Los colectivos sociales 15MpaRato y la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) hacen un llamamiento para interponer una querella contra Rodrigo Rato, ex presidente de la entidad y «luchar contra la impunidad».
Los colectivos sociales 15MpaRato, la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD), Adabankia y Asuapedefin, Empleados de Bankia y el Colectivo Ronda (abogadas del 15MpaRato) se han reunido este lunes para «demostrar que el espíritu del 15-M está más vivo que nunca» y para hacer un llamamiento a la población para que colaboren en un nuevo crowfunding (operación mediante la cual una serie de personas realizan para conseguir dinero para una causa) para presentar una querella contra Rodrigo Rato y que puedan investigar a Bankia por «los préstamos de dinero, por estar inmersa en redes de corrupción y por el uso de cláusulas abusivas, por estafar a familias y desahuciar a personas después de haber sido rescatado con dinero público», ha dicho Beatriz, de 15MpaRato.
La asociación 15MpaRato, que surgió en el primer aniversario del movimiento ciudadano 15-M (año 2012), ha reunido pruebas que han «permitido sentar a Rato en el banquillo». Simona Levi, una de las portavoces de la organización ha señalado que la causa 15MpaRato se ha enfocado en el exministro «para poder desenmascarar Bankia y llegar uno a uno a todos».
Después de tres años trabajando en el caso, aclaran que no es un asunto personal contra Rato, sino «una impunidad para las élites y un espacio para desmantelar a Bankia» después de que se destapase el caso de las Tarjetas Black– en las que 78 altos cargos de la entidad fueron imputados por apropiación indebida y administración deselal y gastaron más de 15 millones después de que la entidad fuese rescatada- gracias a los correos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
Desde 15MpaRato se denuncia «una operación de maquillaje que lleva a cabo Bankia para que pueda venderse al mercado». La organización explica que la situación que «la nueva dirección de la entidad intenta vender no se corresponde con lo que los trabajadores ven desde dentro«, ha recalcado Simona.
La asociación pide la colaboración de los ciudadanos para asumir los costes de interponer una querella ciudadana contra Rodrigo Rato, «que no tiene que caer solo. Necesitamos asegurarnos de que caigan sus cómplices«, ha dicho Levi, en alusión a Hacienda (a la que acusa de saber lo que estaba pasando con las tarjetas black) y al Estado (por el rescate con dinero público).
Yago Álvarez, de La Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, denuncia que el rescate a Bankia «no se debería pagar». La organización ha llevado a cabo un análisis económico en el que ofrecen las cantidades del dinero ilegítimo. «El Estado inyectó más de 22.000 millones para rescatar Bankia y solo hemos recuperado el 5%». Sin embargo, Álvarez explica que la ayuda a la entidad bancaria no terminaba ahí. «El Estado es el avalista de Bankia y nos ha metido en una deuda futura que acabaremos pagando nosotros».
La Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda acusa al Estado de comprar lo que Bankia no ha podido vender. «Compran edificios, pisos, urbanizaciones y basura inmobiliaria para limpiar los activos de Bankia».
Tras el rescate de Bankia con el dinero público y los préstamos del Banco Central Europeo, Álvarez explica que «ahora se privatiza de nuevo».
Patricia Suárez, de Adabankia y Asuapedefin -asociaciones de consumidores-, indica que estas dos organizaciones han denunciado al Consejo del Poder Judicial porque las denuncias colectivas de los afectados de Bankia se tienen en cuenta como un caso individual. «Pedimos que a los jueces se les tome como un caso acumulado para que el juez tenga la dedicación necesaria«.
Por su parte, los trabajadores afectados por el ERE realizado por la entidad bancaria en 2012, denuncian que no se están cumpliendo las voluntades y los derechos de los trabajadores establecidos en el acuerdo sindical. Critica a la nueva dirección encabezada por José Ignacio Goirigolzarri ya que sostiene que «se reproducen los mismos mecanismos que en la antigua dirección presidida por Rato». Juan Colmenar, en nombre de CGT y los empleados, denuncia que la dirección de Bankia ha reducido el 30% de las prestaciones sociales sin motivo justificado, que han firmado un acuerdo con los sindicatos en que se les otorgaba 647.000 euros sin justificar los gastos que podían llevar, un cambio de horario prolongado y el cambio en el sistema del sueldo, «donde hay una parte fija y una parte variable, que depende de la opinión del jefe y del cumplimiento de una serie de objetivos».
Isabel Montero ha acusado a los sindicatos de firmar este acuerdo «plagado de incumplimientos e irregularidades». Montero dice que los afectados por el ERE aún no han cobrado la indemnización y que «los despedidos aún seguimos buscando trabajo después de dos años».
Carmen Herranz, del Colectivo Ronda, en representación de las abogadas que defienden la querella instruida contra Rato por el 15MpaRato, defiende que siguen pidiendo prisión para el exministro de Economía y que tienen el foco puesto en Hacienda porque tienen indicios de que «estaba al corriente y pensamos que hubo complicidad entre Bankia y Hacienda para ocultar lo que pasaba con las tarjetas black».
También Herranz ha aclarado que 15MpaRato pide la imputación de la auditoría de Bankia, Deloitte, porque su actuación «acompañó la salida de Bankia a Bolsa diciendo que todo estaba perfecto».
