Los tratados de libre comercio, la unión bancaria europea, las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) o la lucha contra la evasión fiscal por parte de grandes empresas y fortunas serán los temas clave sobre los que trabajará el Parlamento Europeo que salga de las próximas elecciones.
// Patricia Bolinches
Durante el mes de mayo veremos muchas veces las caras de las candidatas y los candidatos a nuestro ayuntamiento en las paredes de nuestro municipio. Escucharemos mítines en los que aquellos que quieren gobernar las comunidades autónomas nos darán sus fórmulas mágicas para solucionar nuestras vidas. Pero de las terceras elecciones, las europeas, no se hablará tanto. Dada la continua centralización del poder y las competencias públicas, las decisiones que se toman en Bruselas nos afectan cada vez más. Lo que se decida el 26 de mayo marcará el destino del continente en los próximos cinco años y afectarán a todas las esferas de nuestra vida.
1. ¿Qué pasará con la PAC?
La Política Agraria Comunitaria (PAC) es una de las principales partidas presupuestarias de la Unión Europea. La UE emplea el 39% de su presupuesto en los sistemas agrarios de los Estados miembro. De ese importe, el 70% va a subvencionar a los agricultores, lo que da una idea de lo importante que es para sostener la “España vaciada” y el territorio rural del Estado español. Otro 20% se invierte en medidas para ayudar a los agricultores a modernizar sus explotaciones, y el 10% restante a partidas para apoyar el mercado, por ejemplo, cuando las condiciones climáticas, como inundaciones o sequías, lo perturban.
Pero el Marco Financiero Plurianual, la guía propuesta por la Comisión Europea que marcará el gasto y las partidas presupuestarias de 2021 a 2027, muestra algunos factores muy preocupantes para el futuro de la PAC. El Consejo Europeo —formado por los 28 jefes de Estado o de Gobierno—, la Comisión Europea y el actual Parlamento Europeo coinciden en una cosa: reducir el presupuesto de la PAC considerablemente. En concreto, el Consejo ha propuesto una disminución del 16%. Pero no es en lo único en lo que coinciden los tres órganos, que quieren aumentar considerablemente el presupuesto en Seguridad y Defensa, o sea, fortalecer la política de control de fronteras y de los flujos migratorios.
¿Quiénes recibirán las ayudas? ¿Se las seguirán llevando grandes terratenientes que ni siquiera cultivan las tierras?
El reparto de las otras partidas también puede sufrir cambios, se reduzca o no el presupuesto. ¿Quiénes recibirán las ayudas? ¿Se las seguirán llevando grandes terratenientes que ni siquiera cultivan las tierras? ¿Cómo se repartirán las ayudas directas al medio rural? ¿Hacia dónde irán encaminadas las modernizaciones y reconversiones del campo y la ganadería?
2. Vuelve el TTIP
El pasado 15 de abril, el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE aprobó los mandatos que dan el poder a la Comisión Europea para negociar un tratado comercial con Estados Unidos en productos industriales, incluida la pesca. Con el voto en contra de Francia, la abstención de Bélgica y el voto a favor del resto de Estados, la Comisión Europea consigue reanudar las negociaciones con la Administración Trump para establecer un acuerdo de libre comercio con el que se eliminen las barreras arancelarias y se armonicen los estándares de calidad y control entre las dos potencias.
Lo que pretende la Comisión es reabrir el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el TTIP. Cualquiera que haya seguido las protestas contra el TTIP habrá escuchado ya las posibles consecuencias de un tratado que estaba siendo negociado con total oscurantismo.
Además, no va a ser el único megatratado que la UE quiere cerrar en los próximos años. El acuerdo comercial y el de inversiones entre la UE y Vietnam debe aprobarse en los próximos meses. Los tratados de comercio y de inversiones con Singapur (EUSIPA) deben ratificarse en los parlamentos nacionales y, tras el CETA con Canadá, que oscila entre aplicarse al completo o desaparecer, y la reapertura de negociaciones con Estados Unidos, México parece ser el siguiente en la mira de la Comisión.
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3. Lucha contra la evasión fiscal
Por mucho que se dote a la Agencia Tributaria española de efectivos o se luche contra la economía sumergida, la verdadera batalla contra la evasión y elusión fiscal se mide en Bruselas. Las comisiones de investigación que se formaron tras los escándalos de los Papeles de Panamá y los LuxLeaks han dado algunos resultados esperanzadores en la lucha contra la evasión de las grandes empresas y su uso de los paraísos fiscales u otras ventajas fiscales que ofrecen países en el corazón de Europa, pero falta que los nuevos organismos que se conformen tras las elecciones europeas tengan la suficiente voluntad política para plantar cara a esas empresas y a la industria financiera.
La creación del informe “país por país” es uno de esos avances. Consiste en un informe anual que las grandes multinacionales deben entregar en el país donde tienen su sede central y en el que deben explicar cuándo y dónde pagan sus impuestos mediante sus filiales en otros países.
Es importante porque las autoridades tributarias no tienen información de lo que hacen las empresas en otros países, se tienen que fiar de lo que estas dicen. Lo que está en juego en la próxima legislatura es que se equiparen las metodologías de todos los países y que se comparta esa información entre las diferentes autoridades tributarias para poder luchar conjuntamente contra la evasión fiscal. El informe “país por país” debe, además, presentar una segmentación del pago de impuestos, las ventas, activos e incluso los empleados en cada país.
Otro tema importante es la lista negra de paraísos fiscales. La UE añadió diez países a dicha lista hasta alcanzar la ridícula cantidad de 15. Los distintos gobiernos nacionales están adaptando sus propios listados tomando, muchos de ellos, la lista negra de la UE como referente, lo que llevará a que solo se consideren paraísos fiscales los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Aruba, Belice, Bermudas, Fiji, Vanuatu, Dominica, Barbados, las Islas Marshall, Samoa Americana, Guam, Samoa, las Islas Vírgenes y Trinidad y Tobago.
Esto deja fuera el principal problema de la evasión fiscal en Europa: sus paraísos fiscales internos. El grupo parlamentario de la izquierda europea, GUE/NGL, al que pertenecen Podemos e Izquierda Unida, ha denunciado en repetidas ocasiones las técnicas que usan empresas como Inditex, Nike o Facebook para eludir el pago de impuestos usando países en el corazón de Europa como Holanda, Luxemburgo, Malta o Irlanda.
4. ¿Cómo se actuará ante una nueva crisis?
En diciembre de 2018, el Banco Central Europeo (BCE) anunció el fin del programa de compras de activos para inyectar dinero en la economía (la expansión cuantitativa o Quantitative Easing), pero ante la desaceleración del crecimiento en la zona euro, Draghi ha dado marcha atrás y ha anunciado que, de momento, seguirá con los estímulos a la economía. La reacción de Draghi es una clara señal de que son conscientes de que una nueva crisis está por llegar y que, si los vientos de cola del BCE dejan de soplar, la caída será mayor.
¿Nos sacarán de la crisis o volverán a rescatar a la banca y a socializar esas pérdidas mediante recortes y austeridad?
El fracaso de estas medidas no parece tener solución y, en algún momento, Europa retirará esa inyección de dinero y subirá los tipos de interés. Lo que no sabemos es cómo, cuándo y qué harán para paliar esa crisis. Lo que parece claro es que las medidas de austeridad impuestas mediante los pactos de estabilidad presupuestaria no han funcionado, aunque la Comisión parece no querer enterarse. Las enormes cantidades de dinero inyectadas han ido a parar a la compra de deuda de grandes empresas y al sector financiero. El nuevo equilibrio de fuerzas que resulte de las elecciones europeas tendrá en sus manos, y escaños, la posibilidad de practicar otro tipo de políticas que, a diferencia de lo que se hizo en la crisis mundial que arrancó en 2007, invierta dinero en la economía real y consiga reactivar el consumo y la demanda, en vez de pretender activar esa economía forzando a que los bancos presten dinero. La pregunta es: ¿nos sacarán de la crisis o volverán a rescatar a la banca y a socializar esas pérdidas mediante recortes y austeridad?
5. Unión Bancaria
La Unión Bancaria fue la respuesta de la UE a la crisis financiera de 2008. Se refiere a la adopción de un conjunto de regulaciones implementadas en el área del euro en 2012, y se basa en tres pilares. El Mecanismo Único de Supervisión, que otorga el BCE competencias de supervisión sobre los bancos más importantes; el Mecanismo Único de Resolución, que establece reglas y procedimientos para la resolución de instituciones de crédito en quiebra, y el Sistema Europeo de Seguro de Depósitos (EDIS) o Fondo de Garantía de Depósitos, destinado a dar protección a los depositantes en la zona del euro.
El objetivo era reemplazar el bail out (rescate a los bancos con el dinero de los ciudadanos, como pasó con el sistema financiero español) por el bail in (que los acreedores de los bancos sean los que pongan los fondos necesarios, como ocurrió con el Banco Popular) y poner fin al problema de los bancos too big to fail. Los últimos hechos muestran que nada de esto se ha cumplido.
La Unión Bancaria está promoviendo actualmente una concentración bancaria mucho mayor y no hay garantía de que los fondos públicos no se usen nuevamente para rescatar al sistema financiero.
El tercer pilar, el EDIS, es la propuesta de la Comisión en 2015 —respaldada en cierta medida por el BCE—, para crear un esquema europeo de protección de depósitos bancarios de hasta 100.000 euros, como actualmente tiene el Estado español. La propuesta tiene como objetivo fortalecer los sistemas de garantía nacionales facilitando que los depósitos bancarios nacionales sean protegidos por un sistema de cobertura común europeo. No obstante, el EDIS sigue sin concretarse por la férrea oposición de Alemania, que quiere que se rescate a los bancos europeos porque le deben a los bancos alemanes, pero no quiere aportar dinero para que se rescate a los clientes. Que se complete esa Unión Bancaria y cómo van a funcionar los rescates bancarios será, por desgracia, uno de los principales debates de las instituciones europeas.
6. Fondo Monetario Europeo
Otra de las propuestas de la Comisión en su “Hoja de ruta para profundizar la Unión Económica y Monetaria” consiste en el establecimiento de un Fondo Monetario Europeo (FME). El FME seguirá proporcionando asistencia financiera a Estados miembro en dificultades a cambio de que cumplan reglas estrictas de contracción fiscal, es decir, que sigan profundizando en las medidas de austeridad presupuestaria.
Pero, además, el FME desempeñará una nueva función, que es la de actuar como mecanismo de respaldo del Fondo Único de Resolución Bancaria (FUR), que podría dotarse de 60.000 millones de euros y actuaría como prestamista de último recurso para facilitar resoluciones ordenadas de bancos insolventes en caso de quiebras de bancos sistémicos.
Esta ha sido históricamente una de las funciones principales de los bancos centrales, pero el BCE se ha diseñado de tal forma que su mandato le impidiera actuar como tal. El principal argumento fue el de no destinar dinero público para el rescate de las entidades financieras y que fueran los inversores privados los que absorbieran las pérdidas mediante el acceso al FUR. Sin embargo, los acontecimientos recientes (quiebra del Banco Popular, los bancos italianos) demostraron que los recursos del FUR no eran suficientes para hacer frente a crisis sistémicas y se optó por dar más poder al FME.
Pero este FME presenta varios problemas. El primero es que, solo observando la factura del rescate financiero en España, los 60.000 millones con los que se pretende dotar al Fondo no serán suficientes en caso de una nueva, y más que posible, quiebra financiera. Otro problema es la falacia de decir que será un rescate privado cuando el FME se financia con fondos procedentes de los Estados miembro, es decir, dinero público. Y tercero, la gobernanza del FME responde a los intereses de los poderosos, ya que se vota por unanimidad. Alemania se ha posicionado radicalmente en contra de las medidas de mutualización del riesgo, por lo que previsiblemente el acceso a los fondos del FME podrá verse dificultado por intereses políticos del “motor de Europa”, que, claramente, no son los de España.
Aparte de los abordados, la lista de temas importantes que se tratarán en la próxima legislatura europea podría ser interminable: qué harán frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la transición ecológica, las medidas para frenar el cambio climático, la fiscalidad de la economía digital, la regulación del oligopolio de las grandes empresas tecnológicas y el capitalismo de plataforma, las políticas de cuidados de los océanos y un largo etcétera que nos obliga a mantener un ojo en lo que se decide en Bruselas.
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