Cuatro decenas de organizaciones denuncian que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dejado un plazo de alegaciones mínimo, que acaba hoy, para un anteproyecto de ley que modifica 33 leyes y cinco decretos, y que fue presentado en plena Nochebuena.
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El Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, más conocido como Ley Ómnibus, está poniendo en pie de guerra a todo el tejido social madrileño. Si la oposición calificaba de “chiringuito sanitario” la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria autonómica que no tendría siquiera control parlamentario, y diferentes colectivos ponían el grito en el cielo por el hecho de que la nueva ley permitiría que las promotoras no tengan que ceder suelo a los ayuntamientos, ahora cerca de 40 organizaciones han hecho pública su posición ante el nuevo ordenamiento jurídico, calificándolo de “otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes”.
El anteproyecto de ley, tal como está redactado, supone la modificación de nada menos que 33 leyes, así como de cinco decretos vigentes en la Comunidad de Madrid. Incluye además 15 nuevas disposiciones que afectarían a ámbitos que van desde la hacienda pública, la ordenación territorial, la protección del medio ambiente, los servicios sociales, las uniones de hecho, la cámara de cuentas, la sanidad, el transporte urbano la policía local y los agentes forestales, la agencia para la reeducación y reinserción del menor Infractor o el tribunal administrativo de contratación pública, entre otros ámbitos.
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Los colectivos firmantes del comunicado —en el que se incluyen la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, los sindicatos UGT , CC OO, CGT Sanidad y CSIT, organizaciones sanitarias como MATS, SUMMA T o la Plataforma de Centros de Salud, así como organizaciones ecologistas vecinales y sociales— denuncian el mínimo plazo dejado por la administración madrileña para presentar alegaciones al mismo: tan solo siete días hábiles, que finalizan hoy, 3 de enero, tras ser presentado el anteproyecto el día de Nochebuena.
“La complejidad, la transcendencia y los efectos del anteproyecto sobre la sociedad madrileña, su territorio, su medio ambiente y sus derechos son de tal envergadura que resulta del todo imposible que en siete días hábiles podamos participar de forma real y efectiva”
“La complejidad, la transcendencia y los efectos del anteproyecto sobre la sociedad madrileña, su territorio, su medio ambiente y sus derechos son de tal envergadura que resulta del todo imposible que en siete días hábiles —inmersos en las fiestas navideñas y en la sexta ola de la pandemia con numerosas personas afectadas por la cepa ómicron— podamos participar de forma real y efectiva, según establece la regulación de la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración normativa”, señalan en el texto presentado hoy.
Asimismo, señalan que someter el anteproyecto de ley a trámite de audiencia e información públicas en estas condiciones y suprimiendo el preceptivo trámite de consultas, alegando además una necesidad de urgencia en su tramitación que consideran “incierta” además de hecha “de manera desviada” supone una clara infracción a lo dispuesto en la normativa básica reguladora de la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley, del Convenio de Aarhus y de la ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia.
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Por ello, exigen que se amplíen al menos un mes los plazos de los trámites de audiencia e información pública del anteproyecto o de lo contrario se anule todo el procedimiento subsidiariamente, calificando la forma en la que procede del Gobierno regional como “de espaldas a la participación ciudadana, de espaldas al diálogo y la negociación”.
“Bajo el falso enunciado de ‘impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid’ se introduce un conjunto de medidas que en realidad suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de servicios públicos”
“Consideramos inadmisible el proceder de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno al pretender modificar radicalmente normativa consolidada de la Comunidad de Madrid, reduciendo el debate parlamentario —al tramitarse por vía de urgencia— y eludiendo la participación social”, lamentan. Así mismo, señalan que “bajo el falso enunciado de ‘impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid’, se introduce un conjunto de medidas que en realidad suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno, en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes”.
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En cuatro días, una recogida de firmas contra la Ley Omnibus presentada en la plataforma Change.org por las organizaciones ARBA, El Soto, Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid, GRAMA y Jarama Vivo ha recogido 13.000 apoyos.
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