La Fiscalía Anticorrupción pide un mínimo de 61 años de cárcel para el exvicepresidente económico de los gobiernos del Partido Popular.
Rodrigo Rato durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 9 de enero de 2018 // Dani Gago
En libertad condicional desde febrero de 2021, el exvicepresidente Rodrigo Rato sigue en el punto de mira de la justicia por sus actuaciones como empresario y al frente de Bankia. Hoy, en una nota hecha pública por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Rato aparece señalado por delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
El también exsecretario general del Fondo Monetario Internacional habría defraudado más de ocho millones de euros entre 2005 y 2015. En 2013, año en el que, tras su salida del FMI, desempeñó el cargo de consejero asesor para Latinoamérica y Europa de Telefónica, Rato habría defraudado más de tres millones de euros a la Agencia Tributaria, según Anticorrupción.
La Fiscalía estima que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de la sociedad irlandesa Red Rose Investement, las panameñas Red Rose Financial y Wescastle, y la británica Vivaway. A través de ellas, y de la triangulación fiscal mediante cuentas en países como Mónaco, Suiza o Luxemburgo, Rato habría defraudado a Hacienda durante toda una década, de 2005 a 2015.
“Todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de mecánicas de blanqueo por el acusado, describiéndose en el escrito de la Fiscalía hasta ocho mecanismos de blanqueo”, indica el escrito divulgado hoy por Anticorrupción, que reseña la capacidad de Rato de hacer inversiones y reinversiones sin pasar por el ojo de la Hacienda española.
Rato, que se acogió a la Amnistía Fiscal de 2012, utilizó esta medida excepcional para seguir, presuntamente, delinquiendo, “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior”.
La investigación de la Fiscalía añade nuevas informaciones sobre el pago de la fianza en el caso de las Tarjetas Black, para el que Rato llevó a cabo una triangulación a través de su sociedad Vivaway, al margen del escrutinio de la Hacienda española. En la instrucción de este procedimiento, “existen indicios racionales de que Rato, siendo presidente de Caja Madrid -Bankia, cargo que ocupó entre enero de 2010 y mayo de 2012, cobró indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con las entidades Publicis y Zenith relativos a la fusión y salida a bolsa de la entidad”, añade la Fiscalía.
En total son once delitos contra la Hacienda Pública para los que se piden penas de cuatro a seis años de cárcel, así como un delito de blanqueo de capitales, un delito de insolvencia punible, un delito de corrupción en los negocios y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.
De ser resultado culpable de todos los delitos, la pena ascendería a entre 61 y 83 años de prisión.
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