Vacas pastando en un campo vasco // IREKIA
Solo unos 3.000 ganaderos de los 60.000 posibles afectados por el denominado ‘cártel de la leche’ han iniciado los trámites para presentar reclamaciones en búsqueda de una indemnización por el dinero que perdieron como consecuencia del presunto acuerdo de precios que pactaron entre varias empresas lácteas para eliminar la competencia y perjudicando así a los ganaderos. Una reciente sentencia del TSJUE (Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea) referida al cártel de los camiones, amplía el plazo para las reclamaciones de los afectados por los cartelistas hasta cinco años, lo que es extrapolable también a los afectados por el ‘cártel de la leche’. Sin embargo, los ganaderos reconocen que hay miedo a las posibles represalias de las empresas lecheras a las que venden su leche -estuvieran o no dentro del cartel- si se meten en pleitos contra ellos. De hecho, los ganaderos con los que elDiario.es/Euskadi ha contactado quieren mantener su anonimato porque están en activo:
“Si nos vetan y nos dejan de recoger la leche estamos hundidos”, dicen, dando por sentado que “con cártel o sin él, el control a que nos someten estas empresas a los ganaderos es total”.
La ampliación del periodo de plazo para poder reclamar las indemnizaciones por parte de los ganaderos ha dado lugar a una nueva ofensiva de bufetes de abogados especializados en estos casos para hacerse con la defensa del caso, ya que suponen demandas colectivas que, de ganarse, pueden suponer ingresos millonarios, y mantienen reuniones con estos colectivos para intentar romper sus reticencias a reclamar. El origen del tema está en la multa que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso en 2019 a ocho empresas lácteas, que compraban leche cruda a los ganaderos, por pactar precios y estrategias entre los años 2000 y 2013. “La conducta ilícita consistía en intercambiar información, lo que les permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos”, señaló la CNMC, que consideró tal actuación como una “infracción muy grave” y les impuso una multa de 80,6 millones de euros. Esta sanción no es todavía firme, porque las empresas tienen recurrido el caso ante la Audiencia Nacional y se está a la espera de la sentencia, lo que está alargando todo el proceso.
La sanción afecta a las empresas Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica) por considerar que participaron y son “responsables de conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia”. También participaron en las conductas, las entidades Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, si bien Competencia consideró que su infracción había prescrito.
Andoni de la Llosa, abogado del bufete Redi, especializado en defensa de reclamaciones de afectados por cárteles, anima sin embargo a reclamar a todos los ganaderos que tuvieran explotaciones activas entre esos años, “porque las condiciones que pactaban las empresas del cártel arrastraban también a las demás”, dice. “Si alguien ha vendido a Kaiku, por poner un ejemplo que es habitual en Euskadi, que no está entre las sancionadas, también puede reclamar”, señala, y “la reclamación irá siempre contra las empresas sancionadas por la CNMC, no contra las otras”.
En estos momentos, su bufete lleva una demanda colectiva de 1.126 ganaderos y mantienen reuniones con representantes del sector en diferentes comunidades para explicarles las posibilidades de su reclamación. La semana que viene estará haciéndolo, por ejemplo, a ganaderos vascos, después de que la sentencia del Tribunal Europeo amplíe la posibilidad de presentar la reclamación después de cinco años, que empezarán a contar en el momento en el que la sanción sea firme, si así lo decide la Audiencia Nacional. Otros bufetes hacen lo mismo, pero los ganaderos parecen resistirse a lazarse a las reclamaciones ante el temor de que suponga para ellos una pérdida de tiempo y de dinero. “No hay más de 3.000 reclamaciones presentadas en todo el Estado, pese a que puede haber hasta 60.000 afectados por estas prácticas”, afirma De la Llosa.
Una sentencia reciente que ha rechazado la demanda individual de un ganadero contra estas empresas y le ha condenado además a pagar 90.000 euros en costas tampoco ayuda a que los ganaderos reclamen. De la Llosa considera que es un error presentar las reclamaciones antes de que la multa sea firme, por lo que en su bufete están tramitando todas las reclamaciones teniendo todo preparado para cuando llegue ese momento, pero sin presentarlas antes. “ Hay que tener en cuenta que después el proceso puede alargarse hasta ocho años”, dice, por lo que la idea es no demorar la demanda más de la cuenta. El acuerdo que se llega con los ganaderos por este bufete concreto es no pagan costas en caso de perder el juicio, pero si ganan, el ganadero se queda con el 70% de la indemnización y el 30% es para el despacho de abogados.
Cada ganadero “es un mundo” y las reclamaciones varían en función de los años en que haya tenido activa la explotación mientras duró el cártel, pero “la media de la reclamación está en el entorno de los 300.000 euros”, dice el abogado.
Hay que tener en cuenta que aunque la multa que se impuso a las empresas fue de 80 millones se estima que con el cártel las empresas ganaron 800.000 millones de euros“.
Y ¿qué hacían estas empresas? Pues según la CNMC las empresas intercambiaban información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche con el objetivo común de “consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca”. Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales.
“Así, por ejemplo, las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas transformadoras a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo”.
“Como consecuencia de ello, los ganaderos, carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores”, señalaba la competencia. En España de media durante el periodo del cártel se vendió a 0,31 euros el litro, según datos del Observatorio de Mercado de la Leche de la Unión Europea.
Los ganaderos, con “temor a represalias”
Carlos, nombre ficticio de un ganadero vasco que quiere permanecer en el anonimato y que también se ha sumado a la reclamación, asegura que la mayoría no se suma por temor a represalias de las empresa lecheras. “Ya no solo porque pacten precios entre ellos sino que en cierto modo se reparten los ganaderos y las zonas de forma que nos es imposible cambiarnos a una empresa que nos pague más”, señala. De hecho, es muy difícil encontrar ganaderos que quieran hablar abiertamente de este tema o criticar de forma pública el precio que se les paga por litro de leche si no es bajo el paraguas de una asociación. Como ejemplo, elDiario.es/Euskadi publicó el pasado mes de mayo la historia de un ganadero de Bizkaia que con la sola tentativa de abrirse a la posibilidad de contratar con otra empresa que le pagara más por cada litro de leche, se encontró con presiones para que se le marginara del negocio y nadie le recogiera la leche de su explotación y llegó a tener que tirar miles de litros que desbordaban su depósito.
Carlos ha pasado no hace mucho por una experiencia parecida:
“Quise cambiarme a otra empresa que me ofrecía más dinero, pero cuando se enteraron de a que empresa vendía la leche ahora, una de las grandes -que solicita que no nombremos- decidieron que ya no me compraban la leche”.
“Si te mueves, te vetan y te dejan con la leche en casa”. “Además te hacen firmar contratos por debajo del precio que te es rentable con cláusulas en las que tú aceptas que cubres los costes de producción”, es decir, la diferencia entre lo que les pagan y lo que realmente a ellos les cuesta producir. En estos momentos a este ganadero le pagan 0,41 euros por litro de leche.
“Si esto sigue aquí no va quedar ninguna explotación”, dice. “Tengo dos hijos y ninguno quiere quedarse con ella”, lamenta. “No es rentable, y menos ahora con lo que nos cuesta el pienso y la energía”.
“Lo que pasa es que a estas empresas las pillaron, pero es algo que se sigue haciendo ahora”, señala otra ganadera de Euskadi que ha decidido presentar una reclamación y que prefiere mantener en el anonimato su identidad “por temor a represalias”. Esta ganadera asegura que no demanda a las empresas del cártel por dinero, sino “por justicia”, porque “a nadie le preocupa lo que le pasa a los ganaderos” y porque después de todo el tiempo que ha pasado “se sigue haciendo todo igual”.
“Ellos deciden el precio, se reparten las zonas y si protestas no te cogen la leche. Y si te dejan la leche en casa estás ya hundido”.
Asegura que se sienten “desprotegidos por parte de los gobiernos, ”que tiene desatendido el sector primario“. ”No sé si conseguiremos dinero por esto, pero tenemos de reclamar por justicia“. Porque, aunque trabajó a gusto con dos de las empresas multadas, recuerda, cuando se enteró de que pactaban todo, ”que nos estaban engañando, tomé la decisión de que había que enfrentarse“. ”Nos están hundiendo y yo quiero que este negocio quede para mis descendientes“, dice.
