Seis psicólogos por 100.000 habitantes y una salud mental solo para ricos, los datos que desprecia el «¡vete al médico!» del PP

  • Según recoge el Defensor del Pueblo, la media europea es de dieciocho psicólogos de la sanidad pública por cada 100.000 habitantes
  • La falta de recursos obliga a acudir a una clínica privada para un tratamiento: un 8,3% de la clase alta o media-alta afirma que va al psicólogo desde el inicio de la pandemia; de la trabajadora, un 5,9%
  • Según el CIS, tras el comienzo de la pandemia y hasta ahora ha acudido al psicólogo un 6,4% de españoles: el 43,7% por un trastorno ansioso y el 35,5% por uno depresivo
  • Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno actualizará la estrategia nacional de salud mental, que lleva caducada desde el año 2013

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«No es de la máxima actualidad pero sí es de la máxima importancia», ha dicho el diputado de Más País // Atlas

«¡Vete al médico!». Carmelo Romero, un diputado del PP por Huelva hasta ahora no demasiado conocido, se llevó gran parte del protagonismo del debate de la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. Fue su manera de responder al líder de Más País, Íñigo Errejón, que aprovechó su turno de palabra para mostrar su preocupación por la situación de la salud mental en España, deteriorada a consecuencia de la pandemia de covid-19. Pocos minutos después del sorprendente grito, Romero tuvo que pedir perdón. «Pido disculpas al señor Errejón por el comentario que he realizado en la sesión de control al Gobierno. Ha sido una frase desafortunada. En ningún momento ha sido mi intención referirme ni a los enfermos ni a las familias de las personas con enfermedad mental a quienes reconozco su dolor y a los que siempre he intentado ayudar desde mis distintas responsabilidades, como es reconocido por las distintas asociaciones de Huelva», escribió en su perfil de Twitter.

Al grito del diputado conservador, no obstante, le siguieron aplausos de la bancada izquierda de la Cámara Baja. Fue después de los aproximadamente dos minutos que Errejón empleó para hablar de un problema que, aunque no es «de la máxima actualidad», sí es «de máxima importancia».

«Si yo digo Diazepam, Valium, Lorazepam, Trankimazin o Lexatin, ¿por qué todos sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal?», preguntó.

La pandemia ha exagerado todos los problemas. Los económicos, los sociales y los sanitarios. Y este es de los últimos. Por eso Errejón avisaba de la previsible «ola de salud mental» que, afirmó, llegará. «Nosotros ya le advertimos de que había que adelantarse, de que el Estado no podía dejar solos a los ciudadanos que estaban sufriendo», dijo, dirigiéndose directamente a Sánchez. La atención psicológica en España ya estaba lastrada, pero la incertidumbre y las preocupaciones que han llegado con la pandemia van a agravar ese problema. «En estos doce meses la incertidumbre, el miedo, los fallecimientos, las pérdidas de empleos, el propio confinamiento y la convivencia ininterrumpida, o la soledad, son algunas de las situaciones que han hecho merma en la salud mental de la población, especialmente en las personas con menos recursos económicos», apunta la Confederación Salud Mental España. También lo refleja el CIS, que el pasado mes de febrero publicó, por primera vez, un barómetro sobre salud mental. Según reveló, el 9,4% de los españoles se ha sentido «decaído, deprimido o sin esperanza» durante «muchos días», mientras que el 33,3% lo ha hecho «algunos». Todos, durante la pandemia.

El problema es que ayudarles es complicado. Según la Confederación Salud Mental España, porque «no hay red» para frenar el golpe contra el suelo de una salud mental que «cae en picado». Por varios motivos.

Una ratio insuficiente

El primero es que no hay quien sostenga esa red. En España, según recoge un informe del Defensor del Pueblo publicado en enero de 2020 y que recoge el dato facilitado por el Ministerio de Sanidad en 2018, hay seis psicólogos en el sistema público de salud por cada 100.000 habitantes. En Europa, de media, son 18. Diez años antes, en 2010, había 4,3. El incremento en ocho años, por tanto, ha sido mínimo. Por eso la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán calificó de «urgente» que el Gobierno y las comunidades autónomas «estudien cómo incrementar el servicio de atención psicológica que ofrece el Sistema Nacional de Salud».

«El Defensor considera oportuno abordar cuanto antes el incremento de recursos de atención psicológica, extender esta atención al ámbito de la atención primaria y crear más plazas de formación especializada», dijo el organismo.

Pero hay más datos que muestran que el incremento de profesionales que cuidan la salud mental apenas ha aumentado en los últimos años. Son los del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en mayo de 2020 publicó la estadística de sanitarios colegiados del año 2019. Según esos datos, de un total de 877.361 profesionales colegiados, sólo había un 3,79% de psicólogos con especialidad sanitaria. En números redondos, 33.209. Desde el año 2015, según esos mismos datos, sólo han aumentado en 6.330 personas. Había, ese año, 26.879.

Por comunidades, según el INE, las tasas más altas están en Madrid (con 166 psicólogos colegiados no jubilados por 100.000 habitantes), Melilla (con 106) y Murcia (con 90). Por contra, las más bajas se encuentran en Castilla-La Mancha (con 23), Ceuta (con 36) y Cataluña (con 37).

Gráfica: Número de psicólogos colegiados no jubilados

«Estamos muy mal. El número de psicólogos por 100.000 habitantes en España es el más bajo de los que aparecían en el estudio epidemiológico de los trastornos mentales de Europa. Lo reconocen también los datos de la OMS. Tenemos un déficit muy importante, estamos en la cuarta parte de la media», lamenta Antonio Cano, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés y catedrático de psicología por la Universidad Complutense de Madrid.

Nel González, presidente de la Confederación Salud Mental España, coincide en el diagnóstico. «La salud mental es un derecho y una necesidad imperante en este momento y no tenemos los suficientes recursos en la sanidad pública para atender las demandas de la población. A partir de ahí, es muy difícil que hagamos una atención adecuada«, critica.

Los más ricos, los que pueden tratarse

¿Qué consecuencias tiene eso? Según refleja el Defensor del Pueblo en su informe, que los tiempos de espera entre consulta y consulta puedan alargarse hasta tres meses. Y que la atención, por tanto, sea peor. Y el tratamiento, casi inútil. «Esos tiempos de espera son inadmisibles. Encima el tiempo que tienen los profesionales para atender son muy limitados y en algunos momentos tiene que ser el que haga falta, sobre todo cuando son primeras consultas», dice González.

Si no se quieren soportar esas condiciones, la única salida es acudir a la atención privada. Y eso, lógicamente, no puede hacerlo todo el mundo. Sobre todo porque los precios de los tratamientos son elevados. «Da la impresión de que el bienestar es sólo para quienes tienen dinero, porque una clínica privada es cara, casi inalcanzable para una persona con un sueldo medio«, lamenta González.

Se ve en los datos. Concretamente, en el barómetro del CIS sobre salud mental, que refleja que fueron los que se autoidentifican con una clase social más elevada los que acudieron en mayor medida al psicólogo o al psiquiatra. Ya lo hacían antes de la pandemia, de hecho.

Como refleja la encuesta, un 21,8% de los que se definen como pertenecientes a clase alta o media-alta afirmaron que asistían a un profesional para tratar problemas relacionados con la salud mental. De la clase media-baja sólo lo hacía un 19,6%, y de la trabajadora, por su parte, un 16,2%. Desde el inicio de la pandemia, un 8,3% de los que se sitúan en los estratos más altos ha acudido al psicólogo o al psiquiatra, frente al 5,9% de las clases más bajas.

Por eso el estado mental de los que se consideran clases más bajas, también según el CIS, es peor. Casi el 19% de los encuestados de clase baja se ha sentido «decaído, deprimido o sin esperanza» durante muchos días, frente al 6,2% de los que se colocan en lo alto de la identificación subjetiva de clase. Las diferencias también son amplias en cuanto al sentimiento de nervios, ansiedad o alteración general: un 18,5% de los pobres declaran haberse sentido así muchos días, frente al 6,2% de los ricos.

La estrategia nacional, caducada y desactualizada

Sánchez, que agradeció la pregunta y la intervención de Errejón, respondió de forma clara y directa. «Efectivamente estamos en la actualización de la Estrategia de Salud Mental con una dotación reflejada en los Presupuestos de 2,5 millones de euros«, aseguró. Lleva años parada. Siete, concretamente. La última actualización, según confirman fuentes de Sanidad a infoLibre, caducó en el año 2013 y, aunque ha habido intentos de actualizarla, hasta ahora no se ha conseguido dar más de dos pasos seguidos. «Llevamos muchísimo tiempo entre denunciar, conseguir un anteproyecto, elaborarlo… Hemos estado todo este tiempo sin estrategia. La salud mental fue la cenicienta de la salud pública en nuestro país y ahora con la demanda que hay estamos desnudos y no tenemos qué ponernos», lamenta González, que participa en la elaboración de la actualización de la estrategia, igual que Cano.

«En el momento actual, desde el Ministerio de Sanidad se está trabajando en una nueva actualización de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo, para lo cual se ha constituido recientemente un nuevo equipo de coordinación científica. Se trata de un trabajo en colaboración con las comunidades autónomas (todas ellas presentes en la Estrategia a través de su Comité Institucional), sociedades científicas, en representación de los profesionales sanitarios, y personas con problemas de salud mental y familiares a través de sus organizaciones, además de otros organismos», señalan fuentes del departamento de Carolina Darias.

En 2015, antes de las elecciones generales, ya se propuso actualizarla, pero no pasó el filtro de todas las comunidades autónomas, un paso obligado para que se apruebe en el Consejo Interterritorial. «Esa propuesta no respetaba los derechos humanos», dice González, que afirma ahora sentirse «ilusionado» porque esta que está ahora mismo en marcha sí parece «válida». «Estoy esperanzado porque esta estrategia es la primera que sale con dotación económica y, además, aborda el tema del suicidio», celebra. Porque lo cierto es que, aunque parezca un tabú, está muy extendido en España.

Según los últimos datos del INE disponibles, que datan del año 2018, 3.539 personas murieron por suicidio o lesiones autoinfligidas. Suponen alrededor de diez al día.

«Le confieso que he tenido que volver a mirar el dato por si era verdad, porque en realidad uno, en el entorno, parece que no lo escucha», dijo Errejón desde su escaño en el Congreso. «Y no lo escucha porque además las familias a las que les sucede esto lo viven con estigma. O se lo callan o no lo pueden contar, como si tuvieran culpa de algo«, añadió.

El estigma del «yo no estoy loco»

Ese es el cuarto problema: la estigmatización de los problemas de salud mental. «Cuando prescribes antidepresivos, hay gente que se niega porque afirman que no están locos. Pero es que no es eso, la depresión y la ansiedad son problemas de las emociones alteradas», explica Cano. Y «problemas», además, muy extendidos. Según el CIS, un 17,5% de los españoles era tratado por un psicólogo o psiquiatra antes de la pandemia. De ellos, el 39% lo hacía por sufrir un trastorno depresivo y el 33% por uno ansioso. Tras el inicio de la pandemia y hasta ahora, revela el barómetro, ha sido tratado un 6,4% de españoles: el 43,7% por un trastorno ansioso y el 35,5% por uno depresivo.

«Tomar medicación no es por estar loco, es para curar las emociones alteradas. El problema es que hay muchas personas que también tienen estigma a reconocer sus emociones. Hay quien piensa que tener ansiedad o llorar es mostrar debilidad. Pero somos humanos», sentencia Cano.

No obstante, las palabras de Errejón y lo ocurrido en el Congreso de los Diputados, si para algo parece haber servido es para levantar, precisamente, el estigma de acudir a terapia para cuidar la salud mental. Durante todo el miércoles, el hashtag #YoTambiénVoyAlMédico fue comentado por distintas personas —conocidas y desconocidas— para mostrar el rechazo a la estigmatización ejemplificada con el grito de «¡Vete al médico!» lanzado por Carmelo Romero. «Basta del estigma y la vergüenza en la salud mental. No es normal que todo a tu alrededor se haga gigante, tener pánico al paso de los días, vivir con ansiedad, agobiada y estresada. No es normal», dijo, por ejemplo, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

La ONU ya ha advertido de una crisis psicológica masiva si los países no aumentan sus recursos para mejorar la inversión en salud mental.


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