Derecho al agua // La iniciativa para la vuelta a manos públicas de la gestión del agua en la capital catalana llega a su fase final con los frentes administrativo, judicial y ciudadano abiertos.
Los movimientos sociales que vienen reclamando la municipalización desde 2010 han promovido que la medida se lleve a consulta popular // Álvaro Minguito
La remunicipalización del agua en Barcelona, una de las grandes banderas de la candidatura de Barcelona en Comú en 2015, entra en su fase final con tres frentes abiertos: el administrativo, el judicial y el ciudadano. El consistorio presidido por Ada Colau avanza lentamente en los trámites para poner fin a la cesión de la gestión del agua de la capital catalana a la empresa privada AgBar, realizada en 2011 por el entonces alcalde Xavier Trias, con el apoyo del PSC.
Los movimientos sociales que vienen reclamando esta municipalización desde 2010 han promovido que la medida se lleve a consulta popular en junio, aunque su acción ha sido recurrida por AgBar mediante distintas vías. Finalmente, todo el proceso depende de la sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre la legalidad de la mencionada cesión de la gestión del agua a AgBar en 2011, que fue declara nula en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en 2016.
Aunque todas estas batallas acabaran de forma positiva para el movimiento por la municipalización, todo indica que los plazos para culminar el proceso sobrepasarían holgadamente la actual legislatura. De esta forma, la promesa electoral de Barcelona en Comú se uniría a otras remunicipalizaciones frustradas en el resto del Estado tras las esperanzas despertadas por los triunfos de los llamados ‘ayuntamientos del cambio’ en 2015 y todo quedaría sujeto a un nuevo triunfo electoral en 2019.
La gestión privada o mixta se ha ido imponiendo, particularmente desde el inicio de la crisis económica, y ya ocupa más de la mitad del mercado en España
Una legislación estatal hostil, la oposición de los partidos tradicionales y de las grandes empresas y hasta de los propios trabajadores de los sectores afectados han dificultado e incluso bloqueado varios procesos similares en el resto del Estado desde 2015.
La fallida remunicipalización del servicio de recogida de basuras en Madrid es quizás el más paradigmático.En ciudades como Zaragoza (010 y parques y jardines), Toledo (transporte urbano) o Cádiz (limpieza viaria y transporte urbano), también gobernadas por candidaturas surgidas al calor de las confluencias de 2015, la recuperación de la gestión municipal de servicios públicos se ha visto entorpecida por figuras legales como la «tasa de reposición» o la oposición del resto de partidos, incluido el PSOE. En cuanto a la municipalización del agua, ha traído resultados dispares, siendo el caso de Valladolid el más exitoso, que tampoco ha estado exento de problemas, recurso judicial por parte de la empresa afectada incluido.
De gestión privada a gestión mixta
La gestión del agua en Barcelona funcionó en un limbo legal, sin un contrato de cesión por parte de la administración a ninguna empresa, hasta 2010. Desde los años 70 del siglo XIX, la gestión se llevó a cabo por parte del capital privado, con la corta salvedad de las colectivizaciones obreras durante la Guerra Civil. Ya en los 60, empujado por las protestas del movimiento vecinal, el Ayuntamiento configuró un modelo de gestión privada con mantenimiento público de las infraestructuras que seguirá vigente hasta 2010.
Ese año, el juez Eduard Paricio, de los juzgados de Barcelona, sentenciaba que «no existe contrato de concesión entre el Ayuntamiento de Barcelona y AgBar» y que, por tanto, el servicio prestado era ilegítimo y las facturas cobradas, ilegales. En respuesta a la nueva situación legal, en 2011, el alcalde convergente Trias creó una empresa mixta a través del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) compuesta por AgBar (85%) y la propia AMB (15%). Posteriormente, se concedió a esta empresa la gestión del agua hasta el año 2047 sin pasar por concurso público.
Este último atajo, sumado a otros fallos de forma, llevaron a que el TSJC determinara en marzo de 2016 que la cesión había sido irregular. Aunque la sentencia se encuentra recurrida y a falta de un resolución definitiva por parte del Tribunal Supremo, por el momento, ha servido para abrir el melón de los modelos alternativos de la gestión del agua en Barcelona. «Hemos conocido la gestión privada, hemos conocido la gestión mixta y el único modelo que nunca hemos probado en Barcelona es el de la gestión pública», declara Eloi Badía, concejal de Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona.
La gestión del agua en Barcelona funcionó en un limbo legal, sin un contrato de cesión por parte de la administración a ninguna empresa, hasta 2010
En el resto del estado encontramos distintos modelos de gestión pública, desde el Canal de Isabel II de Madrid, recientemente salpicado por casos de corrupción y con una práctica más cercana a la de la empresa privada, a modelos de gestión ampliamente participados, como el de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz. No obstante, la gestión privada o mixta se ha ido imponiendo, particularmente desde el inicio de la crisis económica, y ya ocupa más de la mitad del mercado en España. La multinacional francesa Suez (a través de Agbar y sus distintas filiales) y la española FCC acaparan el 89% del mercado nacional, según datos de La Marea.
La tendencia a nivel internacional parece ser contraria a la española y se podría decir que estamos viviendo un proceso generalizado de remunicipalización de la gestión del agua en la última década. «La movilización en Barcelona se enmarca en un contexto más grande que hemos tenido en una cantidad innombrable de países», declara Pablo Sánchez Centellas, portavoz de la Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho humano al agua. «Hemos tenido un remunicipalizaciones en Berlín y en París, referéndums contra la privatización en Tesalónica y en Italia, en el que votó más gente que en las elecciones generales. Estamos ante un movimiento general que ha generado una red europea en defensa de un sistema público, democrático, transparente y participativo».
Las batallas por la municipalización
De vuelta en Barcelona, todo se mantiene a la espera de la resolución final del Tribunal Supremo sobre la legalidad de la cesión de la gestión del agua a la empresa mixta liderada por AgBar. Entre tanto, el Ayuntamiento y el AMB, ambos presididos por Colau, están avanzando en la elaboración de estudios previos y en el afianzamiento de los apoyos políticos a la remunicipalización.
«Desde la sentencia de 2016 encargamos estudios para saber qué partes de la empresa se habían amortizado y para conocer la situación contractual con la empresa», declara el concejal Badía. «La moción del Ayuntamiento de noviembre de 2016, en la que se nos llamó a trabajar para la gestión pública, se aprobó con los votos del PSC, ERC y CUP, pero, de cara a la aprobación de la remunicipalización del agua, el documento que estamos elaborando sobre cómo será la gestión será determinante para que el resto de grupos valoren su apoyo».
El movimiento social en defensa de la municipalización ha decidido emprender su propia vía para aumentar la presión sobre los actores implicados
Más allá de la acción administrativa y judicial, el movimiento social en defensa de la municipalización del agua ha decidido emprender su propia vía para aumentar la presión sobre los actores implicados. A la multiconsulta organizada por el Ayuntamiento y prevista para junio de este año han decidido sumar una pregunta sobre este tema.
La reacción de AgBar no se ha dejado esperar y ya se han interpuesto varios recursos ante el consistorio, que se suma al de la delegación del Gobierno, para que la municipalización del agua no sea sometida a una consulta que, en cualquier caso, no será vinculante.
«Nosotros queremos poner el debate encima de la mesa», declara Pau Ortinez, miembro del colectivo Aigua és Vida, uno de los impulsores de la consulta. Ahora mismo, en Barcelona, el debate gira en torno a la independencia, la vivienda, los desahucios, la presión turística sobre los pisos de alquiler, los refugiados… y nosotros queremos que el tema del agua sea uno más de estos temas».
Una vez que se culminase el proceso, Ortinez admite que el gran reto sería lograr un modelo «con participación ciudadana», que aspiraría a ser «mitad Tarrasa, donde todo ha girado en torno a cómo participará la ciudadanía de la gestión del servicio, y mitad París, donde se ha configurado un observatorio ciudadano del agua, un órgano en el que participan ecologistas y se fiscaliza realmente la acción del Gobierno». Todo ello quedaría supeditado, en cualquier caso, a que se ganen las batallas administrativa y judicial y, muy probablemente, a que Barcelona en Comú reedite victoria municipal en 2019
