerdo con la actual legislación, los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.
En el hipotético caso de que Ayuso se saltara la ley a la torera, hay una segunda pregunta que muchos se hacen: ¿Se podría aplicar a la Comunidad de Madrid el artículo 155 de la Constitución?
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«Aquí habría que actuar con mucha cautela. El artículo 155 es para casos graves y excepcionales. En este caso sería un poco desproporcionado, aunque Ayuso sí se merece un 155 desde hace tiempo«, afirma Martín Pallín con un poco de retranca.
El catedrático Javier Pérez-Royo tampoco cree que fuera necesaria la aplicación del famoso artículo de la Constitución «a no ser que la señora Ayuso se negara en redondo a cumplir la ley». «Entonces habría que verlo, pero podría ser una aplicación flexible, temporal y parcial, que afectara sólo a las cuestiones del decreto-ley del Gobierno. En cualquier caso ese escenario es muy improbable», añade Pérez-Royo.
Pérez-Royo apunta que hay una vía intermedia: en caso del incumplimiento por parte de Ayuso, el Gobierno de Pedro Sánchez podría denunciar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales. El catedrático de la Universidad de Sevilla cree que si el Gobierno de Ayuso dictara, aun sin tener competencias para ello, un decreto-ley autonómico para anular el del Gobierno, el Ejecutivo de Sánchez podría responder al desafío recurriendo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o incluso el Tribunal Supremo, prescindiendo así del 155.
Para muchos las amenazas de Ayuso carecen de sentido y no son más que palabras huecas, unas nuevas declaraciones para atraer el foco mediático y buscar una nueva confrontación con el Gobierno. «La apaga seguro. Esto es la perfomance de siempre», sostiene Elisa de la Nuez, abogada del Estado y Secretaria General de la Fundación Hay Derecho en su cuenta de Twitter, deslizando, al igual que Calviño, que la presidenta madrileña lo único que busca es la atención de los medios y apretar las filas de los suyos, pero que en ningún caso se atreverá a traspasar la frontera de la ilegalidad por mucho que amague con hacerlo.
«Esto es alfalfa para algunos y un rasgo más del incivismo y la chulería de la señora Ayuso. Aquí lo importante es si los jueces le siguen el juego a Ayuso u optan por mantener el orden jurídico constitucional», concluye Martín Pallín.
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