- El presidente del Gobierno dejó sin contestar varias cartas que le remitió el fondo Eiser para intentar una solución “amistosa” antes de iniciar el arbitraje
- El laudo del Ciadi obliga a pagar a España 128 millones más intereses
- La decisión puede sentar un precedente para las 26 demandas que hay presentadas ante esa instancia por el recorte a las energías limpias
Rajoy y el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, en una imagen de archivo // EFE
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó un acuerdo con los promotores del arbitraje por el que la Corte Internacional de Arreglo a Diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, ha condenado España a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg por los recortes a las energías renovables del anterior ministro de Industria, José Manuel Soria.
Según adelanta El País, Rajoy dejó sin contestar las cartas de los inversores que pedían una negociación antes de presentar su demanda de arbitraje. La primera carta, que abogaba por “una solución amistosa”, según el laudo, se escribió el 26 de abril de 2013 en inglés y la única respuesta fue que se tradujera y aportase “el documento redactado en castellano”, cosa que hicieron los demandantes el 15 de mayo de 2013.
El 30 de julio de ese año, Eiser y sus socios volvieron a enviar otra carta a Rajoy para lograr “una resolución amigable”, esta vez en inglés y en español. Pero ninguna misiva tuvo respuesta y el tribunal considera “irrazonable” que el Gobierno diga que el demandante no intentó llegar a un acuerdo. La solicitud de arbitraje se presentó en diciembre de 2013.
Durante el procedimiento, un testigo propuesto por el Gobierno español dio hasta tres versiones diferentes sobre el recorte a las renovables. Los peritos tampoco resultaron convincentes frente a los informes “completos y profesionales”; y los abogados del Estado que defendían a España dieron un vuelco a última hora a su estrategia de defensa.
A finales de 2015, los abogados del Estado introdujeron “una defensa completamente nueva” y “en forma tardía”, según el laudo, al sostener que las plantas termosolares en las que habían invertido los demandantes tenían más de 50 megavatios de potencia y por tanto no podían acogerse al régimen especial de primas, una tesis que el tribunal echó por tierra basándose en informes de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Versiones contradictorias
El testigo aportado por el Gobierno, el director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dijo primero que esos informes estaban “sencillamente equivocados”, pero al ser repreguntado argumentó “de diversas maneras que había, que no había o que tal vez había leído los informes”. También aseguró que no le habían dejado entrar a las plantas afectadas, pero luego acabó reconociendo que ni siquiera había intentado acceder a ellas.
Lo más preocupante del laudo, por el precedente que puede sentar para otros procedimientos, es que el recorte de primas que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy en su primera legislatura “fue profundamente injusto e inequitativa en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión”.
El tribunal tiene series reservas sobre el eje de esa reforma, el de un nuevo marco basado en los costes hipotéticos de una hipotética planta eficiente. El testigo que aportó España, Carlos Montoya, también del IDAE, “admitió en su testimonio que el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso”, dio alguna respuesta ambigua y mostró “una evidente falta de conocimiento” sobre los acuerdos de financiación que sirvieron para construir las plantas afectadas.
