La resolución del recurso interpuesto por vecinos afectados de la venta de pisos en Leganés declara la nulidad de la venta del total de viviendas, pero, como en la anterior, circunscribe los efectos a los querellantes.
Protesta contra el IVIMA en el barrio de La Ventilla, Madrid // David Fernández
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid ha estimado el recurso colectivo interpuesto por los inquilinos de varias de las 2.935 viviendas vendidas por parte del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) —hoy rebautizada como Agencia de la Vivienda Social (AVS)— al fondo de inversión Goldman Sachs en 2013. El recurso, impulsado por la Plataforma de Afectados/as por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), partió de un grupo de siete inquilinos de estas viviendas en Leganés.
Esta es la segunda sentencia en este sentido, después de que, en mayo de este año, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid estimara el recurso interpuesto por otro vecino de una de las viviendas vendidas en Navalcarnero. En ambas sentencias se declara la nulidad de la venta de las 2.935 viviendas, pero se circunscribe los efectos de la resolución solo a los recurrentes, no al resto de afectados.
Según explican desde la PAVPS, la sentencia reproduce y consolida los argumentos expuestos en el fallo emitido el pasado 21 de mayo por el Juzgado de lo Contencioso nº 29 de Madrid, al considerar que la enajenación produce, entre otras muchas, una “vulneración de los principios de protección a la familia, de protección a los menores y del derecho a una vivienda digna”. La resolución también echa por tierra el argumento presentado en su momento por el IVIMA para vender el paquete de viviendas. “La Comunidad de Madrid basó esa venta en la supuesta ‘innecesariedad’ de las viviendas, y eso no está justificado; de hecho, es todo lo contrario, faltan viviendas”, explica a El Salto Alejandra Jacinto, abogada de la plataforma.
La venta de estas viviendas tuvo lugar en junio de 2013. 32 promociones que engloban 2.935 viviendas, 2.849 plazas de garaje y 1.865 trasteros repartidas por los municipios de Madrid (1.380 viviendas), Majadahonda (332), Móstoles (259), Parla (240), Torrejón de Ardoz (224), Navalcarnero (192), Arroyomolinos (127), Valdemoro (80), Collado Villalba (44), Leganés (36) y Tielmes (21). Fueron adjudicadas, por 211 millones de euros, al fondo de inversión Azora Gestión —que operó bajo el nombre comercial EnCasa Cibeles—, fondo en el que participa Goldman Sachs.
“Con esta sentencia se abre de nuevo la oportunidad para que la Comunidad de Madrid revierta esta negligente operación y repare el daño causado a miles de familias”
“Con esta sentencia se abre de nuevo la oportunidad para que la Comunidad de Madrid revierta esta negligente operación y repare el daño causado a miles de familias”, afirman desde la PAVPS, recordando las palabras pronunciadas el pasado 10 de septiembre por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que calificó de “error” la venta de vivienda pública. “Si es coherente Garrido con lo que dijo, no debería recurrir, pero la anterior resolución sí la han recurrido”, señala Jacinto.
Los procesos legales contra la venta de vivienda pública a Goldman Sachs empezaron en el mismo año 2013 en el que tuvo lugar la venta. Jacinto recuerda que desde la PAVPS se organizó a los vecinos afectados y se interpusieron cuatro recursos, protagonizados por vecinos de las promociones vendidas en Leganés, Ensanche de Vallecas, Valdecarros y Parla.
“En 2017, nos encontramos que los juzgados donde habíamos interpuesto los recursos dicen que los inquilinos no eran quiénes para denunciar, al ser meros inquilinos”, explica Jacinto. Recurrieron al Tribunal Supremo, que les dio la razón en marzo. “El Supremo señaló que los inquilinos sí que eran quienes para denunciar, que había un perjuicio manifiesto ya que no es lo mismo ser arrendatario de la vivienda pública que de un fondo de inversión, la venta les había supuesto una pérdida de derechos, así que obligó a los juzgados a resolver y dictar sentencia”, continúa la abogada.
Tras las resoluciones de los recursos de los vecinos de Navalcarnero y Leganés, quedan pendientes las resoluciones de los recursos interpuestos por los vecinos de Parla, Ensanche de Vallecas y Valdecarros —todos ellos, como en el caso de Leganés, organizados e impulsados desde la PAVPS—.
“Nos hemos percatado de que los jueces van tomando conciencia de las irregularidades de este proceso y van dictando estas sentencias, que están bien pero no son suficiente porque circunscriben los efectos a los recurrentes”, explica Jacinto. Por ello, la abogada explica que han iniciado también un procedimiento instando a la Comunidad de Madrid a la revisión de oficio de la operación de venta de estas 2.935 viviendas. “Estamos esperando, y suponemos que se negarán, pero esto permitiría anular la totalidad de la operación”, continúa la abogada, quien también mantiene la esperanza de que, en las próximas resoluciones que salgan de los recursos pendientes, alguno de los jueces anule la totalidad de la operación, sin circunscribir sus efectos a los recurrentes.
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