Esos registros pueden verse incrementados en los próximos meses, ya que la campaña actual del Ministerio de Trabajo comenzó con el envío de cartas a 59.129 empresas a las que se advertía de la detección de indicios de fraude en los contratos de 122.528 trabajadores.
Varias personas en la puerta de una oficina del SEPE el día en el que se han conocido los datos de paro de abril, a 5 de mayo de 2021, en Madrid // Alberto Ortega / Europa Press
La Inspección de Trabajo ha batido todos los récords en su plan de choque contra el fraude en la contratación temporal: en solo dos meses ha detectado a casi 90.000 asalariados que desempeñaban su tarea con contratos eventuales cuando en realidad ocupaban puestos estructurales en el sistema productivo de las empresas, que se han visto obligados a hacerlos fijos.
Los datos constan en la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, que se había interesado por conocer qué resultados está dando el plan de choque activado por el ejecutivo contra la temporalidad fraudulenta.
Entre la última semana de febrero, cuando la Inspección comenzó a remitir comunicaciones a las empresas cuyas contrataciones iban a ser objeto de revisión al haber detectado indicios de irregularidades, y el 22 de abril, han sido detectados 89.268 contratos temporales con «irregularidades debido a la superación de los periodos máximos autorizados legal o convencionalmente» que han sido transformados en indefinidos.
«La actuación de la Inspección está dando muy buenos resultados, tiene un ratio de respuesta muy elevado», explica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. El Gobierno da «una enorme importancia a la lucha contra aquellas conductas fraudulentas que vulneran no sólo los derechos de los trabajadores sino el sistema de Seguridad Social en general», anota Heredia.
Una bolsa de fraude mayor que la detectada en años completos
El ritmo de transformación de contratos eventuales en indefinidos, 89.268 en solo dos meses, supera los de cualquiera de las campañas del mismo tipo desarrolladas en año anteriores, muy por encima de los 61.445 de 2018 y de los 59.129 del año siguiente.
Y todo apunta a que esos registros pueden verse incrementados en los próximos meses, ya que la campaña actual comenzó con el envío de cartas a 59.129 empresas a las que se advertía de la detección de indicios de fraude en los contratos de 122.528 trabajadores.
A falta de cerrar las actuaciones, el ratio de acierto de los inspectores se sitúa ya por encima del 70%. «La regularización de más de 89.000 contratos en menos de tres meses es un dato espléndido», destacó Heredia.
Los registros de la campaña suponen que en solo dos meses la Inspección ha detectado la mitad de los contratos fraudulentos que afloró en los dos ejercicios completos con mayor actividad en la persecución de este tipo de fraude laboral: la cifra de finales de abril está ligeramente por debajo de la mitad de los 193.946 de 2018 y algo por encima de la de los 169.252 de 2019, según indican las memorias anuales del servicio.
La comparación se antoja sonrojante frente a los resultados de la etapa 2012-2017, con Fátima Báñez en la cartera de Trabajo y con la reforma laboral de Mariano Rajoy en vigor. El volumen de contratos temporales fraudulentos detectados y transformados en indefinidos en esa etapa fue inferior a los de la actual campaña entre 2012 (Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2012 (35.570) y 2016 (82.272), y solo lo superaría en 2017, con 92.925 en todo el año.
La elevada prevalencia del fraude en Andalucía
«Rajoy recortó las inspecciones laborales un 13%, lo que permitió que algunos empresarios aprovecharan la situación para explotar laboralmente a sus trabajadores», indica el senador, que anota que, a partir de 2018, «primero con la ministra Magdalena Valerio y ahora con Yolanda Díaz han aumentado un 43%».
Por comunidades, llama la atención la elevada bolsa de fraude detectada en Andalucía, que con 26.808 transformaciones se lleva el 30% del total, un peso que duplica al que presenta sobre el total de asalariados (15% (Asalariados por grupo de edad, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos(4956) (ine.es) ), 2,46 millones) y que rebasa notablemente el que registra en el empleo temporal (20,5% (Asalariados por tipo de contrato o relación laboral, sexo y comunidad autónoma.
Le siguen en volumen de infracciones detectadas y corregidas Madrid y Catalunya, con 10.958 y 10.285 respectivamente, en ambos casos con una tasa inferior a la del peso de su mano de obra tanto asalariada como temporal.
Las 8.816 situaciones de fraude localizadas en la Comunitat Valenciana (9,8%) se alinean con la proporción del empleo por cuenta ajena (1,67 millones, 10,4% (Asalariados por grupo de edad, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos(4956) (ine.es) )) y del eventual (422.300, 10,8% (Asalariados por tipo de contrato o relación laboral, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada comunidad(4961) (ine.es) )) de este territorio en el plano estatal.
Las modalidades de trabajo eventual y sus limitaciones
Las condiciones de los contratos temporales están reguladas en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que limita a tres años ampliables hasta otro por convenio la duración de los de obra y servicio, a seis meses de cada doce los de circunstancias especiales de producción y a 24 meses en dos años y medio con un máximo de dos contratos los eventuales.
«Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley», añade el precepto, del que se derivó el decreto 2.720/1998 para ampliar la regulación de los acuerdos laborales de duración determinada.
Los casos de fraude más habituales se dan cuando un trabajador eventual ocupa un puesto de carácter estructural en la empresa como sería, por ejemplo, un único cocinero en un restaurante con un contrato temporal; cuando se encadenan más de dos en dos años y medio sin que ninguna causa organizativa o productiva lo justifique, algo que ocurre en el comercio, y, también, cuando el acuerdo laboral no ha sido formalizado por escrito, algo ya residual.
Paralelamente, en el campo, la hostelería y el turismo es frecuente la figura del fijo discontinuo, que se emplea en trabajos de temporada. El empresario tiene la obligación de ir llamándolos cada año por orden de antigüedad para que se incorporen, mientras que el rechazo a hacerlo se considera baja voluntaria. En la cuarta campaña pasan a fijos indefinidos.
“No se puede sustituir trabajo estructural con eventuales”
«No se puede sustituir a trabajadores estructurales de la empresa por eventuales, lo mismo que no se puede tener con contratos parciales a los que trabajan toda la jornada», explica Ercoreca, que señala las elevadas tasas de temporalidad y de parcialidad como «dos de las principales lacras del mercado laboral español». «Es necesario que los trabajadores tengan estabilidad laboral y que coticen por la jornada real», añade.
Así, anota, «el contrato de cinco días para no pagar los fines de semana es ilegal, como tampoco se puede contratar en septiembre para dar de baja en julio. El descanso semanal y las vacaciones forman parte de la relación laboral». De hecho, el único supuesto en el que la normativa admite la liquidación económica de las vacaciones es en el del despido.
En cuanto a las inspecciones, que siguen siendo realizadas por una ajustada plantilla de poco más de mil inspectores y alrededor de 900 subinspectores, el objetivo en «comprobar que el contrato tenga su causa, y determinar si esa causa es temporal o no», indica.
A las tareas de supervisión actuales lleva camino de unirse la reforma de la contratación que prepara el Gobierno con los agentes sociales, en la que se habla de limitar a un año la duración de los contratos eventuales. «Eso se quedará en papel mojado si no hay un refuerzo de la Inspección», advierte.
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